El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, ahora se acuerda de los poblanos y sus inconformidades por el reemplacamiento, tan es así que puso a la disposición abogados de la institución para tramitar amparos, pero qué tal calló en el 2014 cuando el exgobernador Rafael Moreno Valle reprimió en julio de ese año a pobladores de Chalchihuapan, donde una bala de goma mató al niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En aquella ocasión no hubo pronunciamiento alguno por violaciones a derechos humanos y tampoco pagó un desplegado para condenar el hecho, como hicieran otras instituciones como la Ibero.
Tampoco se acordó de los poblanos cuando avaló que el gobierno morenovallista concesionara el agua y alcantarillado de Puebla capital en el 2013 a la empresa Agua de Puebla, antes llamada Concesiones Integrales.
En ese año, Esparza Ortiz era miembro, como representante del sector social, del consejo administrativo del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap), según consta en el acta de la primera sesión extraordinaria del ejercicio fiscal y operativo 2013, conseguida por el Frente por la Defensa del Derecho Humano al Agua, el Saneamiento y Contra la Privatización.
Tal vez esos dos hechos refresquen la memoria al aún rector, quien está tratando de evitar a toda costa frenar la revisión a su cuenta pública 2019 por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que en venganza quiere echar abajo el reemplacamiento con asesorías a los propietarios de vehículos para tramitar amparos.
En más de seis años como rector de la máxima casa de estudios poblana dio muestras de indiferencia a las acciones del morenovallismo en perjuicio de los poblanos y ahora asume un papel poco creíble de defensor social.
Con más despidos en su gestión
Basta recordar que, de los mil 47 casos de juicios laborales que tiene la BUAP por despidos injustificados, los cuales son un acumulado de 2010 al 2019, el 76 por ciento, es decir 796, se presentaron en la gestión de Esparza Ortiz, que comprende de 2013 hasta el año pasado.
Y si de atender a las minorías se trata, el rector no ha dado muestras de hacerlo tal como ocurrió con los jóvenes que hicieron un plantón en el zócalo durante 27 días para pedir algún lugar en la universidad tras no pasar el examen de admisión.
El gobernador Miguel Barbosa fue quien convenció a los integrantes del Frente Estudiantil Educación para Todos (FEET) de retirarse de la plancha cívica con el ofrecimiento de lugares en planteles de educación superior del estado, acercamiento directo que nunca tuvo Esparza Ortiz y solo mandaba a sus funcionarios para ofrecer diálogo sin respuesta.
Con esto, queda claro que en los hechos el rector de la BUAP solo usa el cargo conforme a sus intereses y para autoprotegerse también mal usando la autonomía de la institución.