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El Chapo encarcelado, pero sigue vigente la estructura de cárteles

Por Carlos Ramírez

Con la muerte civil de Joaquín El Chapo Guzmán Loera por su cadena perpetua más 30 años en una cárcel de los EU termina el segundo gran ciclo de los cárteles del narcotráfico que nacieron a comienzos de los ochenta al amparo de la protección de la Dirección Federal de Seguridad.

Pero hay que atender a la existencia de dos Chapo: de una parte, el dirigente del Cártel de Sinaloa que tiene el control del tráfico de drogas y que articula una estructura de poder criminal; de otra, el símbolo de un liderazgo personal forjado a base de aventuras rocambolescas y de desafíos a la autoridad del Estado.

Las organizaciones criminales en estructuras de poder tuvieron su primera etapa al finalizar los setenta y comenzar los ochenta con el Cártel de Guadalajara encabezado por el padrino Miguel Angel Félix Gallardo –el jefe de jefes en la cultura de los naco-corridos– y el primer cártel de marihuaneros de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Rafael Caro Quintero. Este cártel duro poco: en 1985 secuestraron, torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y los EE. UU. lanzaron todo su poder para liquidarlos.

Los cárteles del narcotráfico nacieron bajo la protección de las oficinas de seguridad política del Estado. La Federal de Seguridad de Gobernación fue la policía de seguridad del régimen priísta y tuvo dirigentes profesionales –policías y políticos– de 1947 a 1982. Aplastada la disidencia a finales de los ochenta, la DFS quedó al garete. En diciembre de 1982 el secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett Díaz, designó como director de la DFS al político José Antonio Zorrilla Pérez. Ya sin la amenaza comunista en México, derrotada la guerrilla y opacada la oposición, la policía política se movió hacia el crimen organizado como amenaza de seguridad nacional del Estado. Pero en lugar de aplastarla como lo hizo contra la disidencia rupturista, la DFS prefirió absorber a las bandas de marihuaneros.

El caso Camarena en febrero-abril de 1985 reveló que el narcotráfico de marihuana estaba protegido por la DFS de Gobernación. Caro Quintero fue detenido en un aeropuerto local, pero lo dejaron ir porque presentó una credencial válida de la DFS. Las presiones de la Casa Blanca obligaron a renunciar a Zorrilla, hacerlo candidato a diputado local por Hidalgo y finalmente excluido del poder. En 1989 fue arrestado, juzgado y sentenciado por el asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984, cuando se disponía a publicar nombres y referencias de policías y funcionarios que estaban aliados al crimen organizado.

El Cártel de Guadalajara cayó en desgracia cuando su jefe Félix Gallardo fue arrestado. De ahí hubo dos derivaciones; el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, ya con actividades en el tráfico de cocaína. Ahí comenzó la segunda larga etapa: de 1989 a 2019. La crisis de la estructura de cárteles se dio en 2006 cuando el gobierno del presidente Calderón inició la ofensiva de seguridad con la participación de las fuerzas armadas. De 2007 al 2019, poco a poco, la estrategia fue liquidando a los jefes de los cárteles, aunque dejando vivas sus estructuras.

El 23 de mazo de 2009 la PGR de Eduardo Medina Mora –hoy ministro de la Corte– publicó un decreto de recompensas por la captura de 37 capos dirigentes de cárteles, muchos de ellos liquidados en combate, otros arrestados y sólo quedaba vivo El Chapo.

A pesar del éxito que representó la baja de los jefes de los cárteles, el problema fue la existencia de sus estructuras: el narcotráfico aumentó, buena parte de la droga traficada se quedó en México y aumentó el consumo, el lavado de dinero se convirtió en una empresa rentable y el trasiego hacia los EE. UU. para responder a la demanda de consumo fue aumentando. Los cárteles mudaron de dirigentes y llegaron por prelación jefes intermedios sin astucia.

En el proceso de liquidación de los jefes llegó la tercera etapa de los cárteles con nuevos grupos: Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Matazetas, Los huachicoleros, los michoacanos, entre otros; pero lo más grave fue el proceso de atomización de los cárteles y niveles intermedios y bajos de los cárteles tomaron el control de actividades delincuenciales ajenas a las drogas: la extorsión, el contrabando, el tráfico de personas, el narcomenudeo, los secuestros, la prostitución, el contrabando, el control de consumo de drogas en bares, cantinas y restaurantes, las empresas de sicarios para el crimen por asignación, el robo de autos y los puestos de ambulantes.

La capacidad de organización policiaca y de seguridad del Estado fracasó a lo largo de las dos etapas: la que le siguió a la disolución de la DFS y la que enfrentó la ofensiva del gobierno. Las policías fueron rebasadas, pero como consecuencia de la falta de una dirección seria y fuerte de la seguridad del Estado. Ninguna policía rompió las relaciones de complicidad de los cárteles con estructuras del Estado.

El Chapo obtuvo una muerte civil personal, pero la estructura de su cártel y la de los demás siguen vigentes. Mientras la política de seguridad del Estado siga personalizando el crimen en las personas y no en los cárteles, el crimen organizado seguirá creciendo.

Política para dummies: La política es el instrumento de poder del Estado para enfrentar a los poderes facticos criminales.

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Sobre Carlos Ramírez

Carlos Ramírez
Periodista desde 1972, Mtro. en Ciencias Políticas (BUAP), autor de la columna “Indicador Político” desde 1990. Director de la Revista Indicador Político. Ha sido profesor universitario y coordinador de diplomados. Cuenta con diversos reconocimientos por su labor y trayectoria periodística y su columna se publica en 24 entidades del país.
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