Padres de familia acusaron al Instituto Washington de realizar cobros excesivos en exámenes y otros servicios, además de exigirles el pago de la fiesta de graduación de nivel secundaria, pese a que, por motivo del Covid-19, no podrá realizarse.
Lo anterior, de acuerdo con un padre que decidió mantener el anonimato, quien precisó que a principios de mayo, comenzaron a cobrarles 700 pesos para la ceremonia, argumentando que se debía a que la institución había dado un anticipo a la BUAP, para la renta acordada del Complejo Cultural Universitario (CCU), espacio donde supuestamente se llevaría a cabo el evento.
Debido a que por la pandemia las graduaciones han sido canceladas, los padres levantaron la voz, exigiendo a la institución que negociara con la máxima casa de estudios poblana la anulación del pago, a lo cual, el colegio Washington, ubicado en la calle 13 Poniente, número 1307, del Barrio de Santiago de Puebla capital, respondió que no podían hacer nada al respecto.
Quien fue entrevistado por éste medio mencionó que, no obstante, la institución reviró sobre el pago, justificando que ahora sería para el trámite correspondiente al certificado de graduación, lo cual, levantó la sospechas de los padres de familia.
No obstante, destacó que no se trata del único pago injustificado que el colegio ha exigido, pues detalló que, en el caso del bachillerato, también les están cobrando 400 pesos para la realización de los exámenes semestrales, los cuales se niegan dar ya que todas las actividades se están realizando en línea, por lo que no se justifica el pago.
Les cobraron por un portal de internet “obsoleto”
A esto, sumó que, de igual manera, son obligados a dar 100 pesos semestrales para el mantenimiento de computadoras, una cantidad que consideran innecesaria de pagar ya que sus hijos no están ocupando esos equipos por la pandemia; asimismo, destacó que ante la solicitud de cualquier trámite, la escuela exige que las copias de documentos necesarios las hagan dentro de las instalaciones, mismas que, acusó, tienen un costo de cinco pesos, siendo que no les “permiten” adquirirlas afuera.
El afectado comentó que estos abusos no son recientes, pues a principios del 2019 les pidieron 250 pesos por alumno, para la creación de una plataforma especializada, la cual serviría para checar los datos del alumno, como sus colegiaturas, al igual que permitiría entregar las tareas en fechas asignadas.
No obstante, detalló que el sistema es obsoleto, ya que falla constantemente al no poder soportar la cantidad de alumnos que ingresan, provocando que no cargue en ocasiones o que, incluso no almacene o borre las tareas enviadas.
Pese a lo anterior, aseguró que éstas no son las únicas inconformidades de los padres, ya que la institución subirá, para el próximo ciclo escolar, el costo de la inscripción y las colegiaturas de sus dos niveles educativos, por lo que además de una inscripción de 3 mil 100 pesos, deberán pagar mil 500 pesos para el caso de secundaria y mil 550 en bachillerato, cuando el costo actual es de mil 200 y mil 250, respectivamente.
Directora persuade a padres
Refirió que al enterarse del aumento de colegiatura en la página de la institución en Facebook, los padres la llenaron de comentarios sobre lo injusto que les parecía dicha acción, por todos los pagos que ya realizaban, ante lo cual, la escuela respondió borrando la publicación.
Puntualizó que han intentado protestar ante la dirección general, pero que la directora, Mónica Patricia Alonso Gómez, evita que los padres se reúnan en grupo, citándolos de manera individual, disuadiendo a los padres con nivelar las calificaciones de sus hijos o brindándolos prorrogas a aquellos que adeudan colegiaturas.
Esto, en un escenario donde el Congreso local recientemente promulgo la nueva Ley de Educación, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual estipula que podría regularse el cobro de colegiaturas, siempre y cuando se compruebe, en investigación, que éstas son excesivas, propuesta que el Consorcio Universitario, integrado por instituciones públicas y privadas, ha rechazado.
Sobre éste punto, el padre de familia pidió al gobierno estatal que establezca los mecanismos y sean vinculados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para saber el procedimiento que deben seguir.
Este medio intentó comunicarse con las autoridades de la institución vía telefónica para conocer su postura, sin embargo, no contestaron.
