En manos de Lutero la Dirección Bienes Muebles e Inmuebles
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que a la Dirección General de Bienes Muebles e Inmuebles de la desprestigiada Secretaría de Administración del estado acaba de llegar el que sería su cuarto titular en los 160 días que lleva la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Cuestión de recordar. El primer director fue Gerardo Mejía Ramírez, quien fue ratificado en el cargo al que llegó durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido. Duró poco tiempo, pues se le percibía como gente del ex secretario de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac, que fue su jefe en el Comité Directivo Estatal del PRI.
Lo reemplazó el ex director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, gracias al respaldo del subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, quien fue su jefe en la segunda campaña de Barbosa a la gubernatura de Puebla.
Juan Pablo Cortés era el representante de la coalición Juntos Haremos Historia ante el Consejo General del INE, y Luna Mendoza su suplente.
El recomendado duró poco como director general de Bienes Muebles e Inmuebles, ya que prácticamente fue corrido en los últimos días de noviembre después de que una subordinada suya lo acusó ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva de propasarse con ella al citarla en su oficina y manosearla abajo de la falda o vestido, sin darle ningún motivo para ello.
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Jalón de orejas a diputados de cuarta
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que mientras los diputados poblanos se encuentran aún de vacaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que en Puebla se violan los derechos humanos al no permitir la legalización de los matrimonios igualitarios.
El caso se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en 2015 ya se había pronunciado sobre el tema.
Los actuales diputados no tienen pretexto. Debieron atender la recomendación que había realizado la CNDH para reformar el Código Civil de Puebla. Evitaron hacerlo con el pretexto de que sí era una prioridad, pero sería hasta este año cuando analizaran el caso.
A inicios de octubre del año pasado en este y en muchos espacios se criticó el trabajo de la mayoría de los diputados poblanos quienes se negaron a legislar la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios. Los señalamientos les pasaron de largo. Tuvo que llegar un organismo nacional a corregirles la plana y a señalar su homofobia.
Con la mayoría aplastante y rompiendo con la ideología de izquierda que presumían los diputados de Morena, los legisladores en Puebla se negaron a hacer su trabajo y como simples levantadedos aprobaron sin cambios relevantes la iniciativa que envió el Ejecutivo.
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Fue el PAN y no Morena el que inició el proceso legal en contra de José Juan Espinosa
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que la investigación que emprendió la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito en contra el exedil de San Pedro Cholula y actual diputado local José Juan Espinosa Torres, no es un acto de represión política del Poder Ejecutivo o una purga dentro de Morena, tal como el propio legislador ha querido sembrar la idea. El proceso legal en realidad lo inició la dirigencia estatal del PAN y la fracción parlamentaria del albiazul. Es todavía un coletazo del morenovallismo.
En noviembre de 2018, cuando estaba en su punto más álgido el conflicto poselectoral por en la disputa de la gubernatura de Puebla, el Comité Directivo Estatal del PAN y los diputados locales de esa fuerza política fueron los que presentaron la denuncia contra Espinosa por dos delitos: evasión fiscal y la presunta utilización de recursos económicos de procedencia ilícita.
Es decir, es un asunto que inició la actual presidente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien tomó las riendas del albiazul el 13 de noviembre de hace un par de años.
En mucho esa demanda se motivó por el conflictivo arranque de la actual legislatura local, que había iniciado un mes antes, en donde el PAN perdió el control del Congreso del estado y empezó a enfrentar a una naciente fracción lopezobradorista que llegó con la espada desenvainada en contra de los abusos y excesos del morenovallismo.
Por otro lado, el entonces jefe político del panismo poblano Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, entonces candidata a la gubernatura, mostraban desesperación de que no lograban negociar o cooptar a los nuevos legisladores surgidos del triunfo lopezobradorista.
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Los bigotes del señor Hank
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que en campaña, el gobernador Luis Miguel Barbosa, dejó muy en claro que el desmantelamiento del modelo de negocio del morenovallismo, pasaba irremediablemente por la concesión del servicio de Agua Potable.
Sí, ese sistema que se licitó a una empresa, se entregó a otra y acabó por manejarla una tercera, razón por la cual se estaría ya planteando un proceso de revocación de la concesión, pero no es así.
El gobernador ha asegurado que no le debe nada a nadie y que desmantelará legal y económico a los beneficiarios de las concesiones del Estado.
La privatización del servicio no sólo empeoró, sino que se encuentra atrapada en la sospecha de la transa y el tráfico de influencias.
Once días después de “ganar” la licitación, los beneficiarios crearon una empresa: Concesiones Integrales, asociada a EPCOR y TICSA, para el cobro del servicio.
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El verdadero escándalo hospitalario
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que contratos de generación de infraestructura en materia de salud, entregados a cambio de jugosos “moches”.
Empresas beneficiadas con contratos, cuyos socios eran realmente prestanombres de personajes encumbrados en lo más alto de la política y el servicio público poblanos.
Hospitales de espectaculares fachadas, pero que carecían hasta de lo más elemental para brindar los servicios que debían a la población.
Mujeres que tuvieron que dar a luz en el piso de los Centros de Salud, porque éstos no contaban siquiera, con lo básico para atenderlas, o bien por la falta de capacitación del personal a cargo.
Falsas adjudicaciones de equipo médico, que fue pagado puntualmente a los proveedores, pero que nunca llegó a las bodegas de la secretaría.
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Los automovilistas son los enemigos: bolardos y anticochismo
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que por todas las formas habidas y por haber para chingar al poblano, el gobierno de Claudia Rivera Vivanco ha decidido convertir en un infierno la circulación de automóviles, ciclistas y peatones —llamados de forma eufemística “movilidad”—.
El último incordio diseñado desde la secretaría que maneja el activista anticochista Armando Pliego Ishikawa, y no la titular Alejandra Rubio Acle, es la multiplicación de bolardos por toda la capital, cual gremlins, a partir de los primeros días de diciembre. Por bolardos puede entenderse desde esos tubos oscuros hasta macetas de gran tamaño. Todo lo que pueda obstaculizar el flujo vehicular.
Los famosos bolardos cumplen su objetivo primario: la ralentización de la circulación, la reducción del flujo vehicular, el incremento de los tiempos de traslado y un mentadero de madres pocas veces visto en la capital. Porque para eso están diseñados, para joderle la vida a los automovilistas y no para proteger a los peatones. ¡Patrañas!
El gobierno de Claudia Rivera es el primero que conozco que se afilia a la ideología del anticochismo. Es decir, la fobia a los vehículos motorizados, especialmente a los automóviles, a los que se demoniza en aras de defender una sociedad cuasi bucólica de peatones y ciclistas que se mueven por la ciudad como en una danza perfectamente coreografiada.
Esa sociedad cuasi bucólica no existe en ningún lugar del mundo, pues ningún lugar del mundo es tan estúpido como para negar el progreso para el traslado de humanos y mercancías, así como fuerza de trabajo, tanto de automóviles como trenes y sistemas de transporte público.
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También los Bartlett y los Abdala Empezaron desde Pequeños
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que en un libro publicado en 1995 —Entre la Historia y la Esperanza—, Andrés Manuel López Obrador les dedica un capítulo muy ilustrativo a los gobernadores tabasqueños.
Dicho capítulo lo tituló El Imperio de la Corrupción.
Los ejemplos que muestra mueven a la risa, pero también a la rabia.
Con prosa cuidada, el hoy presidente de México va narrando las pillerías en las que incurrieron gobernadores como González Pedrero, Gurría y Rovirosa Wade, entre otros.
Y en medio de este bacanal aparece el nombre del impoluto Manuel Bartlett Díaz.
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