La tentación del control total
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que en momentos en que los estados están pidiendo discutir un nuevo pacto fiscal para modificar el reparto de los recursos federales, porque denuncian concentración excesiva del Gobierno federal y reparto inequitativo a las entidades, el presidente López Obrador busca tener un control total sobre los recursos del presupuesto federal y propone modificar las leyes presupuestarias para que su Gobierno tenga facultades extraordinarias para reasignar y reorientar el gasto federal sin tener que pedir autorización de la Cámara de Diputados, en casos de una “emergencia económica” como la que ya enfrenta en estos momentos el país por el coronavirus.
Es decir que, lejos de estar escuchando los reclamos de varios gobernadores que le piden reuniones urgentes para que la Federación apoye a sus estados con recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia, y que le proponen discutir a futuro un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal para la República, López Obrador está pensando en la manera de hacerse de facultades legales y constitucionales que nunca tuvo ningún Presidente mexicano en la historia y manda una iniciativa a la sumisa mayoría de Morena en la Cámara de Diputados para que en el periodo de “emergencia económica” –es decir por lo menos lo que resta de este 2020 y posiblemente el próximo año– él y solo él decida en qué se debe gastar el dinero público y cuáles son los “proyectos prioritarios”.
La iniciativa presidencial que propone reformar el Artículo 21 Ter. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda modificar y reorientar el presupuesto de egresos en caso de crisis o emergencia económica como la que ya enfrentamos por el coronavirus, ha encendido los focos rojos de la oposición, que denuncia con esa propuesta de ley, desde un “intento de alterar el equilibrio de poderes”, hasta la “eliminación de los contrapesos al Ejecutivo federal”, junto con una “apropiación inconstitucional de recursos de la Federación, que también pertenecen a estados y municipios”, hasta la violación a la Constitución que supondría darle al Presidente y a su Secretaría de Hacienda las facultades que hoy corresponden constitucionalmente a la Cámara de Diputados y el control absoluto de los recursos de toda la República.
También el diputado Porfirio Muñoz Ledo advierte que el Presidente está “cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder” y que al hacer caso de “consejeros que le dicen que puede tener todo el control”, puede incurrir en excesos como violar la división de poderes y la Constitución. Agrega que si el Ejecutivo quiere un presupuesto a modo, podría hacerlo sin modificar ninguna ley porque tiene “una mayoría amplísima y por lo que hace a Morena es bastante textual, que aprueba sin ninguna modificación lo que le mande el Presidente”.
“Si él quiere tener otros poderes y estar regido por la Constitución, si quiera como forma tendría que hacerlo. Se está violando la división de Poderes y es inconstitucional. El Artículo 29 constitucional podría utilizarlo para eso, para no pasar por la Cámara de Diputados en un estado de excepción, pero no quieren decretar el estado de excepción”, comentó Muñoz Ledo ayer en una entrevista con el periodista René Delgado. Recordó que el Artículo 49 constitucional prohíbe expresamente que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación y eso hay que tomarlo en cuenta. “Puede hacer ahora (López Obrador) reforma a cualquier ley, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ¿para qué quiere más facultades? Hay una actitud de serenidad y de reflexión que yo le conozco al presidente López Obrador, que es la que debe prevalecer”, pidió el diputado morenista.
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Coparmex: guerra (abierta) a AMLO
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en caso de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y su beligerante directivo, Gustavo de Hoyos Walther, hubiesen deseado declarar abiertamente la guerra política (y electoral) al presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy probable que alcancen ese objetivo al nombrar como “vocero especial” a Javier Lozano Alarcón, quien fue miembro del gabinete del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa y del equipo de campaña presidencial priista de José Antonio Meade Kuribreña.
Con la incorporación del muy polémico Lozano Alarcón parecieran diluirse las dudas que subsistieran respecto al proyecto en el que están montados la Coparmex y De Hoyos: se confirma el carácter partidista y electoral (el propio De Hoyos participa ya en el plan denominado Futuro21 rumbo a los próximos comicios intermedios, con Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y la Revolución Democrática) y se detona lo que hubiese de endebles puentes de entendimiento presidencial con dicho frente patronal.
Nombrado para promover en medios la “defensa del estado de derecho” desde la Coparmex, Lozano Alarcón (quien así se asigna la etiqueta patronal y nunca alguna de representación específica de intereses de trabajadores) tiene en contra precisamente las constantes acusaciones respecto a conductas con consecuencias adversas al sentido de la justicia: los cierres de Luz y Fuerza del Centro y de Mexicana de Aviación, el acompasamiento a la decisión del Grupo México de no rescatar cuerpos de mineros sepultados en Pasta de Conchos e incluso el episodio nunca suficientemente esclarecido del empresario Zhenli Ye Gon, con su frase imborrable de “coopelas o cuello”.
