La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas siete investigaciones por el presunto conflicto de interés en que habría incurrido Carlos Lomelí Bolaños, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, al estar vinculado a farmacéuticas que recibieron contratos públicos.
Así lo dio a conocer este lunes la titular de dicha dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien detalló que las indagatorias, iniciadas desde mayo pasado, “ya arrojan indicios de posibles conductas irregulares”, que podría ser sancionadas con multas económicas e inhabilitación de hasta 20 años.
Durante su intervención en la conferencia de prensa presidencial, abundó que cuatro de las investigaciones atienden contrataciones y empresas vinculadas al también excandidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, mientras que el resto están relacionadas con conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Aclaró que la separación de Lomelí Bolaños a su cargo de “superdelegado”, publicada el viernes pasado, se dio luego de que el 8 de julio la SFP informó a Gabriel García Hernández, coordinador de los delegados federales, que tenían indicios de irregularidades respecto la participación del morenista en una red de farmacéuticas que se beneficiaron con contratos del gobierno.
Por ello, comentó que recibió “con beneplácito” la renuncia de Lomelí Bolaños y reafirmó que llevará sus siete investigaciones hasta “las últimas consecuencias”, pues sostuvo que el gobierno de López Obrador “no tolerará los conflictos de interés”, pero tampoco emprenderá “persecuciones”.
Asimismo, señaló que los contratos asignados a las farmacéuticas podrían revertirse aplicando la nueva Ley de Austeridad, que establece “que todos los contratos asignados por tráfico de influencias o conflicto de interés deben revertirse”.
