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Parientes y recomendado al Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que de manera soterrada se alistan nombramientos de jueces en el Poder Judicial del estado, con un claro e inequívoco propósito: favorecer a los parientes y recomendados de magistrados y jueces.

Entre los magistrados beneficiados figuran Miguel Sánchez Zavaleta, Jorge Ramón Morales Díaz y María Belinda Aguilar Díaz.

A los tres se les apoyó para que sus familiares y recomendados fueron nombrados, vía fast track, proyectistas de Juzgado o Sala, por encima de otros empleados con más méritos y años de servicio dentro del Poder Judicial del estado, para que pudieran presentar examen y no se diga que carecen de carrera judicial.

Los favorecidos son Adriana Díaz Aguilar, de 24 años, proyectista del Juzgado Primero de lo Civil; Araceli Campos Rivera, también de 24 años; proyectista de la Tercera Sala Civil; Alicia Hernández Márquez, de 26 años, proyectista de la Segunda Sala Civil; y Ernesto Abraham Enríquez, de 27 años, proyectista de la Tercera Sala Civil.

Otros recomendados que el mes entrante también serán nombrados jueces súper numerarios son Griselda Méndez Ibarra, protegida del magistrado Sánchez Zavaleta en la Tercera Sala Civil; Jacqueline Oviedo Hernández, secretaria del Juzgado Primero de lo Civil; Magda Reyes Guzmán, pariente política de la magistrada María Belinda Aguilar, directora del Instituto de Estudios Judiciales; y Luz María Perea Iturriaga, hermana de la juez Sandra Lucía, de los mismos apellidos, ex esposa del magistrado en retiro Alfredo Mendoza García.

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¿La gota que derramará el vaso?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que aunque en el Congreso del estado la aplanadora de Morena le compró “aire” a la alcaldesa, Claudia Rivera, la verdad es que ante la opinión pública la solicitud de su destitución sigue latente y quizá la gota que podría derramar el vaso o la paciencia de los capitalinos sea precisamente la remunicipalización del servicio de agua potable.

Vamos por partes.

Estamos completamente de acuerdo en que hay que revisar y con lupa la cantidad de irregularidades cometidas con la entrega de la concesión del servicio a Agua de Puebla; también estamos en sintonía cuando reclamamos las excesivas e injustificadas tarifas que esta empresa poblana le ha impuesto a los poblanos, eso sin señalar las múltiples fallas en su sistema de recaudación y la adquisición obligada de nuevos medidores que realiza la firma cada que se le da la gana.

No hay duda, Agua de Puebla tampoco cumple con su principal obligación que es la de dotar del vital líquido a todas la colonias ni con el adecuado tratamiento de las aguas residuales y ya ni hablemos del tema del drenaje porque está más que comprobado que con cualquier lluvia por pequeña que sea, la ciudad se “encharca” aunque esas anegaciones más parecen inundaciones que charcos.

Pero hay algo que la alcaldesa no está considerando, aunque ella dice que sí. En sus recientes declaraciones Rivera Vivanco sostiene que durante los ocho meses que lleva su gobierno se ha estudiado a fondo el caso y que se tiene perfectamente documentado, que incluso no será necesario indemnizar a la firma porque Agua de Puebla ha incumplido el contrato.

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Hay que ayudarla a gobernar bien, no destituirla, definió AMLO sobre la crisis que enfrenta Norma Layón

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que si alguien ya está cabalmente enterado y consiente del alto grado de malestar social que ha provocado Norma Layón Aarún, la edil de San Martín Texmelucan, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el viernes pasado ante un importante grupo de representantes sociales expresó, palabras más, palabras menos: “A Normita no la vamos a destituir… la tenemos que ayudar para que gobierne bien”.

Más allá de esa frase, lo relevante de la intervención de Andrés Manuel López Obrador es que se comprometió a que, por ningún motivo, iba a dejar pasar el decreto por el cual la edil de San Martín Texmelucan pretendía privatizar el servicio del agua potable de ese municipio.

La historia de esta intervención presidencial es la siguiente:

El viernes pasado casi todos aquellos que estaban interesados en la gira de López Obrador por Puebla se concentraron en el deportivo San Damián en San Martín Texmelucan, donde tuvo una masiva reunión. Sin embargo un grupo de entre 20 y 30 representantes de las 11 juntas auxiliares texmeluquenses optaron por buscar la atención del presidente colocándose en un tramo de la autopista México–Puebla, por donde necesariamente tenía que pasar.

Con un buen tino, los activistas iniciaron un bloqueo carretero en un momento adecuado que, provocó la atención de los miembros de la avanzada del mandatario, con quienes hubo un primer dialogo y promesa de que se iban a retirar si el presidente se paraba a hablar con ellos cuando pasara en su vehículo.

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Empresarios auténticos, van por el control del CCE

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que mañana viernes podría haber humo blanco en términos de la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla.

Y se prevé un día histórico, un auténtico parteaguas en la vida de los organismos empresariales.

De ganar la propuesta encabezada por Ignacio Alarcón Rodríguez, por primera vez en décadas, los auténticos hombres del dinero, los que generan inversión productiva para el estado, los que crean miles de empleos y pagan impuestos, podrían hacerse del control del CCE.

Podrían arrebatarle por fin el monopolio de la representación empresarial a quienes históricamente han lucrado con él, económica y políticamente y que hoy no tienen -y en algunos casos nunca han tenido- empresa alguna.

Viven de un pasado superado por la nueva realidad del país, de una supuesta alcurnia que luce vieja y anquilosada y se creen poseedores de una especie de derecho de sangre que, en su óptica, es suficiente para merecer, eternamente, el cargo.

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Amado Yáñez y otra pavorosa corruptela morenovallista

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que ahora que el barbosismo anda con la espada desenvainada desempolvando expedientes del pasado morenovallista, no estaría de más que en el archivo muerto de varias dependencias se buscaran los antecedentes de la corrupta autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Un intrincado camino jurídico lleva a explicar la presencia en Puebla de Amado Yáñez, polémico empresario dueño de Oceanografía, quien vino a la entidad en calidad de ‘cobrón’. Es decir, viene a que Puebla le pague la autopista que supuestamente le fue arrebatada en 2014, pero en realidad nunca se la quitaron.

Lo de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan es una de esas historias pavorosas de los negocios del morenovallismo que quedaron ocultos, aunque la verdad siempre sale a la luz. Uno más de esos saqueos millonarios.

Al arranque de su sexenio, Moreno Valle le entregó por asignación directa a Amado Yáñez la concesión de esa autopista de 66 kilómetros, cuya utilidad sería descargar el tráfico de carga del sureste del país. Luego cobró más importancia cuando se instaló en la zona la planta Audi. Negocio redondo para el dueño de Oceanografía, de quien, se dice, fue financiero en la campaña del 2010, pues vivía sus tiempos boyantes de la mano de los gobiernos del PAN.

La desgracia se le atravesó a Amado Yáñez, a quien el gobierno de Peña Nieto persiguió y encarceló en 2014. Como Moreno Valle hacía todo lo que le pedían en Los Pinos, anunció el rescate de la concesión señalando que Oceanografía no había pagado la fianza, además de que el avance físico de la obra no era relevante.

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