La Secretaría de Función Pública (SFP) emitirá un acuerdo para extender al 31 de diciembre de 2020 el plazo para que servidores públicos de nivel de jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados presenten su declaración patrimonial y de intereses.
Así lo dio a conocer este lunes la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien recordó que dichos funcionarios, en su gran mayoría, cumplirán con esta obligación por primera vez.
Advirtió que “para los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, se mantiene la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020.
De esta manera, entre los trabajadores que tendrán como plazo hasta el 31 de diciembre para presentar su declaración patrimonial se encuentran policías, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros, entre otros.
La secretaria explicó que con la extensión del plazo se busca “facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de personas servidoras públicas que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción”.
Pide reforma contra obligación excesiva
Señaló que la actual obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un exceso de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción durante el sexenio anterior, por lo que instó al Congreso federal a realizar una reforma a este sistema.
Consideró que es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.
Recordó que la Función Pública ha trabajado arduamente para evitar contratiempos al lograr la simplificación al máximo de los formatos para la declaración patrimonial de 2020 para los niveles inferiores de la administración pública.
Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción.
Extendió una invitación tanto al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a la problemática.
En próximos días, la Función Pública emitirá en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo que formalice la aplicación del nuevo plazo.
