Banca: ¿solución o agio? // Intereses: historias de terror

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el presidente de la Asociación de Bancos de (en) México, Luis Niño de Rivera, asegura que en esta nueva crisis tales instituciones financieras no son parte del problema, sino de la solución, aunque como bien apunta la Rayuela jornalera de ayer a este personaje: Le faltó precisar que las altas tasas de interés espantan a cualquiera.

En entrevista con La Jornada (Julio Gutiérrez) Niño de Rivera (a la vez presidente de Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el de los abonos chiquitos y los intereses descomunales) reconoce que debido a la pandemia de Covid-19 la demanda de crédito en el país ha disminuido y el uso de tarjetas de crédito y débito ha caído 46 por ciento en ambos casos, lo cual demuestra que el consumo está prácticamente detenido. Los índices de morosidad podrían incrementarse, pero es labor de las instituciones mantener los niveles de capitalización y liquidez, tal como estaban antes del brote del nuevo coronavirus.

El banquero recuerda que dos meses atrás el sector que representa ofreció el programa de diferimiento de pagos, que fue nuestra respuesta inmediata a la situación que está viviendo el país frente al confinamiento. Hay una enorme falta de liquidez. Lo que tenemos es que más de 4.7 millones de personas se han apegado al programa, y detalla que el sistema que opera en el país cuenta con 600 mil millones de pesos para créditos.

Bien, pero aquí es donde la Rayuela jornalera entra en acción: ¿qué precio deberá pagar quien se anime a solicitar un crédito?, y una vez concluido el citado programa de diferimiento de pago ¿con qué responderá la clientela? Ello, porque resulta abismal –por no decir insultante– la diferencia existente entre inflación, costo de captación y demás indicadores que utiliza la banca y las tasas de interés que cobra a sus usuarios, especialmente en las modernas tiendas de raya, ahora conocidas como tarjetas de crédito.

Por ejemplo, si tras la pandemia alguien se anima a solicitar un crédito personal (este ejercicio es de la Condusef, con información al cierre de abril pasado) de 50 mil pesos, a cubrir en 36 mensualidades, el asunto se convierte en una historia de terror.

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¿Quién pretendía callar a Gatell?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que poca atención mereció el fallido intento, por la vía judicial, de acallar al subsecretario en jefe de la estrategia federal ante el Covid-19, Hugo López Gatell, y a los demás servidores públicos que diariamente ofrecen una conferencia de prensa sobre el crítico problema sanitario en curso.

Detrás de tal pretensión estuvo la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada que a través de su presidente, Óscar David Hernández Carranza (quien fue consejero nacional y presidente de comisiones en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex) buscó que un juez federal ordenara suspender tales conferencias, en tanto se resolviera como asunto de fondo la legalidad de estas, pues a juicio del quejoso “los funcionarios incurren en omisiones y contradicciones en relación a los actos para enfrentar la pandemia COVID-19”.

El tema no generó más polémica porque Laura Gutiérrez de Velazco Romo , titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del primer circuito, atajó la demanda de la citada fundación filantrópica. Pero resulta interesante el perfil de esta agrupación, que es más conocida por el nombre de su órgano noticioso, “Somos Hermanos”. La Fundación para la Promoción del Altruismo forma parte de la Junta de Asistencia Privada, un mecanismo de recaudación de fondos para ayuda comunitaria de la que esta columna informó con amplitud crítica en 1997.

En la entrega del 3 de noviembre de 1997 se mencionaba: “Decenas de millones de los pesos que los mexicanos pobres dejan al Nacional Monte de Piedad (NMP) al empeñar y perder sus propiedades, han sido utilizados en los cuatro años recientes para financiar tanto promociones políticas personales como muy dudosas fórmulas de presunta asistencia humanitaria”. Todo ello, a través de la Junta de Asistencia Privada que presidía “Víctor García Lizama, un político yucateco que entre sus principales cargos cuenta el haber sido secretario general del breve gobierno del general Graciliano Alpuche Pinzón, y director general de Aduanas. Quienes lo conocen le ubican, ideológicamente, a la derecha, y muy cercano a segmentos del catolicismo tradicional”. En ese y otros Astilleros de aquellas fechas se describieron “algunos de los casos anómalos encontrados en una pila de expedientes y documentos revisados por esta columna” (https://bit.ly/3cStHNJ ).

García Lizama es actualmente “asesor jurídico voluntario” del patronato de la mencionada fundación, que además de “Somos Hermanos” (https://bit.ly/3e8ztv1 ) tuvo el portal informativo “Anunciación”. En cuanto al presidente, Hernández Carranza, en su ficha de Linkedin señala ser fundador de “México de Diez”, presidente y fundador de la asociación civil “Premio Nacional de Salud” y ser “Director General de LLOYD INTERNATIONAL, SC., casa de Certificación de prestigio internacional”. Además, detalla las comisiones que presidió en la Coparmex (https://bit.ly/2z8jaQ5 ).

