Matanza en Minatitlán
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 13 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año– el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen, sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.
Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto, que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.
Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de Los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.
Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.
Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de acuerdos en los circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
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Morena y el Verde buscan resucitar la tenencia
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que Morena ya cuenta con el primer aliado abierto para devolverle al gobierno federal la recaudación fiscal de la tenencia vehicular, pues el Partido Verde en la Cámara de Diputados se mostró en total apoyo a la propuesta que impulsará la mayoría parlamentaria —según lo dejó ver la semana pasada el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena)— para “rescatar las finanzas públicas” con el cobro de este impuesto a nivel federal. Y no solo eso, el PVEM también propondrá que las aplicaciones móviles de entretenimiento y transporte privado también cuenten con un gravamen, “como se les aplica en algunos países de Europa”, de acuerdo con el Verde Ecologista. Vamos a ver cómo avanza esta propuesta de federalizar la tenencia, y si convencen a más partidos o les pasan la aplanadora.
Yalitza Aparicio reaparece en el Senado
En el Senado de la República la Comisión de Asuntos Indígenas ya se encuentra afinando los últimos detalles para entregarle a Yalitza Aparicio y a Nancy García un reconocimiento por su aparición en la película Roma, en donde hicieron uso de la lengua Tu’ un Savi, esto en el marco de la Semana Cultural y de las Lenguas Indígenas. Nos hacen ver que algunos senadores acudirán solo por la foto del recuerdo con la actriz nominada al Oscar, aunque ni siquiera hayan visto el largometraje del cineasta mexicano Alfonso Cuarón o no entiendan nada sobre culturas nativas.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que mucho trabajo le espera luego de las vacaciones de Semana Santa al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues retomará sus labores de cabildeo para tratar de sacar, a 10 días de concluir el periodo ordinario de sesiones, los pendientes de dictamen y, en su caso, aprobaciones tales como la reforma laboral, la educativa y las leyes reglamentarias de Guardia Nacional. ¡Uff!, a ver cómo le va.
Que el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, impulsará mañana martes en San Lázaro un punto de acuerdo para que pacientes con retinopatía y edema macular diabético reciban atención prioritaria, dado que estas enfermedades son las principales causas de ceguera en la población mexicana con diabetes.
Y es que a raíz de su experiencia como paciente con debilidad visual, busca generar conciencia para atender de manera adecuada dicha problemática y con ello evitar complicaciones subsecuentes.
Para esto cuenta con el apoyo de Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Salud; Juan José Irazábal, presidente de la Federación Mexicana Diabetes; Sergio Hernández da Mota, de la Asociación Mexicana de Retina, y de Abel Ramírez Estudillo, de la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética.
Que al Grupo Renovación del Partido Revolucionario Institucional no le quedó otra alternativa que hacer el deslinde del candidato con el ex mandatario estatal Mario Marín Torres, prófugo de la justicia federal, medida que intenta paliar el grave daño que le ha causado el caso a la campaña por la gubernatura.