El Soapap señaló que revocarle la concesión a Agua de Puebla le costaría al ayuntamiento entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos por indemnización, pese a que le ha aplicado multas que suman 890 mil pesos por incumplimientos “fuertes” en sus servicios.
Así lo señaló, en entrevista, tras acudir a la Comisión del Agua del Cabildo donde rindió un informe de la situación financiera y administrativa del organismo, Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
El funcionario estatal refirió que la revocación del contrato “es viable”. Sin embargo, advirtió que antes de eso debe analizarse el proceso de sustitución y la forma en que se garantizarán inversiones, ya que de lo contrario se crearía una “grave crisis” en la ciudad.
Incluso indicó que es positivo y conveniente que el ayuntamiento capitalino retome su atribución y responsabilidad de vigilancia para “meter orden” en el tema del agua, pues actualmente lo tiene el gobierno del estado a través del Consejo Directivo que se conformó desde 1996.
Cuestionado sobre si la remunicipalización afectaría la deuda que tiene el Soapap con Banobras, refirió que, si bien ni la Comuna ni el gobierno del estado son los que la gestionaron, tendría que retomarse, pues el pasivo data de varios años y ha ido creciendo, de forma que la deuda llega a cerca de mil 602 millones de pesos; no obstante, esta cifra indica que hay una reducción de 2 mil millones desde 2010 a la fecha.
Ante esto, manifestó que para cancelar la concesión se deberá pagar las inversiones que ha hecho la empresa, lo cual ascendería a mil 200 millones de pesos, más el pago de la contraprestación, por lo que el monto ascendería entre los 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos.
Revocación terminaría en un litigio
Manifestó que dicho tema está sujeto a “muchas interpretaciones”, además de que el proceso requeriría un litigio que podría reducir la cifra final, por lo que al final de cuentas tendría que ser un juez el que lo determine.
Pese a lo anterior, Gaytán Alcaraz consideró que de no haberse concesionado el servicio, el Soapap tendría un mayor endeudamiento y las inversiones para mejorar el abastecimiento del agua en colonias habrían tardado más tiempo en realizarse, debido a la falta de inversión pública.
Respecto a las multas que han aplicado al Soapap, manifestó que son por un monto total de 890 mil pesos por diversos incumplimientos “graves”, aunque no precisó cuáles, pero se deben a que a partir del año cinco de la concesión la empresa ha cometido los más “fuertes”.
Señaló que no es necesario incrementar los costos del agua, ya que la estructura tarifaria prevé un mecanismo de actualización que tiene que ver con el monto de energía eléctrica, así como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el salario mínimo.
Deben eliminarse cobros indebidos
De igual forma, argumentó que lo que sí tendría que hacerse es eliminar los cobros indebidos que no tienen razón de ser, como la verificación al momento de tomar una lectura cuando alguien reclama, “es lo que tendríamos que ir depurando” para evitar que se generen abusos.
El funcionario estatal calificó como positivo que el cobro se realice de manera bimestral, así como se congelen las tarifas como propuso el Legislativo el año pasado, ya que es más viable que los usuarios paguen cada dos meses y no de manera mensual.
No obstante, consideró que dichas reformar fueron vetadas por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad porque con las modificaciones se le daba la posibilidad a la concesionaria de proponer las tarifas, lo cual no debe permitirse.