Comunidades indígenas de Chiapas y Campeche señalaron que un juzgado federal le concedió una suspensión provisional contra las obras del Tren Maya, como parte de su demanda por la “consulta simulada” con la que el gobierno federal aprobó la magna obra.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que financia el proyecto, respondió que “no ha sido notificado de suspensión alguna”, por lo que continuará con las licitaciones y preparativos para comenzar la construcción.
De acuerdo con un comunicado del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), la medida cautelar fue otorgada por el Juzgado Primero de Distrito e implica que las autoridades federales deben mantener las cosas en el estado en que se encuentran y abstenerse de ejecutar dicho proyecto.
Esta suspensión permanecerá en tanto se resuelve el asunto de fondo, es decir, si existen elementos para otorgar la suspensión definitiva a favor de los demandantes.
La demanda, con número 12/2020, señala como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Los inconformes sostienen que el proceso de consulta impulsado y ejecutado por dichos funcionarios no cumplió “con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Bajo este argumento, califican a la consulta, realizada el pasado 15 de diciembre, como “simulada y fraudulenta (…) y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
