El pasado lunes 24 de febrero, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres estudiantes de medicina y un chofer de la plataforma digital UBER en la colonia Los Tanques, del municipio de Huejotzingo.
Las víctimas eran una mujer de 25 años y un hombre de 22, ambos de origen colombiano, que se encontraban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep). La tercera víctima era alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y tenía 22 años.
Hasta el momento se sabe que los tres estudiantes asistieron al carnaval de Huejotzingo la noche del domingo y poco después de las 22:00 horas pidieron un UBER. Posteriormente se perdió contacto con ellos y horas más tarde sus cuerpos sin vida aparecieron en un terreno rural de la zona. Al momento han sido capturados tres sospechosos del crimen.
El martes 25, estudiantes de la BUAP y UPAEP salieron a las calles a manifestarse en contra de la violencia. Con la consigna “ni una bata menos”, exigieron que la situación de inseguridad que vive el Estado sea atendida y se haga justicia por el caso de sus compañeros.
Lo ocurrido no es un caso aislado, es producto de la violencia generalizada que se vive en el Estado de Puebla. La inseguridad en esta entidad ha ido escalando considerablemente año con año.
Aunque el gobernador del estado ya ha presentado un plan de acción en coordinación con diez municipios para mejorar la situación que se vive, ha llegado el momento de sumar el esfuerzo de sociedad y gobierno, para enfrentar esta situación de emergencia.
Es hora de formalizar el compromiso de todas y todos los poblanos de bien, en un amplio Acuerdo por la Paz y la Seguridad de las Familias de Puebla. Un Acuerdo en el que participen todas las organizaciones de la sociedad civil organizada, la academia, las organizaciones vecinales y de pequeños comerciantes, empresarios, medios de comunicación, organizaciones religiosas y sindicatos.
Un gran Acuerdo en el que las instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, establezcan compromisos concretos para fortalecer a los cuerpos de seguridad encargados de combatir el crimen.
Un amplio Acuerdo para juntos, recuperemos espacios públicos, para que contemos con protocolos de actuación rápida de vecinos y autoridades. Es necesario establecer la policía escolar, redes de conductores de servicio público de trasporte para funciones de vigilancia. Es urgente contar con cámaras de video enlazadas a los sectores de la policía estatal preventiva y policía ministerial. Tenemos que utilizar toda la tecnología e inteligencia artificial disponible para proteger a la población. Se requiere una mayor presencia policial en aquellos lugares donde se presenta un incremento de los índices delictivos.
Asimismo, es urgente organizar y constituir ante Notario una Asamblea de Barrio por cada 3 mil ciudadanos en zonas urbanas, para atender las principales necesidades de las colonias y elegir, entre otras cosas, a los Policías de Barrio.
En conjunto con el Gobierno Federal, es necesario designar un responsable de todas las fuerzas de seguridad en el estado, que coordine la representación federal regional en el estado de Puebla, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad.
El acuerdo podría instalar Mesas de Paz y Seguridad con presencia de las autoridades federales para la coordinación de acciones contra la violencia y la delincuencia.
Todos reconocemos la pronta y eficaz actuación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Gobierno del Estado, en la detención de los probables responsables del crimen ocurrido el pasado 24 de febrero.
Sin embargo, ha llegado la hora de implementar políticas públicas de la mano de la sociedad civil organizada, para garantizar la seguridad de la población, en particular de los grupos poblacionales en mayor estado de vulnerabilidad.
Condeno enérgicamente los hechos violentos que han sacudido a nuestra comunidad y envío mis más respetuosas condolencias a los familiares de los estudiantes privados de la vida.
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