El problema central que atraviesan los países de América Latina estriba en lograr una definición sobre el modelo de organización social a seguir, quién lo establece, cómo se determina el sentido de justicia distributiva en la base económica nacional, cuál es el tipo de régimen político sobre el que debe descansar, y si tales definiciones han de lograrse por mandato de voluntad popular expresada en urnas o mediante autoproclamación de individuos con respaldo de fuerza militar. Son caminos opuestos. El surgimiento de la segunda –Guaidó en Venezuela- demuestra que este método es expresión llana del desprecio a la democracia que guardan las oligarquías nacionales asociadas con los intereses económicos y políticos más salvajes de Estados Unidos. La razón de este desprecio parece sencilla: la brutal concentración de la riqueza social en pocas manos cuyo reverso es la extendida pobreza o, de plano, la miseria material de grandes mayorías sociales convierte a la prerrogativa constitucional de poder votar y ser votado para la ocupación de cargos públicos y al principio de igualdad de los individuos ante la ley que se traduce en que a cada ciudadano corresponda un voto, en una desventaja numérica electoral insuperable para las minorías de élite que controlan la economía en cada país. La democracia en su significado tradicional de poder del pueblo se constituye, en esta etapa de capitalismo feroz llamada globalización, en el obstáculo inmediato por vencer pues en ello fincan la preservación del dominio político, económico y social que, por siglos, han ejercido las élites dominantes.
El derrocamiento de Evo Morales seguido de la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidente de Bolivia confirma plenamente la teoría expuesta revelando de manera cruda y vulgar que para conseguir la destrucción de la democracia, como régimen político y estructura jurídica, las oligarquías y el imperio estadounidense llevarán a cabo los peores excesos de violencia. Los motivos esenciales para atacar a la democracia serían tres: uno, la permanencia del capitalismo como sistema económico predominante exige del sostenimiento de tasas de explotación laboral que, a la vez que satisfacen las necesidades de acumulación de capital requeridas por las oligarquías y el imperio, arrojan a enormes cantidades de población trabajadora al desempleo o al trabajo precario como condición necesaria del abatimiento de los salarios; dos, el acceso rápido, seguro y directo al control de los recursos naturales de cada país requeridos por las grandes corporaciones industriales de los países desarrollados que fomentan la globalización, está en el control del Estado puesto que las constituciones políticas establecen el dominio de las naciones sobre los recursos naturales de sus territorios y la facultad del Estado para cederlos a particulares constituyendo la propiedad privada; tres, obtener el control del dinero público por las oligarquías locales como fuente de acumulación originaria.
En estas circunstancias las élites económicas requieren instalar al frente de los gobiernos nacionales a personeros fieles a sus intereses facciosos. Esta necesidad es la que ven obstaculizada por la mayor conciencia social de los pueblos y el sistema de democracia que confiere un voto a cada ciudadano en la elección de aspirantes, especialmente, a la jefatura del Estado. Para vencer ese obstáculo los dueños del capital hacen funcionar su poderío económico, con sus inherentes maquinarias mediática y corruptora, para comprar voluntades al interior de las estructuras estatales, conseguir adeptos entre la población mediáticamente ideologizada y socialmente desclasada que sin una adecuada comprensión de los problemas nacionales o su desconocimiento, es presa fácil de perversos discursos de miedo con los que se le atemoriza predisponiéndola contra gobernantes que antes eligió en las urnas.
Para nadie es un secreto que atendiendo a logros y números en el manejo de la economía de Bolivia, Morales es calificable de buen presidente; sin embargo, ahora ha sido derrocado acusándole de fraude electoral. La Misión de Observación Electoral de la OEA dice haber advertido “serias irregularidades” en la elección que cuestionan el triunfo de aquél, y los adversarios sostienen que el fraude ha sido “evidente”. ¿Cuál de los dos asertos fue planteado y demostrado ante autoridad competente que juzgara el caso? Ninguno. Un estudio practicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR), institución con sede en Washington DC, señala que “la misión [de la OEA] no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o “difícil de explicar”. En su informe sobre el análisis de la elección el CEPR encontró: a) el conteo rápido al 83.85 por ciento de los votos dio como inmediato ganador a Morales con victoria de más de 10 puntos porcentuales; b) ni la Misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades sistemáticas o generalizadas en la elección; c) ni el conteo rápido ni el conteo oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales; d) el recuento oficial no se detuvo durante ningún periodo de tiempo significativo; y, e) no hay claridad sobre cómo las objeciones de la Misión de la OEA respecto al conteo rápido, afectarían al conteo oficial. (https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/12/estudio-muestra-que-no-hubo-fraude-en-boilivia-6845.html).
Con la renuncia “sugerida” por el mando militar y el exilio obligado de Morales, la unción de Áñez como presidenta interina ha sacado del centro de la discusión la imperiosa necesidad de aclaración sobre la limpieza de la elección trasladándola al plano del cuestionamiento sobre si en Bolivia hubo, o no, golpe de Estado; un terreno donde, sobre hechos consumados, la desvergüenza es tónica discursiva: “Yo sólo la sugerí”, “Morales se fue solo”, “Fue un autogolpe”. La intervención directa de las fuerzas armadas y la policía en el derrocamiento de un presidente legítimo, el uso de las armas para reprimir a la población que protesta pacíficamente, y el respaldo militar a una autoproclamada que se asume “presidente” por encima de la Constitución hacen recordar a la tiranía pinochetista impuesta por la fuerza de las armas, a costa de la sangre del pueblo chileno, para implantar el modelo neoliberal de economía que consiste en reducir al Estado al papel de policía y ser subsidiario en aquellos ámbitos de actividad económica que no interesan a la iniciativa privada, dejando a ésta la plena posibilidad de hacer negocio y lucrar en aspectos sociales esenciales: educación, salud, pensiones, vivienda, transporte, derechos de agua, etcétera; que generan el escenario mercantilista de los interminables abusos, la explotación sistémica de la gran mayoría y la destrucción de la naturaleza para conseguir el insultante enriquecimiento del uno por ciento de la población. En Bolivia, el objetivo del golpe no es la democracia sino la recuperación del poder político. La disyuntiva de América Latina es, voluntad popular o golpe de poder; democracia o fascismo; en una decisión que deben tomar los pueblos y las fuerzas armadas nacionales.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 17 de noviembre 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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