Uno de los más socorridos temas de crítica hacia el gobierno federal es, sin duda, el manejo de la economía del país. El Presidente de la República ha sido reiterativo en advertir que su llegada al cargo no representa un cambio de partido sino un cambio de régimen político; su acción concreta de gobierno está siendo sometida a minucioso escrutinio y abrumadora crítica por sus opositores en todos los ámbitos sociales. Los motivos de tan persistente crítica pueden explicarse por las implicaciones que está teniendo, para los intereses económicos representados por la oposición, la derrota electoral de 2018 que les obligó a separarse de las posiciones de poder que estuvieron sujetas al juego electoral. Aquellas instituciones a las que el voto popular no llegó –Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismos constitucionales autónomos y los equivalentes en los estados- se mantienen en manos de la, ahora, oposición política, que no está buscando cumplir, a través de ellas, las tareas que asigna la Constitución General de la República, sino erigirlas en poderes paralelos que amordacen el proyecto político presidencial y, de crearse las condiciones políticas, su descarrilamiento que les permita el retorno al poder.
La crítica hacia el manejo de la economía se hace en las múltiples aristas que la cuestión permite. No pretendo entrar en terrenos del análisis económico sino traer aquí los criterios de un economista –Thomas Piketty- cuya obra El capital en el siglo XXI (México, FCE, 2014) que pueden auxiliar a legos en la materia a comprender las críticas que desde diversas posiciones ideológicas se vienen haciendo a la ruta económica emprendida por el gobierno federal. La responsabilidad sobre la selección de párrafos de la obra, es mía; el contenido de ellos es responsabilidad de Piketty, quien afirma: En efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo y más vale que así sea. La realidad concreta y burda de la desigualdad se ofrece a la vista de todos los que la viven, y suscita naturalmente juicios políticos tajantes y contradictorios. Campesino o noble, obrero o industrial, sirviente o banquero; desde su personal punto de vista, cada uno ve las cosas importantes sobre las condiciones de vida de unos y otros, sobre las relaciones de poder y de dominio entre los grupos sociales, y se forja su propio concepto de lo que es justo y de lo que no lo es.
Uno de los vicios de esa crítica es su deshonestidad intelectual al ofrecer panoramas parciales de análisis; según nuestro autor: Durante mucho tiempo los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se alimentaron de muchos prejuicios y de muy pocos hechos. En la situación actual de México el principal argumento de crítica opositora se centra en sembrar una premisa que consideran inmutable: no seguir las recetas económicas que ellos, cuando fueron gobierno, aplicaron a la población, hace que el manejo de la economía sea erróneo. La casi totalidad de los medios de comunicación masiva, propiedad del gran capital, cuentan con áreas de análisis, noticieros, secciones de opinión y hasta supuestos programas de entretenimiento en los que se hace crítica del manejo de la economía en tal sentido frente a auditorios y lectores que, por lo general, no se acercan a cuestiones de economía o están mal informados.
Con la ponderación del “crecimiento de la economía” –crecimiento de la producción de bienes y servicios- que hacen organismos empresariales, calificadoras de crédito, bancos, bolsa, y analistas financieros; introducen en la población la idea de que ese debe ser el objetivo a preservar antes que pensar en cuestiones de distribución de la riqueza producida socialmente por los trabajadores que hacen funcionar el aparato productivo nacional. Esta visión oculta siempre que: Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. En México los gobiernos tecnócratas pusieron en práctica cuanta posibilidad se les ocurrió para incrementar la tasa de rendimiento del capital: eliminar contratos-ley, mutilar contratos colectivos, topes salariales, precarizar empleo, outsourcing, limitar pago de salarios en juicio, banco de horas, entre otros, cuyo efecto social fue el empobrecimiento de la población trabajadora.
El cúmulo de conflictos sociales, aquí y en la totalidad del orbe, tiene una causa central: la clase económica y políticamente dominante entiende su relación con el dinero más como fruto de la violencia y el despojo, que del esforzado trabajo de todos los días. Bajo esa concepción del mundo y de la vida se han desarrollado, la obra material de la civilización que presume el mundo occidental y los grandes latrocinios que le han sido inherentes. La despiadada explotación del trabajo asalariado sobre el que se construye todo el edificio social, históricamente ha corrido en paralelo con la captura del aparato político estatal para transferir, mediante la ficción jurídica de la representación de las instituciones, los bienes sociales, colectivos o públicos a manos privadas; y con la actividad desarrollada por piratas, corsarios, filibusteros, ladrones y asesinos que, modernamente, se engloba con la expresión de inseguridad pública. Tres mecanismos, básicos o sofisticados, de violencia y despojo para la acumulación privada de capital mediante los cuales se ha construido la sociedad contemporánea cuyo soporte fundamental está en la reunión o fusión del poder político y económico. Un modelo de organización social y económica que ha traído al mundo los dantescos escenarios de barbarie –guerras, exterminio, hambrunas, putrefacción social y medioambiental- con los cuales la humanidad batalla por superar y erradicar en esa incesante búsqueda por definir el tipo de relación que una sociedad debe guardar con el dinero.
La transición política que abandera el proyecto de Nación denominado Cuarta Transformación representa una oportunidad para hacer nuestra propia definición social, no únicamente respecto al dinero –objeto representativo de trabajo social acumulado habilitado jurídicamente para realizar el intercambio de mercancías-, sino esencialmente hacia determinar cuáles son las formas legítimas de obtenerlo que nos permitan redefinir nuestros valores morales sobre el trabajo humano y las relaciones entre los seres humanos. La conquista del nuevo mundo trajo, con su civilización en los albores del siglo XVI, formas violentas de relación entre el europeo y el nativo: el despojo de la tierra mediante el asesinato de sus poseedores originales, la esclavización del trabajo de los nativos mediante la encomienda y, con ellos, la sustracción de los metales preciosos para enviarlos a la Corona; que constituyen antecedentes históricos reveladores de que la sociedad moderna no ha modificado los métodos de apropiación y acumulación de riqueza; envilecidos que son, solo los ha refinado. Las consecuencias son gravísimas y debemos enfrentarlas colectivamente con humanismo.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 08 de septiembre 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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