La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Más claro ni el agua. Los planes para la construcción del Tren Maya van avanzados, pero los intentan frenar quienes defienden intereses oscuros. Rogelio Jiménez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, institución encargada de construir la mega obra, al ser cuestionado sobre las versiones de Gabriel Quadri y Julia Carabias, quienes aseguran que se duplicará el costo de esta obra, señaló que esas afirmaciones son un problema político que lo único que busca “es joder” el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Voy a decirlo en palabras mexicanas, quieren joder, o sea son ganas de… es un problema político”, precisó. ¿El Imco por qué no se acercó a nosotros a preguntar cuáles son los parámetros de diseño, cómo se pone a adivinar, cómo se pone a inventar parámetros que no existen?”, dijo el funcionario. Así se las gastan los “especialistas”.
2. A romper el cochinito. El partido que dirige Yeidckol Polevnsky deberá reunir una buena cantidad de dinero para pagar las multas que le impuso el INE por incumplir en obligaciones de transparencia. Por unanimidad, magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF confirmaron diversas multas impuestas a Morena por el Consejo General del INE al haber incumplido en materia de transparencia y acceso a la información. Algunas de las infracciones del partido político destacan las omisiones de publicar los resultados de la dictaminación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2015; los cv’s con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia. Errores de primaria que les costarán una fortuna.
3. Un lustro de dolor. Al reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le advirtieron que se ha llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos, no se romperán los pactos de impunidad que impiden conocer el paradero de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, afirmó que se le pidió “proceder contra los responsables que manipularon, obstaculizaron la investigación y sembraron pruebas, concretamente, Tomás Zerón—entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR—”. Han pasado casi cinco años de aquella noche. Demasiadas dudas rondan la ahora mentira histórica.
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¿Autoatentados y montajes en Tamaulipas?
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en el gobierno federal han iniciado una investigación, a través de sus órganos de inteligencia y de seguridad, para acreditar si algunos hechos de violencia reportados recientemente en Tamaulipas y comunicados oficialmente por el gobierno del estado realmente ocurrieron o si se trató de montajes, autoatentados o incluso de “ejecuciones extrajudiciales”, tal como ya lo han denunciado organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y como lo investiga también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Fuentes federales confirmaron que la investigación iniciada en al menos dos áreas de seguridad federal, se refiere al supuesto enfrentamiento reportado el 9 de septiembre pasado por la mañana, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, y en donde según el parte oficial de la Policía estatal se enfrentaron agentes del estado contra delincuentes, en la confluencia de las calles 7 y 10, y producto de ese tiroteo hubo 8 presuntos integrantes del Cártel del Noroeste asesinados, cuyos cuerpos se encontraron en una camioneta blindada en el lugar. Ese “enfrentamiento”, junto con un tiroteo ocurrido ese mismo día en contra de la Torre Bicentenario en Ciudad Victoria, que alberga oficinas del gobierno estatal, son parte de lo que se investiga, pues se tienen serias dudas y hasta denuncias ya documentadas de que se trató de “actos falseados” por las autoridades estatales.
La hipótesis que indagan las autoridades de inteligencia federal es si, en ambos casos, se trato de “montajes” orquestados por el gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca, con el objetivo de ejercer presión política y mediática para que la Federación autorizara el envío de la Guardia Nacional a Tamaulipas. Casualmente, dicen las fuentes consultadas, los dos hechos ocurrieron en los días previos (uno el 1 de septiembre y otro el 5 de septiembre) al arribo a la entidad del presidente López Obrador, que realizó una gira de trabajo el sábado 7 de septiembre. El objetivo de “simular” estos enfrentamientos y atentados violentos, tanto en Nuevo Laredo como en Ciudad Victoria, habría sido, dicen funcionarios de inteligencia federal, “crear un clima de inseguridad y violencia latente en el estado para ejercer presión política y mediática para que el Presidente ordene el envío de la Guardia Nacional al territorio de Tamaulipas”.
