Con la declaratoria de asunción total de la elección para gobernador, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado el banderazo de salida a los preparativos de la que tendrá lugar el dos de junio. Los organismos electorales locales –IEE y TEEP- han sido excluidos de toda participación. Pesa sobre ellos una condena moral generalizada debido a la parcialidad que mostraron al cubrir la del uno de julio. Que el INE declare públicamente que la violencia electoral de 2018 no se repetirá en Puebla, implica una descalificación adicional al trabajo realizado por aquellos. Lo extraño y desconcertante de esta coyuntura es el hecho de que, aún sin haber arrancado ni siquiera la etapa de precampaña, las encuestas de preferencia –El Universal, Mitofsky- así como la opinión de un vasto número de analistas políticos, señalen que la próxima elección de gobernador la ganará Morena, sea quien sea el candidato.
La lógica simple indica que algo no está funcionando, no cuadra, o no se puede comprender, si se considera que apenas el 8 de diciembre pasado el Tribunal Electoral federal validó la elección del uno de julio de 2018, en la que las cifras oficiales dieron la victoria a la abanderada panista por más de cien mil votos sobre el candidato de Morena. Cifras que fueron “seis veces recontadas” como gustan de presumir los voceros de esa fuerza política. Han transcurrido apenas dos meses y parece estar sembrada suficientemente la percepción social de que Regeneración Nacional arrasará la elección. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la elección de gobernador del uno de julio pasado?
La abanderada de la coalición Por Puebla al frente, el día 15 de diciembre, asumió el cargo de gobernadora en calidad de triunfadora de la elección más controversial en la historia de Puebla, por decisión dividida de 4 por 3 votos de los magistrados del tribunal, concluyendo una disputa de casi medio año. Luego sobrevino la fatalidad del 24 de diciembre, dando lugar a una situación de excepción en la que un interino llama a nueva elección para gobernador. ¿En dos meses cambió la preferencia electoral de los poblanos? ¿Somos un electorado veleidoso? ¿O la teoría del fraude electoral está retomando su camino? El contraste entre los resultados de la elección presidencial, de senadores, diputados federales y locales, y presidentes municipales en los que por abrumadora mayoría había ganado Morena; y el resultado que las cifras oficiales arrojaban para el cargo de gobernador, dando como triunfadora a la candidata de Por Puebla al frente, no encontró una explicación satisfactoria.
Una duda ensombreció el ambiente político poselectoral: ¿Cómo le hicieron para ganar?, en un escenario dominado ampliamente por el lopezobradorismo. La impugnación legal de la elección fue encaminada a resolver esa incógnita. El Tribunal Electoral local no ayudó en nada a despejarla, al ignorar los cuestionamientos que planteó la coalición Juntos Haremos Historia y ratificar la resolución sobre la ganadora. El conflicto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia para desentrañar lo sucedido en la elección. Los argumentos y medios de prueba parecían suficientes para acreditar la existencia de diversas anomalías antes, durante y después de la elección que hacían muy probable su anulación y el llamado a una nueva.
A principios de diciembre, el magistrado José Luis Vargas hacía público un proyecto de resolución que proponía anular la elección para gobernador fundándose en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral, demostradamente manipulado por los integrantes del Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, al momento de la votación pública del asunto en sesión de 8 de diciembre, un voto, el de la presidenta Janine Otálora determinaba, mediante un argumento jurídico digno del olvido, avalar el triunfo de la morenovallista. Se hizo oficial la diferencia de sufragios entre la ganadora y el segundo lugar por más de cien mil votos. Fue la decisión, final e inatacable, que puso fin al litigio electoral del que mucho se dijo, dividió a los poblanos hasta la polarización. Con júbilo de unos, rechazo de otros y mucha templanza social, por fin había gobernadora constitucional.
El 25 de diciembre, un presunto funeral de estado fue convertido en mitin político; y para el 21 de enero el Congreso local eligió a Guillermo Pacheco, de filiación priista, como gobernador interino con el voto aprobatorio, incluso, de los diputados del PAN y sus aliados. En días posteriores a la ausencia física de la gobernadora y su esposo, el morenovallismo empezó a mostrar síntomas de descomposición y un repentino resquebrajamiento. El retiro de personajes emblemáticos, descartes a participar como candidatos en la contienda por la gubernatura, reprimendas a diputados por apoyar al priista como interino, hasta llegar a la purga que culmina con la renuncia del coordinador de los diputados a la militancia en el partido.
Algo está haciendo volar la imaginación. Tres hechos están adquiriendo inusitada relevancia para el PAN poblano: La renuncia de Janine Otálora a la presidencia del Tribunal Federal electoral; la sugerencia interna de no participar en la próxima elección; y los resultados de los primeros sondeos electorales. Como secuela de la crisis desatada tras la polémica resolución de la elección en Puebla, y acusada de manipular tiempos en el manejo jurisdiccional de los expedientes, romper el principio de búsqueda del equilibrio en el tribunal y generar divisiones; Janine Otálora renunció como presidenta de ese tribunal el pasado 23 de enero argumentando “motivos personales”. Circula un rumor:<<Hay una versión interna que se maneja en el mismo Tribunal que afirma que el fallecido Moreno Valle mandó operadores a “ofrecer” hasta 100 millones de pesos por cada voto de los magistrados, en una operación de hasta 700 millones de pesos. Nadie puede probar si ese dinero se entregó o no, pero lo cierto es que la apretada votación y los cambios de última hora en el sentido del voto de algunos magistrados, terminaron dándole una mayoría de 4 a 3 al triunfo panista>>. (Salvador García Soto, El Universal, Serpientes y escaleras, 4 de febrero).
Por otro lado, se sabe que al interior del PAN “existen voces de algunos militantes que han pedido no competir en la elección extraordinaria”; la sugerencia completa se hizo para las elecciones de Baja California y Puebla, donde la ventaja de Morena es de 3 a 1, y 2 a 1, en cada caso. Finalmente, en los sondeos que empiezan a publicarse, se describe que Morena encabeza las preferencias electorales en Puebla con 44 por ciento de intención del voto, mientras que el PAN alcanza 14.5 por ciento. (El Universal, 6 de febrero). ¿Qué pasó? Por honestidad, prudencia y congruencia políticas, el PAN y sus aliados están obligados moralmente a decirle a los poblanos la verdad sobre la elección pasada. La deben.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 08 de febrero de 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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