El Poder Judicial de Puebla es uno de los cuatro más opacos del país al reprobar en transparencia y rendición de cuentas; pues no respondió a solicitudes de información sobre sentencias, además de carecer de mecanismos de participación ciudadana.
Así lo reveló una investigación titulada “(IN) Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, de la organización Equis Justicia para las Mujeres. Este análisis parte de solicitudes de acceso a la información a los 32 Poderes Judiciales.
Al cuestionarle a la autoridad poblana el número de sentencias emitidas durante 2017 no hubo respuesta, tampoco respondió a las interrogantes de cuántas de ellas publicaron y cuál fue el criterio para definirla como de interés público.
Asimismo, Puebla no respondió a si tiene programas adicionales de difusión de sentencias (radio, internet), ni tampoco dio respuesta a qué medidas de accesibilidad incorporaron para la publicación de las mismas.
Respecto a si hay una política de transparencia y mecanismos de participación ciudadana la organización civil no logró respuesta del Poder Judicial de Puebla. Finalmente, se abstuvo de responder si destina algún presupuesto a su unidad de transparencia.
Equis Justicia para las Mujeres puntualizó que los 32 Poderes Judiciales tienen la obligación de saber y llevar un control estadístico sobre la cantidad de sentencias que emiten.
Los cuatro estados más opacos
Además de Puebla, el Estadio de México, Aguascalientes y Morelos reprobaron en el ranking con cero. El resto de los Poderes Judiciales tampoco aprobaron, pero al menos lograron algún puntaje.
El que obtuvo la calificación más alta fue Yucatán con 47.5, seguido de Chihuahua y San Luis Potosí cada uno con 45 puntos.
El análisis general indicó que en 18 estados del país, el Poder Judicial ni siquiera reconoce o registra el número de sentencias que se emiten, lo que significa que el 56.3 por ciento no están haciendo su trabajo a nivel nacional.
Cabe mencionar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 18) establece que los Poderes Judiciales están “obligados a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. De acuerdo con lo anterior, este órgano tiene la obligación de llevar un registro de todas y cada una de las sentencias que han emitido.
El estudio completo se puede consultar aquí.
