La diputada Mónica Lara Chávez presentará una iniciativa para prohibir la violencia comunitaria, es decir aquella que sufren las mujeres en espacios públicos, como el “callejero” o en transporte público.
En entrevista con Ángulo 7, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES) adelantó que será en la sesión ordinaria de este miércoles cuando propondrá modificar el Código Penal.
“¿Te ha pasado que vas caminando, ves a un grupo de hombres y dices: ‘me van hacer tocamientos lascivos, me van a decir groserías o mejor me voy por otro lado’”, inquirió la diputada, quien afirmó que su petición buscará erradicar esas conductas.
Al preguntarle si es lo equiparable al acoso callejero, contestó que esta es más amplía, ya que las mujeres son agredidas en el transporte público, los mercados e incluso los bares.
En 2016, la entonces diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, propuso castigar, como mínimo, con un año de cárcel gritar improperios a las mujeres en la calle, para lo que pidió reformar el Código Penal, sin embargo, la dejaron en la congeladora.
Se analizará tipificar violencia mediática
Respecto a la llamada “Ley Ingrid”, comentó que, por su parte, esperará a que avance el tema a nivel nacional, aunque recordó que el 4 de febrero, el Legislativo poblano avaló modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la que se agregó el artículo 17 bis que define la violencia mediática en publicar o difundir mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación o redes sociales, que de manera directa o indirecta difame, discrimine, humille, atente contra la dignidad o promueva la explotación de las mujeres.
El siguiente paso, refirió, será impulsar, para el cumplimiento de la norma, que en el Código Penal se fije cómo se castigará no respetar el derecho a la dignidad de las mujeres, pues actualmente sólo es considerada como una falta administrativa.
Resaltó que en el artículo 421 de dicho código ya se considera delito que los funcionarios den a conocer “a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada como reservada o confidencial”.
Cabe mencionar que, por una parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una iniciativa en el Congreso local para sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, lo cual es simular a Puebla.
En tanto, el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto dijo que propondrá castigar hasta con 5 años de cárcel a policías, ministerios públicos y funcionarios que difunden imágenes de feminicidios, tras el caso de Ingrid Escamilla Vargas.