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La extraña normativa de salud en el Covid

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que al subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaron el martes por la noche en su conferencia diaria sobre las investigaciones periodísticas y los cuestionamientos de especialistas sobre el subregistro que maneja en sus cifras, tanto de muertos como de contagiados de Covid 19 en el país. “Pues es un tema ya muy trillado. Seguirá saliendo… no es información nueva, hemos explicado y creo que demasiadas veces cómo funciona la vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia de reconocimiento de casos, de laboratorio, de desenlaces clínicos, en casos sospechosos y casos confirmados, y cuál es la vigilancia de la ocupación hospitalaria”.

Justo cuando el encargado nacional de la pandemia de coronavirus decía eso, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que contabilizó las actas de defunción en la Ciudad de México entre el 8 de marzo y el 12 de mayo de este año, encontró 4 mil 577 actas en las que se menciona como caso de fallecimiento la palabra Covid, Coronavirus o SARS-COV2, ya sea como causa confirmado o probable. La cifra es casi tres veces mayor a la que reporta oficialmente la Secretaría de Salud federal, que el martes informaba de mil 197 decesos por Covid en la capital del país. El subregistro fue reconocido incluso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que sí existen esas actas, que son parte de los “casos pendientes” y que se creará un comité para analizarlas y contabilizarlas y que se informará a la población del número real que resulte.

También con el mismo tema “muy trillado”, el infectólogo Alejandro Macías, quien fuera parte del equipo que combatió la pandemia de influenza H1N1 en 2009, insistía ayer miércoles en un tuit: “Covid-19 la cifra de muertos que reporta el Gobierno no corresponde a la real, que debe ser sustancialmente mayor. Incluso cuando dictaminen los casos pendientes habrá una subestimación. La mejor cifra será la que arroje la ‘muerte en exceso’ al comparar con años anteriores”, sugería el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es entendible que al doctor López-Gatell ya le dé flojera volver a hablar de las dudas y cuestionamientos que despiertan sus cifras y sus modelos de estadística y medición de esta pandemia; han sido tan cuestionados dentro y fuera de México y él habla tanto y todos los días en sus largas conferencias y en entrevistas con tantos medios, que ya no debe ser fácil para él estar repitiendo las mismas explicaciones sofistas que, por más que repite, no terminan de aclarar las enormes dudas y desconfianza que existen sobre los registros y datos oficiales del Gobierno en torno al tamaño real del impacto del Covid-19 en la salud y muerte de los mexicanos.

Y si en las cifras de muertos hay dudas fundadas de ocultamiento y subregistro, en los contagios el tema no es diferente. Ya varios gobernadores, empezando por los morenistas Jaime Bonilla y Miguel Barbosa, hicieron pública su desconfianza y su incredulidad por las cifras de contagios que maneja el subsecretario de Salud y su equipo porque no coinciden con los casos que ellos comprueban y reportan al Gobierno federal; y ahí también las explicaciones que ha dado López-Gatell sobre los tiempos que tardan en mandar la información sus unidades epidemiológicas y demás pretextos no han dejado claro el porqué de la diferencia entre lo que documentan con pruebas y reportan los sistemas de salud estatal y lo que registra y reporta Salud federal.

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El coronavirus como pretexto contra la energía renovable

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que lo que está en juego es el futuro de las energías renovables en México. El gobierno federal decidió sacar del mercado a las industrias de generación eólica y solar mientas dura la contingencia.

Esta es la razón por la que están muy nerviosas las empresas, extranjeras y mexicanas, que desde 2015 confiaron, licitaron y obtuvieron contratos para generar energía eléctrica renovable en nuestro país.

El valor aproximado de las inversiones relacionadas con este sector ronda los 30 mil millones de dólares.

Sin embargo, con este anuncio de la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el precio de sus acciones y de sus activos corre el riesgo de caer a plomo cuando decidió sacarlas del juego.

En efecto, a partir del 3 de mayo fueron suspendidas las pruebas de distribución de energía eléctrica de las plantas solares y eólicas que se encontraban en proceso de operación comercial y también se negó autorización para aquellas que aún no han puesto a disposición de la red eléctrica la producción por venir.

