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De Culiacán a Celaya

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a diferencia de lo sucedido el 17 de octubre del año recién pasado en Culiacán, Sinaloa, cuando, bajo presión extrema, grupos de élite del Ejército mexicano dejaron libre a Ovidio Guzmán López, miembro de una familia cupular en el crimen organizado, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) no pudo impedir en Guanajuato que policías y personal castrense detuvieran a la madre, la hermana y una prima o novia del jefe máximo de esa banda regional, José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este domingo que, junto a elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, había cumplido un día antes, el sábado, una orden de cateo en un domicilio del poblado de San Isidro Elguera, municipio de Celaya, donde había encontrado un kilogramo de metanfetaminas y más de dos millones de pesos. Entre los detenidos estuvieron las tres mujeres a las que en un boletín de prensa la Sedena señaló como “presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial” (https://bit.ly/3embCbN ).

La operación militar generó inmediatas reacciones violentas en la región. El periodista Arnoldo Cuéllar, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, @poplabmx, así describió lo sucedido este sábado: “A las 7 de la noche, las reacciones del grupo criminal se extendían al menos a 10 municipios, con bloqueos o atentados incendiarios en más de 30 puntos, como una estrategia de distracción. Los hechos vandálicos se extendían desde San Luis de la Paz hasta Acámbaro y de Salamanca a Apaseo el Grande, generando una amplia región de desestabilización y pánico” (https://bit.ly/3dlmB3P ).

Hubo, además, una singular aparición del jefe del CSRL, apodado el Marro, en dos grabaciones de video. Más allá de su cortedad expresiva, afianzada en obsesiva palabrería vulgar, el acorralado Yépez Ortiz se mostró a punto del llanto por la detención de las mujeres de su familia y el maltrato al que dijo estaban siendo sujetas.

En un segundo video, ya restablecido en lo sentimental pero igualmente furioso e insultativo, dejó entrever que las acciones en su contra fueron ejecutadas para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación y a su jefe, Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho. Dijo que estaría dispuesto incluso a “trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, putos; pero aquí, hijos de su puta madre, primero les he de servir a cualquiera de los señores; pero a esos hijos de su puta madre no los voy a dejar entrar, culeros”.

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La austeridad que quitó seguridad a los jueces

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el reciente asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa, ocurrido en Colima la semana pasada, puso al descubierto la forma en que la malentendida “austeridad” dejó indefensos a los jueces y magistrados a los que se les recortaron los apoyos económicos para gasolina y viáticos para sus escoltas, lo que orilló a muchos de los juzgadores a renunciar a la prestación de las medidas de seguridad que, si bien les eran proporcionadas con camionetas y guardias asignados, tenían que cubrir ellos con su sueldo el pago de combustibles y alimentos para el equipo de seguridad.

Y es que la asignación de medidas de seguridad a jueces y magistrados que llevan casos relacionados con delincuencia organizada, que está contemplada en la propia Ley del Consejo de la Judicatura y que se otorga a través de la Comisión de Vigilancia, se modificó en octubre de 2018 cuando, a propuesta de la entonces consejera Martha María del Carmen Hernández, se eliminó la partida de apoyos económicos que se les otorgaba a los juzgadores para el pago de gasolina y viáticos a las escoltas que tenían asignadas para resguardarlos.

La entonces consejera, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, consideró que el Consejo de la Judicatura no tenía por qué “pagar doble” por la seguridad otorgada a los jueces y magistrados y propuso eliminar el apoyo económico que se le entregaba a cada funcionario que recibía una escolta y que servía para pagar la gasolina y los viáticos de los escoltas asignados.

Según el razonamiento del acuerdo que propuso Martha María del Carmen, la Judicatura solo debía otorgar las escoltas, las camionetas blindadas y los chalecos antibalas y que cada juzgador pagara de su sueldo el mantenimiento del equipo de seguridad.

A raíz de que el Pleno aprobó esa medida “de ahorro”, varios juzgadores comenzaron a protestar y a regresar en 2019 los equipos de seguridad que tenían asignados ante la negativa a invertir cerca del 10% o 20% de su sueldo mensual, cerca de 20 mil pesos para pagar de su bolsillo la gasolina y los viáticos para alimentación de los guardias asignados.

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Conapred: mentira y refutación

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que es abundante el conocimiento social y la relevancia política del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La robusta reacción pública para disputar los argumentos expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador son evidencia al respecto.

Organizaciones sociales de naturaleza muy distinta se expresaron sin ambigüedad para defender la pertinencia de la institución, lo mismo que voces diversas de la academia y los medios de comunicación.

No encuentro defensa a favor de una institución del Estado mexicano, amenazada con desaparecer, que haya merecido tanto apoyo en un lapso tan corto. Entre esos apoyos cabe destacar el que Conapred recibió por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

Se equivocó el Presidente al decir que nadie conocía a este Consejo y también cuando creyó que un abucheo propinado durante la conferencia matutina de Palacio Nacional desaparecería un esfuerzo continuado durante 20 años.

Infiere el Presidente que el Conapred no ha servido de nada y sin embargo hay pruebas abundantes de su legado. Sirvan unos cuantos ejemplos para ofrecerle perspectiva a la injusta evaluación presidencial.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. La hora de la verdad. Autoridades castrenses mexicanas confirmaron la detención de tres familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Las autoridades estatales y federales detuvieron a 26 personas, todos miembros del cártel bajo las órdenes de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro. En respuesta, miembros de esa organización criminal realizaron bloqueos y quema de vehículos. La Sedena informó que entre los detenidos están la madre y la hermana de El Marro. Horas más tarde, en un tono absolutamente retador, mostró en videos no sólo su ignorancia sino su odio al orden establecido. Al más puro estilo del Cártel del Pacífico, advirtió que vendrá una ola de sangre. No hay opción: si está acorralado hay que detenerlo. Otra determinación pondría en ridículo al gobierno mexicano. No cedan.

2. ¿Canibalismo o videorencores? La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrirá procedimiento de oficio en contra de la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, con el argumento de que su exdirigente nacional incurrió en supuestas omisiones y faltas a la normativa. Además, se le acusa de no entregar la información requerida que avala la compra de bienes e inmuebles de dicho instituto político, a pesar de haber sido requerida en diversas ocasiones. La denuncia penal interpuesta por Morena en contra de Polevnsky es por haber autorizado el pago de 395 millones de pesos a dos empresas por obras de infraestructura que no se realizaron. Ahora buscan que se finque el delito de daño patrimonial y lavado de dinero. ¿Y por qué hasta ahora?, ¿cuáles son los verdaderos pecados de su exlíder?

3. Prueba superada. Al afirmar que el IMSS “nunca paró” ni ha detenido la atención que brinda durante la pandemia de covid-19, Zoé Robledo, su director general, informó que superó la enfermedad por coronavirus que lo llevó a aislarse. Señaló que luego de 15 días de confinamiento y de presentar síntomas leves, se le practicó una segunda prueba en la cual salió negativo al virus, por lo que desde hoy retomará sus actividades. Añadió que en la nueva normalidad que el país vive es tiempo de “dar la cara” y certeza a la población. Sería muy irresponsable cultivar temores y cultivar la desinformación que sólo lleva a la incertidumbre y a la confrontación. Nos tocó vivir una pandemia y eso nos exige actuar de manera seria y responsable”. Excelente. Como sobreviviente, regresará con el ímpetu necesario. Y eso favorece al país.

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