La Segob impartió las primeras capacitaciones a 56 servidores públicos de 20 ayuntamientos, para brindarles conocimientos y técnicas para el cumplimiento de las 45 medidas dictadas por la Conavim, como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVGM).
En representación del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel Valencia, inauguró la primera sesión dictada por la antropóloga Miriam Pascual Jiménez y que tuvo como sede la universidad Leonardo Da Vinci en el municipio de Tehuacán, en la que asistieron 26 funcionarios públicos de diez ayuntamientos de la región.
Por instrucciones del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, deberán participar funcionarios municipales de los 50 municipios integrados en la AVGM en los talleres.
En la primera sesión los participantes fueron servidores públicos de Ajalpan, Miahuatlán, Palmar de Bravo, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Tlacotepec, Tepanco de López y Zoquitlán, municipios en los que se aplica la declaratoria.
La segunda sesión, tuvo como sede el Centro Comunitario y de Participación Ciudadana en Izúcar de Matamoros, en la que se reunieron servidores públicos que hacen labores de prevención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atlixco, Chiautla de Tapia y Tepexi de Rodríguez.
En tanto que a la tercera sesión, que se celebró en el Complejo Universitario de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en Teziutlán, acudió otro grupos de servidores públicos de nueve municipios de la región, entre ellos Atempan, Hueytamalco, Libres, Oriental, San Salvador El Seco, Zacapoaxtla, entre otros.
Medel Valencia resaltó que las sesiones de capacitación forman parte del proyecto “Estrategias de Prevención y Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Puebla”, desarrollado por la subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, con el objetivo de capacitar a servidores públicos en temas como edad, lengua, diversidad sexual e incluso condiciones de discapacidad, para aplicar las medidas de combate a la violencia contra las mujeres.
