Los juicios interpuestos por extrabajadores tardan aproximadamente uno o dos años más de lo que deberían, lo cual principalmente se debe a la falta de personal tanto en el Tribunal de Arbitraje como en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Así lo señaló Abelardo Cuéllar Delgado, próximo secretario del Trabajo, quien explicó que la ley establece que el límite es un año, aunque podrían extenderse hasta dos por las diferentes audiencias donde se ratifica la demanda, se da una contestación y hay ofrecimiento y desahogo de pruebas, tras lo cual se dicta el laudo y cualquiera de las partes se puede inconformar por medio de un amparo directo.
No obstante, la mayoría de los casos duran de 3 a 4 años, tiempo durante el cual más del 50 por ciento de abogados que litigan deben tramitar hasta cinco amparos indirectos para que la autoridad admita la demanda, así como establezca día y hora para las audiencias y el laudo, lo que retrasa los juicios.
Aunado a ello, recordó que en la administración de Rafael Moreno Valle hubo un recorte de personal de más del 40 por ciento que afecto al Tribunal de Arbitraje y la Junta Local, lo que trajo como consecuencia que muchos juicios se resuelvan hasta siete años después.
Administración de justicia en crisis
Este retraso, indicó, significa que hay un problema en la administración de justicia laboral, por lo que como secretario realizará cambios en las juntas locales, investigará cuántos trabajadores son de base, por honorarios y por tiempo determinado, así como informará el número de conflictos y el estado procesal en el que se encuentran.
Comentó que entre los principales problemas de los juicios, se encuentra que las autoridades laborales no emplazaban debidamente a las empresas, cancelaban las audiencias por cualquier argumento y muchas veces se les obligaba a tramitar amparos para cumplir los plazos y requisitos de ley.
Respecto a los retos de la nueva dependencia, dijo que el principal será resolver las dudas de los trabajadores, que se construyan empleos de calidad, estables y con prestaciones de ley, además de generar una cultura laboral basada en el respeto a los derechos de la Ley de Trabajo y la Constitución.
Aunque, recordó que legalmente no existe la secretaría, por lo que hay que hacer una reingeniería para que exista una legislación que les diga cuáles serán sus atribuciones y funciones.
Agregó que con la reciente reforma a la legislación laboral, confía en que los plazos tardarán menos y existirá el compromiso de la autoridad para evitar el rezago y buscar la conciliación.
Y es que el gobierno estatal enfrenta mil 200 juicios de trabajadores despedidos en el morenovallismo, de los cuales 300 (25 por ciento) están por causar un laudo a favor y el monto que se estaría pagando por todos los juicios se calcula en 2 mil millones de pesos.
Cuéllar Delgado fue entrevistado luego de acompañar al diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, en su conferencia “Retos de organización y de gobierno de la cuarta transformación en Puebla”, realizada en Cuautlancingo.