Por no garantizar la vida de dos internos en los separos ni de un detenido, la CDH emitió recomendaciones a las Comunas de San José Acateno, Tepango de Rodríguez y Acatlán de Osorio; a la de San Gabriel Chilac la evidenció por permitir el corte de agua en casa de un habitante.
De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), los hechos se acreditaron, en el caso del primer municipio, en junio de 2016; el segundo, en 2017; el tercero, en junio del año pasado y el último, en abril del presente año.
En el caso del ayuntamiento de San José Acateno, que encabeza Edgar de Jesús Murrieta Navarro, asentado con la recomendación 8/2019, fue por acreditar la violación a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, legalidad y libertad de una persona.
Lo anterior porque del análisis hecho en el expediente 3303/2016 se detectó que elementos de la policía municipal detuvieron a una persona, sin embargo, no fue puesta a disposición del juez calificador o agente del Ministerio Público y a pesar de ello fue ingresado a los separos de la comandancia y horas más tarde fue encontrado sin vida.
Ante esto, el organismo autónomo calificó que hubo omisión de los policías, pues tenían que haber dado certidumbre jurídica a su intervención y poner a disposición al detenido, a fin de que se realizaran las investigaciones correspondientes.
Hizo énfasis en que, si bien la muerte de la persona detenida derivó de una autoagresión, no exime de responsabilidad a los servidores públicos municipales, ya que ellos tenían a su cargo el resguardo de la persona y particularmente la obligación de salvaguardar su integridad y salud.
Por ello, la CDH catalogó que los policías municipales excedieron sus facultades al realizar una detención de manera arbitraria y sin sustento legal, e incumplieron la obligación que tienen de preservar la integridad física de las personas detenidas, derivando en su fallecimiento.
Derivado de esto emitió las siguientes recomendaciones: que la Comuna proporción a los familiares directos atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas provocadas por los hechos descritos; realice la reparación de los daños y se instruya al personal de seguridad para que se sujete su actuar en lo que compete a su actuar.
Además de que se capacite a los policías en el respeto y protección de los derechos humanos, se colabore con la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar la carpeta de investigación por las omisiones competidas y, que a través de la Contraloría, se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa.
En Acatlán, policías fueron omisos en la custodia
En el caso del ayuntamiento de Acatlán de Osorio, que preside María del Carmen Nava Martínez, se emitió la recomendación 9/2019 luego de que se acreditó la violación al derecho humano a la vida contra una persona.
La CDH informó que con las evidencias recabadas en el expediente 3643/2018, los elementos de la policía municipal de aseguraron una persona que fue ingresada a una celda de la comandancia, pero no la dejaron bajo custodia de algún servidor público, no se le retiraron sus pertenencias a su ingreso y horas más tarde fue encontrada sin vida.
Si bien es cierto que no la muerte pudo derivar de una autoagresión, los elementos policiacos no aplicaron los protocolos de atención y medidas de seguridad necesarias, acreditándose la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida.
Por ello se les emitió las recomendaciones de proporcionar a los familiares directos de la persona detenida atención psicológica para superar las secuelas de los hechos; se proceda a la reparación de los daños causados daños y se instruya al personal de seguridad para que se sujete su actuar en lo que compete a su actuar.
Así como se capacite a los policías en el respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, se coordine con la FGE para integrar la carpeta de investigación y a través de la Contraloría se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados.
En Chilac violaron el derecho humano al agua
En tanto, se emitió la recomendación 10/2019 al ayuntamiento de San Gabriel Chilac, que encabeza Maricela Martínez Rodríguez, tras acreditar que personal de la Comuna vulneró los derechos humanos de petición, a la seguridad jurídica y al agua.
Esto, luego de que en abril de este año un ciudadano acudió a presentar una queja debido a que integrantes del comité del agua potable, sin notificación alguna, se presentaron en sus dos domicilios para cortarle el suministro del vital líquido sin argumentar el motivo de ello.
Sin embargo, funcionarios de la Secretaría General del ayuntamiento, al atenderlo, le dijeron que no podían hacer algo al respecto, ya que el municipio se rige por usos y costumbres y que se tenía que acatar lo que determinó el comité.
Por ello, la CDH integró el expediente 2445/2019 en el que emitió las recomendaciones siguientes: se brinde respuesta al escrito presentado por el quejoso; se reinstale de manera inmediata el suministro de agua, sin importar si existen adeudos y a través de la Contraloría se inicie un procedimiento administrativo de investigación.
Además de que se diseñe un mecanismo para ofrecer en la demarcación, como un servicio municipal, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales y se binde al personal capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, en específico sobre los derechos de petición, seguridad jurídica y agua.
Detención ilegal y omisión de policías en Tepango
En 2017 personal del ayuntamiento de Tepango de Rodríguez ingresó a los separos de la comandancia municipal a un ciudadano que estaba en estado etílico, sin embargo, éste perdió la vida al interior de los mismos, por lo que la CDH le emitió una recomendación.
De acuerdo con información de la CDH, los funcionarios municipales de esa demarcación, el suplente del entonces alcalde fue el que encontró sin vida a la persona privada de su libertad horas después de haber sido remitida.
Tras esto, el organismo autónomo, integró el expediente 4802/2017 en el que determinó que el dictamen médico legal de levantamiento de cadáver y la necropsia que se le aplicó al occiso arrojó que la causa de muerte fue patológica.
Detalló que esto no exime de responsabilidad a los servidores de la dirección de Seguridad Pública, debido a que tenían a su cargo el resguardo de la persona detenida y, en consecuencia, tenían la obligación de salvaguardar su integridad personal y vida.
La CDH refirió que la autoridad municipal fue omiso al no implementar las medidas necesarias para vigilar a las personas bajo su custodia, entre ellas retirar las pertenencias con las que pudiera agredir a otros detenidos o infringirse alguna autoagresión.
Además de que hubo la detención de la persona fue arbitraria e ilegal, ya que lo hicieron sin que constituyera una falta administrativa que fuera sancionable con el arresto en los separos municipales y tampoco medió un procedimiento administrativo.
Por lo anterior, se acreditó que los policías municipales no cumplieron con una efectiva protección, violando los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica y legalidad, por lo que se le remitió a la autoridad en turno la recomendación 11/2019.
Comuna debe reparar los daños
De esa manera, la alcaldesa Mireya González Pérez debe proporcionar a los familiares directos del occiso atención psicológica para rehabilitación y superación de las secuelas; reparación de los daños causados por los prejuicios y pérdidas materiales que hayan tenido y se instruya al personal de seguridad para que se sujete su actuar en lo que compete a su función, a fin de que no ocurran hechos similares.
Así como se capacite a los policías en el respeto y protección de los derechos humanos, se colabore con la FGE para integrar la carpeta de investigación por las omisiones competidas y a través de la Contraloría se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Con estas recomendaciones suman 11 las que ha emitido la CDH en lo que va del año, de los que dos han sido para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras que las otras cinco fueron para los ayuntamientos de Chietla, Chiautla de Tapia, San Pedro y San Andrés Cholula y Chiconcuautla.
