Hasta diciembre de 2018 se registraron en Puebla, 402 perseguidos, reprimidos y procesados políticos, sobre todo de 2011 a 2017, por lo que activistas pidieron a los tres candidatos a la gubernatura que, el que gane, suspenda los casos y se repare el daño.
En rueda de prensa, Carolina González Barranco, del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, recordó que la cifra contempla la parte final del sexenio de Mario Marín Torres y las gestiones de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.
Detalló que 53 casos fueron heredados del marinismo, cuyos expedientes se abrieron contra pobladores de Huaxcaleca, Chichiquila y San Andrés Azumiatla por oponerse a que el gobierno priista ocupara sus tierras, de estos son 17 los que siguen vigentes.
Mientras que con el morenovallismo, periodo en el que más hubo con 344, 218 fueron víctimas de persecución política o se le abrió un proceso por parte de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
De esta última cifra, explicó la académica, 34 personas con perfiles heterogéneos que van desde estudiantes, comerciantes, comunicadores, académicos, jueces y ex funcionarios públicos fueron reprimidas por el hecho de mantener una postura crítica o de enfrentamiento con el gobierno estatal.
Agregó que en ese periodo 77 personas fueron detenidas, mientras que 47 más fueron detenidas y de esta cifra 28 fueron absueltos, pero de los demás se desconoce el estatus en que se encuentra su proceso actualmente.
Hay dos medios de comunicación
Además de que catalogan dos casos de medios de comunicación que fueron víctimas, El Heraldo de Puebla, el 16 de abril de 2015; y La Jornada de Oriente, el 5 de junio del mismo año, este último en el que desde la madrugada de ese se cayó la página, lo que coincide con la detención de cinco de los integrantes del comité que sufrieron algún tipo de acto violento.
En tanto, en el caso de Gali Fayad, al ser el que menos duró su gobierno, ya que fue de un año 10 meses que abarcó del 1 de febrero de 2017 al 13 de diciembre de 2018, es el que menos casos se registraron con cinco; de estos uno fue detenido y absuelto, mientras que cuatro más se consideraron perseguidos.
Ante esto, González Barranco comentó que oficialmente no tienen conocimiento si hay presos o no, ya que de acuerdo con sus datos todos fueron liberados, pero hay dudas sobre cuántos procesos están abiertos, así que consideró necesario que los candidatos a la gubernatura se pronuncien al respecto.
“La preocupación que tenemos es saber si estas prácticas autoritarias van a continuar con el nuevo gobierno que lo encabece, pues a horas de que terminen las campañas ninguno de los tres ha manifestado alguna postura al respecto”, pronunció.
Quien gane debe suspender procesos, piden
Por ello, pidió a Miguel Barbosa Huerta, de Juntos Haremos Historia; Enrique Cárdenas Sánchez, de PAN, PRD y MC, así como Alberto Jiménez Merino, del PRI, que cualquiera de los tres que gane se comprometa a suspensión de las acusaciones y todos los procesos abiertos y vigentes contra quienes ofrecieron resistencia a las políticas de Moreno Valle.
También, reparar los daños ocasionados como pedir perdón a nombre del estado de Puebla y, en su caso, compensar de la manera conveniente los agravios perpetrados por aquella administración.
Solicitaron que se comprometan a respetar la legislación vigente en la materia a nivel federal, pero promover la corrección de las modificaciones legislativas que en detrimento del interés ciudadano los gobiernos llevaron a cabo y que no hayan sido corregidas, como la Ley de expropiación Express, la Ley Orgánica Municipal y la Ley para proteger los Derechos Humanos y Regular el uso Legítimo de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Bala”.
De igual forma, pidieron que se comprometan a privilegiar el diálogo con las opciones diferentes a la que gane y procurar la corrección de las malas prácticas del poder Judicial, en particular de la FGE, que no lleva a cabo las tareas necesarias para frenar la delincuencia y “sí se especializó en reprimir la disidencia social”, además de que, acusaron, magistrados y jueces son igualmente corresponsables del desastre que existe en el estado en materia de seguridad pública y defensa de los derechos humanos.
