La absolución de los procesos penales a personas consideradas como “presos políticos” como lo propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta no es suficiente, pues también debe castigarse a los responsables para que haya una “verdadera justicia”.
Así lo señaló, en rueda de prensa, Carolina González Barranco, vocera del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y la Represión Social en Puebla, quien recordó que en el periodo morenovallista fue cuando más se cometió esta práctica y no “debe olvidarse así como así”.
Acompañada de Samuel Porras Rugerio, representante legal de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, la también académica de la Universidad Iberoamericana consideró que las personas procesadas por ser opositoras a un régimen político deben tener justicia, pues perdieron su tiempo, salud y dinero mientras estuvieron en prisión.
Por ello, reiteró que el decreto que anunció el mandatario hace días quedará “trunco” si no hay justicia total, es decir, castigo a quienes hicieron uso faccioso de la ley, como lo acusaron organizaciones durante la gestión panista.
Precisó que castigar a los funcionarios que participaron en la privación de la libertad, también se van a subsanar los daños cometidos contra personas inocentes, ya que muchos de los servidores públicos que participaron continúan en funciones.
Y es que, dijo, “el mensaje es muy claro”, pues si no existe justicia real, el victimario puede orillar a la víctima a vivir en una situación de constante vulnerabilidad e incluso replicar sus acciones en virtud de que nunca existe una consecuencia contundente que pueda frenarlo, por ello la importancia no solo de condenar los hechos, sino de garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Funcionarios siguen como si nada, acusa
González Barranco recordó que durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y el de Antonio Gali Fayad, más de 360 personas fueron vejadas en sus derechos humanos y perseguidas políticas, pues ninguna ley ni reglamento justificó las detenciones sin miramientos.
Tras esto, consideró que el fiscal con licencia Víctor Carrancá Bourget y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, fueron los principales operadores de las detenciones y represión, así como resaltó que Luis Maldonado Venegas (otrora Secretario General de Gobierno) y Moreno Valle ya fallecieron.
Sin precisar nombres, también exigió que se castigue a exfuncionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del periodo de Moreno Valle y Gali Fayad, así como jueces y agentes del Ministerio Público, pues “siguen vigentes como si nada hubiera pasado”.
Finalmente, puntualizó que entre los casos más representativos de la “represión” que hubo pisaron la cárcel están el dirigente de la organización “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, y Francisco Castillo Montemayor, así como los opositores a la construcción de gasoductos e hidroeléctricas y defensores de la tierra.
