Cartas a Gracia
El domingo 6 de enero Gracia, tres días después de la modificación de la página web que elimina la síntesis de prensa y la emisión de los boletines mediante los que se reseñaban las actividades institucionales y las del encargado de despacho de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán responsable en turno de la dependencia, envía un mensaje a niñas, niños, maestras y maestros -través de Twitter-, mediante el que les da la bienvenida al segundo semestre de actividades escolares correspondientes al ciclo escolar 2018-2019. Refrenda un viejo discurso y señala que ahora sí, por primera vez en la historia de la educación (en México), las niñas y los niños serán el centro de atención de todo el sistema educativo y que así se plasma -aunque no de manera literal- en la iniciativa que modificaría los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales; al personal docente le promete nuevamente -como lo hicieran sus antecesores- abatir la enorme carga administrativa que les distrae de sus labores docentes y a los directivos del suyo. En el mismo mensaje anuncia la formación de una academia de directores y supervisores; no obstante que Esteban de repente desbarre y utilice la terminología empleada por la anterior administración (aunque provenga de la Unesco).
Temas que deberemos incluir en una agenda a la que daremos seguimiento y que platicaremos por los medios digitales acostumbrados, incluidos “los ejes básicos” (delineados por Esteban) que serán retomados -seguramente- en el programa sectorial de educación. Esbozados el 12 de diciembre, los ejes reconocerían a la educación como un “derecho y no un privilegio de unos cuantos”, premisa establecida en el Objetivo 4 de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Unesco que pretende: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Personalmente no conozco a nadie que externe un desacuerdo con esa premisa, pero sí las ansias por formar un ejército de mano de obra competente -“antes calificada”- mediante “la adquisición de habilidades para trabajar”, proclive más al servicio de las empresas transnacionales que al desarrollo social y humano. Todos tenemos derecho a recibir educación, independientemente de raza, credo, condición política y económica, edad; y el Estado debe garantizar el acceso a una educación, ahora de excelencia -antes de calidad-, equitativa e inclusiva y más, si consideramos que al revisar las cuentas, encuentras deudas impresionantes con grupos vulnerables que padecen una condición de rezago histórico en cualesquiera de los niveles educativos. Cierto Gracia y coincido contigo, el derecho a una educación de excelencia, equitativa e inclusiva, es un derecho limitado por las condiciones económicas (nivel de pobreza), sociales (escolaridad de los padres), por origen étnico y muchas otras variables. Garantizar el acceso universal a la educación sería un acto de justicia social plasmado en el tercer párrafo de la iniciativa de reforma entregada a la Cámara de Diputados por el titular del ejecutivo federal, el 12 de diciembre de 2018 y que a la letra reza: “En las niñas, niños y jóvenes, radica el interés supremo de la impartición de educación por parte del Estado para el bienestar, asumiendo el magisterio su función de agente primordial de la transformación social”.
Destacan también Gracia, otras coincidencias entre los ejes del plan educativo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; concuerdan en algunas de “las razones de la falta de una educación de calidad […] la escasez de profesores capacitados”, y la otra, en la garantía para acceder “a un sistema permanente de actualización y formación continua” con el que se lograría mediante la emisión de “lineamientos relacionados con la formación y la mejora continua del magisterio”; facultad que se otorgaría al organismo que sustituiría al INEE, como plantea la fracción IX de la iniciativa de reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. La Agenda 2030 se refiere también a las pésimas condiciones en las que se encuentran las escuelas en muchas zonas del orbe (especialmente de las zonas rurales) lo mismo que de la mayoría de las 120 mil escuelas de educación obligatoria que existen en la República -acotaríamos-, cuyo diagnóstico correspondería también al “Centro con autonomía técnica que contribuya a la mejora continua de la educación” (Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación) y que debería ser acompañado por una partida presupuestal correspondiente al mantenimiento y reparación de los edificios escolares, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; recurso que brilla por su ausencia en la Ley de Egresos 2019.
No paran Gracia; mientras que la Agenda establece que “para que se brinde educación de calidad a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas”, la actual administración anuncia la creación del sistema de becas “Benito Juárez” orientado a jóvenes para evitar la deserción escolar, lo mismo que el que el diseño de políticas públicas que otorguen desayunos a niñas y niños en condiciones de pobreza.
A pesar de las coincidencias entre los objetivos de la Agenda, la iniciativa de modificación a los artículos vinculados a la educación y a los ejes rectores que incidirán en la formulación de las políticas públicas, ignora y desecha la vinculada a la extensión del “aprendizaje en la primera infancia” (educación inicial) que se encuentra contemplada en la fracción IV de la redacción actual de Artículo 3º constitucional, cuando se refiere a la obligación que adquiere el Estado para promover y atender “todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la superior” y contempla -a pesar de esta última omisión-, una nueva propuesta curricular que sustituiría al caduco “Nuevo Modelo Educativo” y haría énfasis en la incorporación de asignaturas que fortalecerían conocimientos, valores e identidad nacional. Ojalá y no todo quede solo en promesas.
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