Programa de radio 22 Mayo
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Diputados, autoridades y actores políticos de diferentes partidos, incluyendo de Morena, pese a que su discurso es el de la desprivatización del agua, realizan negociaciones con la empresa Agua de Puebla (Concesiones Integrales) argumentando que buscan beneficiar a ciudadanos con costos más bajos en el servicio que pagan.

Entre ellos está el diputado federal Saúl Huerta Corona, quien en el discurso asegura estar en contra de la concesión de agua que tiene Concesiones Integrales, pero en una reunión que organizó en la colonia Constitución Mexicana, al sur de la ciudad de Puebla, previo a su primer informe de labores, invitó a los directivos de la empresa, Héctor Durán Díaz y Marisol Aguilar Sánchez, con la justificación de acercar sus servicios; sin embargo, ante las críticas de los ciudadanos se tuvieron que retirar.

Y es que no es para menos, pues aún hay calles del municipio de Puebla en esa zona que ni siquiera cuentan con red hídrica o drenaje, además de la escasez de agua y su mala calidad.

Asimismo, operadores de la regidora Rosa Márquez Cabrera gestionan la regularización de pagos de ciudadanos con quejas de cobros excesivos por parte de la concesionaria, pese a que también su discurso es por la desprivatización del servicio.

El problema es que la empresa Agua de Puebla basa su estrategia en buscar obtener el mayor ingreso posible y lo logra con quien se deje. Propone firmar convenios, pero cualquier error que cometa el ciudadano, le sirve para no tomar en cuenta pagos hechos, dejándole la misma deuda o hasta una más alta que con la que empezó.

Además, la firma le vende dicho adeudo a despachos de abogados, mismos que reclaman posteriormente hasta cuatro veces el monto inicial.

En tanto, cuando la empresa hace la inspección de cualquier toma de agua, busca justificar el cobro más alto que puedan recaudar del usuario, de acuerdo al estrato económico que cree que tiene.

Ciudadanos que han tenido inspecciones por parte de trabajadores de Agua de Puebla atestiguan que los enviados por la empresa llegan “amablemente” buscando si hay fugas en las cisternas e investigando cuántos baños tienen o hasta cuántas llaves hay en la vivienda con el fin de justificar los altos cobros.

 

Sin demostrar adeudos

Hay que decir que la mayoría de personas que tiene adeudo con la empresa, no es que se niegue a pagar, sino simplemente la dirección comercial no acredita el cobro que tiene el usuario.

Por su parte, regidores del ayuntamiento de Puebla se reúnen con directivos de la concesionaria para hacerles una propuesta de tarifas más bajas; sin embargo, no tienen la figura jurídica para concretar ello, pues es una tarea del Congreso local.

Además, pese a que se han documentado cobros excesivos por los servicios de agua y drenaje y el de factibilidad, que muchas veces se vuelve impagable, así como miles de cortes al mes, a los representantes populares les ha faltado evidenciar más ello.

Cabe mencionar que las regularizaciones de pagos también han sido gestionadas por diputados locales, ediles auxiliares y hasta presidentes de colonias de la llamada Cuarta Transformación y el problema no es que lo realicen, sino su incongruencia al manejar el discurso de la desprivatización, pero al mismo tiempo buscar acuerdos con la empresa que tiene privatizado el servicio.

Y es que aunque pueden argumentar que es lo único que queda, el problema son las prácticas “leoninas” de la empresa, que al final permiten.

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Fundadora y directora editorial del portal de noticias Ángulo 7. A los 14 años decidió que quería dedicarse al periodismo. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue becada...