¿Cuántos abogados saben que el nuevo sistema de justicia penal es un producto importado por el gobierno de Felipe Calderón a través del acuerdo bilateral denominado “Iniciativa Mérida”, y que ésta es la razón por la que su inclusión en la Constitución Política en 2008, su institucionalización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, su puesta en práctica mediante la creación de la infraestructura material –casas de justicia- y su instrumentación a través de la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y abogados en México es promovida por USAID, una agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿Cuántos conocen que el contenido de este acuerdo busca, como el más importante de sus objetivos declarados, “institucionalizar la capacidad para mantener el estado de Derecho” en México? ¿Qué significado político le dan a que un organismo extranjero venga a México a desarrollar esa “capacidad” y que el gobierno lo aceptara? ¿Y cuáles creen que son las circunstancias concretas que habrían justificado la implantación en México de un sistema de justicia penal propio del derecho anglosajón?
Según la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, <<El Programa de Correcciones de la Iniciativa Mérida brinda asistencia a las prisiones de México para obtener la acreditación internacional. Desde 2011, un total de 20 instalaciones, nueve federales y nueve estatales, han recibido dicha acreditación>>; <<La Iniciativa Mérida ha destinado 24 millones de dólares en entrenamiento y equipo para los programas de investigación de antecedentes penales, asuntos internos y el kardex policial. Estos programas constituyen un gran esfuerzo por parte del gobierno mexicano para erradicar la corrupción y construir instituciones confiables>>; <<La Iniciativa Mérida ha asignado más de 247 millones de dólares para apoyar a México en la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal. La amplia gama de proyectos incluye intercambios entre procuradores de justicia estatales, asesorías para laboratorios forenses, entrenamiento, certificaciones, acreditaciones, equipo y seminarios para estudiantes y profesores de la carrera de leyes>>; <<La Iniciativa Mérida proporciona asistencia para profesionalizar a las instituciones mexicanas de aplicación de la ley a nivel municipal, estatal y federal, así como para aumentar las capacidades de sus unidades especializadas de investigación. Esta asistencia cubre una amplia gama de entrenamiento, incluido el desarrollo de instructores para las academias de policía federal y estatal; cursos de liderazgo y supervisión y habilidades policiacas básicas. Alrededor de 5 millones de USD se han invertido en mejoras a la infraestructura y donaciones de equipo para academias en cinco estados y se tienen contempladas un mayor número de donaciones tanto para las academias federales como estatales>>.
¿Es una neocolonización? ¿Los mexicanos somos incapaces de diseñar un sistema de justicia acorde con nuestras cultura y tradición jurídicas, garante de nuestras necesidades sociales, y respetuoso de los derechos humanos? ¿Carecemos de los recursos humanos, intelectuales y materiales para ello? ¿Cómo estamos juzgando la transición a juicios orales y al sistema legal acusatorio? ¿Es un hecho positivo y benéfico o, en realidad, nos encontramos en presencia de la globalización -como imposición imperial- del sistema judicial de Estados Unidos en América Latina? Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio de Abogados de Chihuahua ha sostenido: <<Así como en el comercio globalizado se quiere un mundo donde en todos lados haya un McDonalds, un Applebees, un Home Depot, un Walmart, un Sams, igual se quiere que los tribunales sean iguales a los de Estados Unidos, para que cualquier despacho de abogados de Estados Unidos perfectamente pueda operar en EUA, en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, etcétera>>.
Esta exportación de su sistema judicial hacia otros países, configura una parte fundamental de la política exterior estadounidense. ¿Cuál sería el objetivo? Según Gian Carlo Delgado Ramos y Silvina María Romano, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida pueden entenderse como dos casos más de la intervención estadounidense en Latinoamérica. <<En el nombre de proteger su seguridad nacional, EUA promueve políticas que le favorecen en los países elegidos. Esto no sólo es una contribución a los procesos históricos de expoliación, saqueo, explotación y transferencia de riqueza de Latinoamérica, sino que conduce a la reorganización de las relaciones internas de poder entre grupos civiles y militares en las naciones donde se implementan estos programas>>.
¿Por qué EU invierte dinero para mantener el Estado de Derecho en México? <<De los 400 millones que Estados Unidos se comprometió a gastar en seguridad en México, 73.5 millones se destinaron a financiar la reforma judicial, la construcción de instituciones y el Estado de Derecho; estos rubros de la Iniciativa Mérida son de vital importancia, pues conjuntan seguridad y economía en lo que posiblemente es una de las mayores innovaciones del Plan Colombia: la militarización de la ayuda y el destino del dinero antidrogas hacia la creación de políticas de inversión y regulaciones jurídicas más amigables…con la transformación del ambiente de negocios>>. <<Sobran las formas en las que EUA está involucrado en los cambios políticos en México desde que Peña Nieto fue electo presidente en julio de 2012, incluyendo las reformas energética, financiera, fiscal, laboral, política, educativa y en telecomunicaciones>>.
El corolario de todas estas acciones de Estados Unidos en México se centraba en el impulso a la reforma educativa de Peña Nieto, puesto que en ella descansaba el destino final de esta modalidad de intervención extranjera. En el periódico Financial Times, se escribía: <<Las apuestas son altas cuando se trata del sistema educativo mexicano y el sector corporativo estadounidense en particular tiene muchos intereses invertidos en la innovación y educación en México. Con un México capaz de proveer a las compañías de EUA con mano de obra joven, calificada y barata, y con un EUA capaz de jugar un rol potencialmente crucial en la transferencia de tecnología y conocimiento práctico a su vecino del sur, claramente hay muchas oportunidades para que ambas administraciones promuevan una mayor integración económica>>.
Éste era el proyecto político de los gobiernos del PRIAN: la integración económica con EUA sobre estas bases. Sostener las siete reformas de Peña Nieto significaba “mantener el Estado de Derecho”. Para hacer rentables sus inversiones y negocios, los capitalistas extranjeros podrían recurrir, incluso, a sugerir la comisión de delitos; el nuevo sistema de justicia penal les daba la posibilidad de superar esos escollos. (Nota: Las citas textuales son crédito de: Paley, Dawn Marie, Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo, edición de Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra, México 2018).
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de enero de 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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