La CNDH debe ir más allá de las quejas y observaciones para que sus recomendaciones a autoridades sean vinculantes, reivindicando la tradición mexicana de la Procuraduría de Pobres, las cuales defendían a las clases sociales más vulnerables de abusos de poder.
Así lo planteó la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, en su mensaje con motivo de la conmemoración de los 30 años de la creación de este organismo autónomo.
Recordó que las diferentes “instituciones protectoras de los derechos humanos” tienen como principio cuidar estas garantías a través de la emisión de recomendaciones, con base en tradición sajona de Ombudsperson
De esta manera, se mantienen al margen de los tribunales u órgano jurisdiccionales, “pero también de una incidencia efectiva en la prevención y respeto de los derechos humanos”.
Indicó que, según los defensores de este modelo, otorgarle más facultades de calificación a la CNDH “desvirtuaría la naturaleza de una institución defensora de derechos humanos, por lo que su fuerza se reduce a la emisión de recomendaciones que además, afirman, no pueden ser vinculantes”.
En este sentido, citó los que se establece en el artículo 102, apartado B, de la Constitución federal: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos…, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público… formularán recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…”
Tradición mexicana no se reduce a quejas
En contraste, sostuvo que la tradición mexicana de la defensa de los derechos humanos no se reduce a las observaciones y quejas contra autoridades.
Como ejemplo, citó la “Procuraduría de Pobres”, promovida por Ponciano Arriaga, diputado local en San Luis Potosí y expedida por el Congreso de ese estado el 5 de marzo de 1847.
Ese organismo buscaba “defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera”.
Recordó que la Procuraduría de Pobres fue algo avanzado para su tiempo; sin embargo tuvo una corta existencia, apenas un año, pues los primeros procuradores, Vicente del Busto, Manuel M. Castañeda y Manuel Arriola, iniciaron sus gestiones el 15 de mayo de 1847 y renunciaron el 30 de mayo de 1848.
Modelo de la CNDH fracasó, señala
Por lo anterior, se pronunció por “reivindicar la tradición del Defensor del Pueblo en nuestro país” ante el “agotamiento” del modelo de la CNDH, el cual calificó como un “fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros sino que han documentado infinidad de ONG’s y organismos tanto nacionales como internacionales”.
En este sentido, indicó que “una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas”.
La otra consiste en reducir los gastos de la Comisión, optimizar los recursos que se le otorgan y centrarse en atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo.
