: Resulta que han cambiado a todos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta el presidente, cargo que ahora ocupa Mario Arturo Daza Buendía, pero en la Junta Especial Número Cinco, continúa Julia Muñiz Merino, lo cual resulta extraño, porque ahí se tienen todos los casos de demandas laborales contra la BUAP, que encabeza Alfonso Esparza Ortiz.

Pareciera que el rector de la universidad poblana tuviera influencia para que no se quite a quien señalan los demandantes de dilatar los juicios, pese a que por ley el límite es un año, aunque podrían extenderse hasta dos por las diferentes audiencias donde se ratifica la demanda, se da una contestación y hay ofrecimiento y desahogo de pruebas, tras lo cual se dicta el laudo y cualquiera de las partes se puede inconformar por medio de un amparo directo.

El hecho es que la Junta Especial Número Cinco lleva todos los juicios laborales contra la BUAP, donde en algunos casos hay nulo avance y en otros son lentos los procedimientos, que pareciera que tienen el fin de cansar al demandante para que desista.

Si Barbosa Huerta viene con una visión de cambio de que se respete la ley con juicios transparentes, tendría que ordenar al titular de la Consejería Jurídica, Ricardo Velázquez Cruz, que tome medidas de también hacer cambios en la presidencia de la Junta Especial Número Cinco.

Un ejemplo es el caso del investigador del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la BUAP, Miguel Ángel Damián Huato, quien presentó dos demandas una por acoso laboral en 2018 y otra por despido injustificado el año pasado. Del primer caso hasta apenas en este mes se cerrarán las audiencias de ofrecimiento y desahogo de pruebas, después de dos años y en el segundo juicio apenas iniciarán.

Asuntos como ese padecen el mismo viacrucis en la Junta Especial Número Cinco y que, a decir de los inconformes levanta sospechas contra Julia Muñiz, porque se alargan los juicios laborales por pretextos insustanciales.

Velázquez Cruz deberá analizar cambios para bien, si quiere ir acorde a la cuarta transformación que el gobernador Miguel Barbosa desea asentar, siguiendo la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en el tema de justicia laboral es urgente garantizar, porque al menos la BUAP pareciera que está siendo favorecida con medidas dilatorias en los juicios en su contra.

Son mil 47 demandas registradas contra la BUAP, de las cuales un 76 por ciento, es decir 796, se dieron en el 2013, cuando asumió funciones Esparza Ortiz en octubre de ese año.