Durante el primer trimestre de 2019, la Secretaría de la Contraloría estatal sancionó a seis servidores públicos: tres de la SSP suspendidos de su cargo; dos del Sector Salud, con amonestación privada, y uno de la SFA, el único acreedor a una multa económica.
Esto de acuerdo con el listado de sanciones administrativas a servidores públicos sancionados, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual informó que además la dependencia revocó cinco resoluciones, modificó una y confirmó otra.
César Maceda Zambrano, notificador adscrito a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), fue acusado el 12 de abril de 2017 de incumplir con realizar su trabajo absteniéndose de actos omisos o el abuso de su cargo, así como pretender beneficios adicionales a los otorgadas por el Estado.
Además, no se presentó a la audiencia realizada el 16 de octubre de 2018, por ello se hizo acreedor a una multa de 7 mil pesos y otra administrativa, que consiste en dos años de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En tanto, Andrés Galindo Sandoval y Pedro Flores Sánchez fueron cesados de su cargo como policía “A” (gana 9 mil 360 pesos netos) operativo adscrito a la Dirección Estatal Preventiva de la SSP, por un mes y sin goce de sueldo, por cometer en 2018 una falta administrativa no grave, enunciada en el artículo 49, fracción I, relacionado con el 7, fracciones I y VII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual debe quedar registrado en su expediente.
Estos señalan que deben “cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar”, así como “cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones” y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Por su parte, Santiago de Jesús Ayuso Jiménez es administrativamente responsable de incurrir, en 2018, en la comisión de una falta administrativa no grave, señalada en los artículos mencionados anteriormente, por lo que se le inhabilitó por tres meses para desempeñar cargos en el servicio público, lo cual debe quedar registrado en su expediente en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Mario Alberto Herrera Hernández y Oscar Gutiérrez Camarón recibieron una amonestación privada que fue notificada al titular del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud estatal y no se dan más detalles de ambos casos; sólo se sabe que los casos iniciaron el año pasado.