Ante la suspensión de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ordenada por un juzgado federal al admitir una demanda de amparo, la Sener sostuvo que fundamentará su decreto y combatirá la resolución ante el Poder Judicial.
A través de un comunicado, remarcó que la Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional.
En este sentido, indicó que su política incluye todas las dimensiones del Sistema Eléctrico Nacional: la Red Nacional de Transmisión, las Redes Generales de Distribución; las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del Cenace utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y demás elementos que determine la Secretaría de Energía.
La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado.
También remarcó que la política establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
La realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional. La Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
Sostuvo que ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos.
