Al gobernador Miguel Barbosa Huerta le tocará revisar al menos 20 casos de activistas procesados, indicó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, que recordó que en algún momento el número de registros llegó a 402.
En entrevista con este medio, Carolina González Barranco, vocera del comité, explicó que continúan con un proceso jurídico abierto 18 campesinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla a quienes se les abrió un proceso en la recta final del marinismo por defender sus tierras y que a la fecha continúan.
Mientras que los otros dos son Paul y Adán Xicale, detenidos en 2014 –durante el morenovallismo, por su oposición a la construcción del Parque Intermunicipal junto a la pirámide de Cholula y apresados por los delitos de daño en propiedad ajena y motín, siendo liberados un año después tras pagar una fianza.
“Nuestra función es la visibilización, pero desafortunadamente no tenemos abogados entre nosotros para que lo digamos con certeza, puede ser que existan más, pero no tenemos las herramientas y contactos para saber si hay más procesos abiertos y aunque podemos tener una idea, no queremos dar datos erróneos”, concluyó.
Positivo, pronunciamiento de Barbosa
Respecto al pronunciamiento de Barbosa Huerta, quien al tomar protesta dijo que acabará con los perseguidos políticos, González Barranco recordó que cuando fue candidato a la gubernatura de Puebla tocó el tema en el encuentro que hubo en el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), donde el ahora mandatario “se impactó mucho” con el caso del indígena de Cuetzalan, Delfino Flores Melga, quien murió a los 90 años de edad en una cárcel por defender sus tierras.
“Nosotros como comité no podemos garantizar algo, pero esperamos en virtud de las declaraciones que él hizo en ese momento, que cumpla con cabalidad en su palabra y se deje de criminalizar la protesta social, así como exista realmente un dialogo con las voces disidentes”, pronunció.
Calificó como positivo que Barbosa Huerta se haya pronunciado sobre dicho tema ante decenas de personas que acudieron al Congreso local y al Auditorio Metropolitano, ya que los periodos que se vivieron durante los últimos 8 años en las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad fueron “graves”.
Y es que, dijo, fueron años “lacerantes” para todos aquellos que, aunque en su momento no pensaron estar en la lucha social, las circunstancias las fueron llevando a eso, desde campesinos, defensores de la tierra, del patrimonio y que tuvieron que estar en esa situación, por el simple hecho de defender sus propios derechos.