En cierto sentido, la designación de Lozano Alarcón en la Coparmex es equiparable al nombramiento de Juan Ernesto Pardinas Carpizo como director general editorial del diario Reforma en diciembre de 2018, pues este personaje participó durante once años, y fue su director general de 2011 a 2018, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), “un centro de investigación en política pública y acción ciudadana” que propone “política pública para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos”.
En el Consejo Directivo del IMCO figuran Valentín Díez (presidente de este consejo y también del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología) y, entre otros consejeros, Antonio del Valle (presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que acaba de negociar créditos empresariales con el Banco Interamericano de Desarrollo, con un “modito” criticado por AMLO), Claudio X. González, Carlos Salazar (presidente del Consejo Coordinador Empresarial), Daniel Servitje y Vicente Yáñez (presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales).
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Incendiario. Luego de que Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, nombrara a Javier Lozano, como su “vocero especial”. La Coparmex aclaró en un comunicado que éste sólo colaborará como voluntario, ya que el único vocero es De Hoyos. Esta “ayudadita” le ha venido como anillo al dedo al líder empresarial, quien acusó que las decisiones del gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, estarían comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas del país. Por su parte, Lozano, agradeció el nombramiento y la confianza de De Hoyos y luego, luego desenvainó la espada, ya que en redes sociales escribió : “¿Les dolió, ¿verdad?”.
2. Fugas peligrosas. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, goza de perfectas condiciones de salud a pesar que dio positivo al COVID-19, aseguró el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, e informó que tras confirmarse el diagnóstico de la servidora pública, se implementó el protocolo acostumbrado para detectar posibles contagios en su familia y hasta este momento nadie ha resultado con contagio. “Está en perfectas condiciones. Tiene COVID-19 leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos”. Además, anunció que se castigará a quien haya filtrado la fotografía de la última reunión de trabajo de la secretaria, pues se violó “a la ética del servicio público” y se armó un escándalo. Baja de la nómina al responsable; mínimo.
3. Desentonados. Más de 600 empresarios y comerciantes establecidos del Centro Histórico demandan al gobierno capitalino un plan estratégico de apoyo económico que va más allá de un programa de préstamos económicos. De acuerdo con algunos, se pide una renegociación de sus contratos de tipo arrendatario, de salarios y adeudos a acreedores, para que, concluida la etapa de emergencia por COVID-19, puedan comenzar a trabajar y realizar el pago de la negociación. Desde el 14 de abril, este grupo de comerciantes y empresarios ha solicitado una mesa de diálogo y concertación con las autoridades capitalinas. Antes de querer extorsionar al gobierno de Claudia Sheinbaum deberían guardar la sana distancia. ¿Qué hacen en las calles?
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que siempre hay nuevas maneras de apoyar en medio de esta crisis sanitaria y para muestra está la iniciativa que remitió esta semana la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, a la mayoría de los 2 mil 500 municipios para crear redes vecinales de apoyo solidario, cuya función es que las comunidades brinden cuidados en salud, apoyo psicológico, alimentos y medicinas.
La idea tiene raíces jesuitas, ya se aplica para enfrentar la pandemia y antes sirvió para reconstruir el tejido social ahí donde la violencia del narcotráfico dejó graves daños.
QUE lo que empezó en redes sociales como una nueva chamba de portavoz para Javier Lozano acabó en una “colaboración jurídica como voluntario”, al parejo de miles de socios de la Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, quien aclaró anoche que él es el único titular de la vocería del sindicato patronal y que en los ámbitos regionales y locales la responsabilidad recae en los presidentes de los centros empresariales, delegacionales y representaciones.
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¿Plenaria digital?
La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que se crea un frente para tratar de evitar que la próxima semana la mayoría de Morena en San Lázaro entregue al Ejecutivo el manejo discrecional del Presupuesto.
¿A esto se referían cuando dijeron que la pandemia les venía como “anillo al dedo”?
Los gobernadores del PAN ya adelantaron que recurrirán a todos los caminos políticos y legales para impedirlo. Tienen de hoy al 5 de mayo para conseguirlo.
El problema está en definir cuáles son los proyectos prioritarios a los que se ayudará y a cuáles proyectos se les quitarán recursos, porque la cobija no alcanza para todo.
El tema presagia un encontronazo en San Lázaro y por eso se están buscando opciones digitales para hacer la votación sin que los diputados se vean las caras.
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