La alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, debe aclarar los alcances de su iniciativa de decreto para renovar el Sosapatex, presentada en el Congreso de Puebla, ante los señalamientos de privatización del agua y eliminación de comités ciudadanos.
Así lo pidió la diputada federal Graciela Zavaleta Sánchez, de Morena, en su proposición de punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la edil a hacer público el estado de operación y administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (Sosapatex).
Esta información –argumenta— debe salir a la luz a fin de que la también morenista demuestre que su iniciativa respeta, promueve y protege el derecho humano al agua, conforme a lo establecido en la Constitución federal y tratados internacionales firmados por México.
Y es que señaló que el ayuntamiento de San Martín no ha emitido una postura clara respecto de los alcances del decreto, aprobado por el Cabildo el pasado 14 de mayo y enviado al Congreso local para su ratificación, pues pobladores y organizaciones acusan que busca “privatizar el agua” y desparecer a los comités de las 11 juntas auxiliares, que se rigen por usos y costumbres.
Advierten que, con el nuevo orden legal, aumentará las tarifas que cobra el sistema y se permitirán los cortes de servicio, tanto de agua como de alcantarillado, en agravio de sus derechos humanos.
Lo anterior, pese a que, el pasado 10 de junio, Layón Aarún firmó un acuerdo con los presidentes de las once juntas auxiliares, donde su gobierno se compromete a respetar la autonomía de operación de los comités,
Asimismo, ella ha insistido en que el Sosapatex tiene deficiencias en su operatividad y que ayuntamiento debe tener participación en el consejo de administración porque la actual conformación es opaca y no ofrece certeza.
Decreto omite a comités y abre puerta a IP
Al revisar el decreto propuesto por la alcaldesa, Ángulo 7 constató que los comités de las juntas auxiliares no están contemplados en la integración de consejo de administración y que sí se facilita la contratación de servicios privados por parte de este órgano, que sería el único facultado para tomar decisiones sobre el Sosapatex.
Omar Jiménez Castro, síndico suplente del ayuntamiento de Puebla y abogado de la Asamblea Social del Agua (ASA), consideró que, con tales planteamientos, Layón Aarún pretende “centralizar” y “privatizar” el agua en San Marín, en contra de los derechos humanos de los pobladores.
Al respeto, la diputada federal menciona que, tras la reforma de 2011 al artículo 1 de la Carta Magna, los tratados internacionales sobre derechos humanos que firme el Estado mexicano “se incorporan al bloque de constitucionalidad”,
Por ello, “ningún poder constituido (incluido el municipal) está en posibilidad de restringirlos o suspenderlos, salvo en los casos de emergencia y los condicionamientos establecidos en la propia Constitución”.
Refirió que, entre los tratados de los que México es parte, el derecho humano al agua está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