Parte de lo que sustenta las sospechas federales de que desde el gobierno estatal se hayan “montado” estos y otros hechos violentos, son las declaraciones constantes que el gobernador Cabeza de Vaca ha realizado sobre el tema. Desde que el 27 de agosto pasado, el mandatario panista solicitó una cita con el presidente López Obrador para tratar el tema de seguridad en su estado, la cual no le fue concedida, ha habido varias menciones del gobernador en las que culpa directamente a la Federación de la inseguridad en su estado y, al mismo tiempo que acusa que “no está asumiendo su responsabilidad” en la prevención y persecución de varios delitos federales, solicita y exige el envío de la Guardia Nacional al territorio estatal. “
“Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo”, dijo en un tuit Cabeza de Vaca el 27 de agosto.
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“Nada de que son delincuentes, son seres humanos”
Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que se han vuelto cotidianas las imágenes de agresiones a militares en todo el país. Delincuentes disfrazados de “pueblo bueno” los golpean impunemente con palos, palas, piedras, puños y mentadas.
Las armas de los uniformados no los intimidan. Saben que están protegidos por un gobierno federal que ha renunciado al uso legítimo de la fuerza.
Lo hemos visto en La Huacana y Los Reyes, Michoacán; San Juan del Río, Querétaro; Tepeaca y San Martín Texmelucan, Puebla; Tetepango, Hidalgo; Cuautlacingo, Estado de México, y Palacio Nacional de esta Ciudad de México.
El uniforme ya no les inspira respeto.
La última embestida ocurrió en Acajete, Puebla. Pobladores se les fueron encima a los soldados luego de que detectaron una bodega con mercancía robada.
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Sacaron boleto
La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que los activistas de la CNTE han tenido una incursión apabullante en la CDMX.
Cercaron sin ninguna resistencia el Palacio Legislativo, intimidaron al personal y después sostuvieron una larga charla con el presidente López Obrador, quien según ellos mismos aceptó sus condiciones.
Además se convirtieron en factor de discordia entre los diputados. Tatiana Clouthier, buscando pleito, aprovechó para lanzarle varias saetas a Laura Rojas, nueva presidenta de la Mesa Directiva.
La consideró “inexperta e irresponsable” por su desempeño ante el arribo de las huestes de la CNTE.
La presidenta no se enganchó y dijo que las decisiones, sobre todo la de desalojar la Cámara, se tomaron de forma colegiada, incluso con el visto bueno de Mario Delgado, titular de la Jucopo.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que en el Senado se alista ya la convocatoria para renovar la presidencia de la CNDH una vez que la Mesa Directiva de la comisión que preside la panista Kenia López, en la que participaron Emilio Álvarez Icaza y Nestora Salgado, pactó con organizaciones ciudadanas que el proceso sea lo más transparente posible. Es decir, que habrá ombudsman antes de que este gobierno mande su iniciativa para que el Ejecutivo, y no el Senado, haga la propuesta.
QUE Mónica Fernández, presidenta del Senado y originaria de Tabasco, dijo que conoce desde hace mucho tiempo al diputado Charlie Valentino, quien pidió la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que atribuyó a que el legislador “es muy espontáneo y ocurrente”.
La senadora contó que al menos en Tabasco todo el grupo parlamentario de Morena y los distintos sectores han dicho que son ocurrencias, por lo que lo invitan a reflexionar.
QUE los evangélicos siguen preocupados porque sienten que ya pasó a segundo plano la promesa del reparto de la Cartilla moral. Si en un primer momento les informaron que la demora se debía a que estaban muy ocupados con la impresión de los libros de texto gratuitos, ahora ya no tienen respuesta concreta ni hay para cuándo.
QUE contra lo que sostiene el municipio Bahía de Banderas, Grupo México, que preside Germán Larrea, asegura que Minera Imex no es una de sus filiales y que ninguna de sus divisiones opera en esa región nayarita, donde el alcalde Jaime Adolfo Cuevas Tello enfrenta una orden judicial de separación del cargo. La minera confrontada con la alcaldía, como decíamos ayer, reclama el pago de 154 millones de pesos por una obra estrenada en 2016.
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