La Secretaría de la Función Pública (SFP) recordó a la opinión pública que cuenta con “plenas atribuciones legales” para investigar el patrimonio “de todos los servidores públicos, presentes y pasados” del gobierno federal, pero sin revelar información que afecte el debido proceso.
Lo anterior, a través de un comunicado que aparece en medio de la difusión de versiones de que la administración federal tiene la instrucción presidencial de investigar cuentas y finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto, así como de familiares de este.
No obstante, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros hizo un llamado a mantener un ejercicio periodístico responsable, que informe a la sociedad sin afectar derechos fundamentales de terceros como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia.
Para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial –precisó– la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar. El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad.
Las declaraciones patrimoniales –abundó– solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
Asimismo, indicó que el efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública.
Desde inicio del sexenio actual, la SFP reporte la apertura de 133 expedientes de evolución patrimonial, en contraste con los 58 que se iniciaron durante los primeros 11 meses de 2018, último tramo de la administración anterior.
Asimismo, desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018.