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La historia de los médicos enganchados

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que la historia comenzó con una llamada de extorsión hecha al azar desde el penal de Altamira, Tamaulipas. “Tengo secuestrado a tu hijo, lo voy a matar”, le dijeron al hombre que contestó.​​

Quiso el azar que la víctima tuviera, en efecto, un hijo de 24 años, y que este fuera además un policía militar que ese mismo día había llegado a hospedarse a un hotel de la ciudad de México: el Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya.​​

En el centro de reclusión de Altamira hay gente que debido a la imparable corrupción pasa el día entero intentando diversos mecanismos para extorsionar. La víctima creyó lo que le dijeron, quedó a merced del extorsionador. Este obtuvo toda la información que más tarde iba a utilizar: el nombre y la edad del policía militar, y el número de su teléfono celular, entre otros datos. Obtuvo también información detallada sobre su vida y la de su familia. Obligó al padre a tomarse una foto y enviársela.​​

Comenzó el atroz proceso de presión empleado por los extorsionadores para que la familia del joven policía militar pagara una cantidad abultada por su supuesto rescate.​​

Las cosas, como se sabe, no terminaron ahí. Esa noche, el policía militar —lo llamaré “A”— recibió en su hotel una llamada en la que un hombre que se presentó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación le anunció: “Tengo secuestrado a tu padre, lo voy a matar”.​​

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Camiseta bien puesta. La dirigencia nacional del Partido Verde rechazó cualquier política que dañe los avances en materia ambiental y reiteró su apoyo a las energías renovables. No sorprende que los verdes saquen la casta en el tema que más defienden. Exigieron que la Sener y el Cenace se reúnan con los diputados de la Comisión Permanente para explicar el decreto que pareciera poner fin al uso de las energías renovables en México. Legisladores llamaron a los titulares de ambas dependencias a sostener una reunión de trabajo y precisaron que los acuerdos generados por el Cenace y el acuerdo de la Sener han generado confusión y falta de certeza en materia de cuidado ambiental. Tajantes advierten que no apoyarán un retroceso en materia energética. Este tema apenas comienza y ya está que arde.

2. ¿Y la transparencia republicana? Con las palabras de Francisco Acuña, presidente del Inai, quien urgió al gobierno a decir la verdad y no permitirse generar datos que no son precisos o cometer omisiones, para negar lo que es evidente, imaginando que la verdad causará caos, deja en claro que no todos en la Cuarta Transformación cumplen con los postulados del Presidente de México. Durante el seminario digital Pandemia, democracia y derechos humanos, organizado por el Inai, Unesco, ONU y el Tec de Monterrey, Acuña afirmó que “por esa razón la noticia precisa y veraz es fundamental. No hay licencia para maquillar información”, indicó. Todo esto a colación de las cifras que se generan diariamente sobre la emergencia sanitaria y la posibilidad de que sean números fakes. ¿Hay políticos de Morena que nos hagan desconfiar de ellos?, ¿no, verdad?

3. No perdonan. En lo que va de mayo se han robado 3 tráileres cargados de fertilizantes y otros insumos para sembrar, mismos que serían entregados a diferentes comunidades de Guerrero, informó el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval, quien dio a conocer que el pasado lunes 18 a las 18:30, al pasar por el municipio de Tierra Colorada, los habitantes de la comunidad de Chacalapa interceptaron el tráiler, quitando al conductor la carga, documentos y su teléfono celular, y fue hasta las 23:30 cuando ya habían descargado todo que le entregaron la hoja de embarque, en la cual escribieron: “descargado en Chacalapa” y una firma ilegible. De acuerdo con el delegado, el tráiler procedía de Lázaro Cárdenas, y el conductor nunca pidió resguardo de la Guardia Nacional para su traslado a Guerrero, ¿a quién responsabilizamos de este hecho?

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la gente del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, opina que se malinterpreta a su jefe, pues cuando dice a contracorriente de las autoridades federales que “no existen condiciones para el regreso a las actividades”, como las operaciones de VW y Audi, y que solo “ejerce sus facultades de acuerdo con sus competencias y responsabilidades establecidas en la ley”, no significa de forma alguna que rete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o que vaya a impedir la reanudación de labores de las armadoras. Ándele pues, góber.

Que los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, mantienen la convicción de convocar tan pronto sea posible a un periodo extraordinario de sesiones para resolver asuntos de urgente resolución, como la adecuación de diversos ordenamientos al nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. No obstante, de acuerdo con las estimaciones del primero, la celebración de sesiones presenciales será posible hasta finales de junio o principios de julio, una vez que la pandemia de covid-19 dé tregua y permita reiniciar la actividad legislativa.

Que la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad denunció a la titular de la Conade, Ana Guevara, y a cinco funcionarios más de esa área por extorsión ante la FGR. La firma, que ya había interpuesto la acusación en Veracruz, imputa a la ex velocista y a sus subordinados la exigencia de un pago en dos partes a cambio de adjudicar un contrato de suministros de alimentos para deportistas y entrenadores, caso que será turnado a la Fiscalía Anticorrupción.

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