Parte 2 de 2
Decía Jean-Jacques Rousseau, en El Contrato Social, que “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo, si no transforma la fuerza en derecho y la obediencia en deber”. Sin duda, como sociedad hemos avanzado en la primera parte de la ecuación. El Estado mexicano cuenta con un andamiaje legal robusto que vela por las libertades y los derechos ciudadanos, en el marco de una república representativa, democrática, laica y federal.
El problema radica en que no hemos sido capaces de transformar la “obediencia” en “deber”, es decir, no hemos podido interiorizar del todo la observancia de la ley y hacerla parte del ethos del mexicano, ni hemos desarrollado el capital social y la confianza suficientes para construir una cultura cívica sustentada en la legalidad.
¿Cómo lograr que las personas, de manera autónoma y voluntaria, decidan cumplir con el marco legal, no por miedo a ser sancionados, sino porque es lo moral y éticamente correcto?
Pedro Salazar Ugarte (2005) ha iniciado la tarea de dimensionar los grandes retos de corto y mediano plazo en la construcción de una agenda por la legalidad y el Estado de Derecho en México. Una de las hipótesis que propone es que vivimos la “paradoja” de contar con un Estado social y democrático de derecho formalmente establecido, pero que no tiene la legitimidad suficiente para hacer efectivos los derechos consagrados en la Ley. Es decir, una “democracia que no ha sido capaz de enfrentar el rezago social y que busca dar vigor a su naturaleza ‘de derecho’, pero sin la legitimidad suficiente para utilizar la fuerza del Estado”.
El jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, sintetizó de manera sofisticada la relación entre legitimidad y legalidad de la siguiente manera: para el soberano, la legitimidad es la que funda su derecho y la legalidad la que establece su deber; para el ciudadano, la legitimidad del poder es el fundamento de su deber de obediencia y la legalidad del poder es la garantía central de su derecho a no ser oprimido.
Además de esta disociación entre legitimidad y legalidad, seguimos arrastrando algunos prejuicios que se han arraigado en el sentido común, como por ejemplo la creencia de que “México no es un país de leyes”, que “México no es un Estado de Derecho”, que “Los mexicanos no cumplen con la Ley”, que “Los mexicanos son corruptos por naturaleza” y que “Los mexicanos no son iguales ante la Ley”.
De todos estos “lugares comunes”, el último es el único que se apega plenamente a la realidad. “Formalmente ¾dice Salazar¾ somos iguales ante la ley, pero en la práctica recibimos un trato diferenciado… La desigualdad en los hechos y ante el derecho entre las personas es una diferencia devastadora… Detrás de la igualdad jurídica descansa una indignante y apremiante desigualdad económica que nos recuerda que nuestros rezagos siguen siendo estructurales”.
“Mientras nuestra sociedad —remata el autor— sea el reino de la desigualdad (económica, social, de facto jurídica) seguirá siendo cuna de la violencia, civil o política, privada o estatal”.
Sólo si combatimos la desigualdad en todos los niveles, habrá condiciones propicias para fortalecer la legitimidad del poder y el imperio de la Ley. Porque efectivamente, “una cultura de la legalidad democrática es una cultura de la igualdad en derechos que sólo florece cuando una base de igualdades materiales, educativas, etc., le dan sustento”.
Este es, desde mi punto de vista, el mayor reto de nuestro tiempo. Del éxito o fracaso en esta empresa, dependerá la viabilidad y la consolidación, de nuestro Estado social y democrático de derecho y, consecuentemente, la posibilidad de progreso y prosperidad de los mexicanos.
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