La derecha mexicana ha puesto a funcionar una pista de varios carriles para intentar recuperar el poder político perdido: uno, conformar un frente nacional anti-López, con los partidos PAN, PRI, PRD y “organismos de la sociedad civil” que coincidan en el diagnóstico de que “México está hecho un desmadre”, compartan el objetivo de ¡darle en la madre a la Cuarta Transformación!, y tengan pretensión en 2021 de un “Congreso plural donde nadie tenga mayoría”; dos, asustar a la población con el augurio de venezolanización del país: “Esto puede terminar en un Venezuela, que es precisamente el proceso, un Mesías iluminado que siente que lo sabe todo, que va a resolver todo”; según dice Vicente Fox; tres, enviar a ex privilegiados militares a externar mediáticamente posturas políticas antigubernamentales; cuatro, seguir operando contra el gobierno desde la Suprema Corte y los organismos autónomos.
Ha puesto en marcha una estrategia de confrontación abierta contra el Presidente de la República y su proyecto de transformación social, fraguada por las fuerzas del prian que se aglutinan, resguardan, y cobijan bajo el manto protector de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estrena grito de combate en sus mensajes de comunicación: El poder de la justicia. La nueva exigencia del ministro presidente Arturo Zaldivar de que la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) “debe venir de adentro y no ser impuesta por otros poderes” confirma que la Corte ya no se asume como parte integrante de la división de poderes bajo el principio de unidad del Estado, sino se erige como un poder paralelo que confronta al Ejecutivo e intenta minar al Legislativo en disputa del poder de la República.
De los vicios de corrupción que arrastra el PJF el nepotismo podría ser un mal menor, pero no único como lo presenta Zaldivar; el desprestigio social lo ha ganado al resolver asuntos que involucran cuestiones políticas y humanitarias de interés nacional, protegiendo oscuros intereses políticos y económicos, obras y personajes emblemáticos de la corrupción, hasta llegar a la ignominia del solapamiento como en el caso Ayotzinapa. Los ministros están siendo piezas de un ajedrez político jugado por manos de viejos y calculadores poderes fácticos que desde la sombra acarician la idea del golpismo como fórmula mágica que les devuelva el poder que los ciudadanos, en las urnas, le retiraron a sus partidos.
Un nuevo flanco de hostilidad hacia el Jefe del Ejecutivo ha sido abierto utilizando el espacio de poder de la SCJN. El Consejo de la Judicatura Federal promueve el encuentro denominado “Elaboración de guías de conducción de audiencias inicial, intermedia y juicio” como espacio de asesoría ¿jurídica? a cargo de la Embajada de Estados Unidos. El embajador Christoper Landau, al inaugurar el evento, pide “avanzar en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país”. Este sistema es un producto importado por el gobierno de Felipe Calderón a través de la “Iniciativa Mérida”; y es ésta la razón de su inclusión en nuestra Constitución Política en 2008; su institucionalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales; su puesta en práctica mediante la creación de infraestructura material –casas de justicia; y de su instrumentación a través de la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y abogados en México promovidos por la USAID, una agencia del Departamento de Estado, de Estados Unidos. Una especie de neocolonización jurídica.
La intervención inaugural de Landau despierta suspicacias: “Una nación estable, próspera, no puede ser un país con esta percepción de inseguridad y vulnerabilidad hacia los otros y hacia el poder; me parece que lo más importante para una sociedad es poder darle a su gente, a sus ciudadanos, la justicia, y no hay nada más importante para la justicia que un Poder Judicial independiente y que la población sepa que un ciudadano puede ganarle un caso al Estado”. En esta declaración aparecen algunas coincidencias entre: la caracterización diplomática de la “percepción de inseguridad y vulnerabilidad”, y la bandera política de la inseguridad pública que iza la oposición; la caracterización de un Poder Judicial “independiente”, y la actitud concreta que la Corte mantiene frente al Poder Ejecutivo; la pretensión manifiesta de que “un ciudadano” pueda “ganarle un asunto al Estado”, y el sinnúmero de resoluciones dictadas por el PJF con las que ha pretendido detener la obra política, material y de combate a la corrupción e inseguridad puestas en marcha por la nueva administración federal.
La posibilidad de ganarle un asunto al Estado siempre ha existido. Pero en un contexto de choque de poderes como se observa en México, no es lo mismo ganarle una indemnización, pensión o permiso; que la cancelación de un aeropuerto, una refinería, conseguir impunidad de los ladrones del erario o de responsables de crímenes de Estado, en la medida en que tales asuntos representan la disputa misma del proyecto nacional; entre caminar al futuro o retornar al pasado como si la elección de 2018 no hubiera ocurrido. La suspicacia proviene de la postura del ministro Javier Laynez quien “alertó sobre las intenciones de hacer una nueva reforma al sistema de justicia penal al que hay que darle tiempo para que muestre los resultados. Gran parte del problema es la percepción de la gente de que los cambios en la justicia penal no han funcionado…”. Así, Laynez minimiza el problema de la inseguridad pública en México y maximiza los alcances del nuevo sistema de justicia penal como herramienta para la procuración y administración de justicia que, para los mexicanos, se ha traducido en impunidad; es decir, en que la justicia no funciona.
Un país en que la estadística ha mostrado por años niveles de impunidad de 98 por ciento, acredita que la percepción de la gente en sentido de que la justicia penal no funciona es, a fuerza de números y la abrumadora nota roja diaria, correcta. Que a pesar de la existencia de este sentimiento colectivo la Corte pida tiempo para que el nuevo sistema penal muestre resultados tiene un trasfondo. Semillas de odio y violencia para rescatar el poder político perdido, están siendo sembradas. Una intentona golpista se basa en la ejecución de actos delictivos violentos contra un gobierno legítimamente establecido, mediante la acción de grupos irregulares. Si prospera, dichos actos no serán juzgados; si fracasa, sus autores podrán ser juzgados con ese sistema de justicia penal que la sociedad considera que no funciona. El terreno de la Corte está siendo arado para abrir surcos de injerencia extranjera e impunidad interior en los asuntos políticos del país. El neofascismo parece ser la alternativa que ofrece la derecha, siempre, salvo la mejor opinión que puedan tener nuestras fuerzas armadas.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de noviembre 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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