Cartas a Gracia
Cuando menos lo esperaban les saltó la liebre Gracia. La ausencia -al momento de emitirse la votación en lo particular- de Salvador Jara Cruz, Senador por Oaxaca y suspirante por la gubernatura de su Estado, frustró la aprobación del dictamen por el que se reformarían, adicionarían y derogarían “diversas disposiciones” contenidas en los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales en la Cámara de Senadores y provocó que con fecha 30 de abril, el trámite regresara a la Cámara de Diputados; cuestión que provocaría caras largas de Senadores y Diputados de Morena y rostros de felicidad por parte de los integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional. De nada sirvieron el madruguete a las bases de la CNTE y/o el acuerdo con la dirigencia de esa organización necesarias para que el pasado 25 de abril se aprobara en el pleno de la Cámara de Diputados (en pleno receso escolar) la iniciativa de reforma a la reforma educativa 2013, enviada por el titular del ejecutivo federal el 12 de diciembre del 2018.
Las circunstancias Gracia permiten que las posturas de los sectores magisteriales más radicales de la Coordinadora coincidan -por el momento y aunque de manera antagónica- con las de las y los panistas, en torno al artículo decimo sexto transitorio; agregado de última hora al dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, mediante el que Mario Delgado y Diputadas y Diputados afines, pretendían ofrecer el cese de la evaluación punitiva que afectan a maestras y maestros. Sin embargo, para ambos grupos de interés resulta insuficiente; las argumentaciones variarían Gracia de acuerdo a los intereses. Como platicáramos hace algunos días, para algunos grupos de la CNTE la reforma educativa del actual gobierno sería una simulación y un remedo de la de Peña Nieto; considerarían que lo mismo que la anterior, guarda en sus entrañas (parágrafos 7 y 8 y Artículo Decimo Sexto Transitorio del dictamen) una ley de excepción que solo podría ser combatida mediante medidas más radicales; entre las que contemplarían paros indefinidos de labores. Para las representaciones de Acción Nacional, cuyas bancadas votaran en contra de la iniciativa en ambas cámaras, el Artículo Décimo Sexto Transitorio es -en voz de la Senadora Guadalupe Saldaña- “confuso y ambiguo, no claro en cuestiones de ingreso y de promoción”, que abre puertas a la corrupción, a la impunidad, al tráfico y a la venta de plazas e impone los intereses de un gremio por encima de los de las niñas y los niños, aunque; a más de reconocer que los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación se regirían por las disposiciones establecidas en el apartado B del Artículo 123 constitucional, las líneas 3, 4 y 5 del mismo transitorio señalen que: “Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros“; cuestión de coincidencia y divergencias entre dos grupos de interés Gracia, que quieren imponer su puntos de vista sin tomar en consideración que ambos: el interés superior de la niñez y la adolescencia para recibir una educación de calidad o de excelencia, llámenle como le llamen y la defensa de los derechos laborales de maestras y maestros, son derechos concurrentes y no pueden existir, en materia educativa, imponiéndose uno sobre el otro.
Cierto que sería deseable que el artículo 3º de la Constitución tomara en consideración, solo aspectos filosóficos y doctrinarios y que dejara al margen cualquier vestigio laboral como exigen maestros y maestras de la CNTE. Incluirlo, como pondera Acción Nacional y sus aliados, dejando al margen cualquier alusión a una ley laboral “que sólo habla del escalafón” eliminaría de acuerdo a la Senadora citada, el retorno a prácticas nocivas -negadas por las dirigencias sindicales- con las que no acabó la legislación de excepción impulsada por el Pacto por México a instancias de EPN, como ejemplifican denuncias públicas de afectados a quienes autoridades educativas estatales engatusaron “vendiendo” plazas interinas a las que hacían pasar como sujetas al proceso definido por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
A sus posturas enfrentadas y de las que estamos platicando, se agrega la blandida por el titular del ejecutivo federal, el encargado del despacho educativo “Esteban Moctezuma” y “Mario Delgado” Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en torno al ejercicio de la rectoría del Estado en materia educativa, cuestión que les obligaría “a reservarse” como cuestión de Estado, todo asunto concerniente a “la admisión” de los aspirantes a la docencia así como a “la promoción y el reconocimiento” de quienes prestan sus servicios al subsistema de educación obligatoria, mediante su inclusión en los párrafos 7º y 8º de la iniciativa que tendrán que discutirse nuevamente aunque de manera parcial en la Cámara de Diputados primero y, después en la de Senadores el próximo miércoles 8 de Mayo.
Y, aunque poco se ha expresado, la opinión de quienes como tú desempeñan sus funciones frente a grupo, también cuenta y muchos de ellas y de ellos señalan que requieren de una protección legal, jurídica y política que les facilite el ejercicio de su labor, al margen de los coyotes gubernamentales y sindicales, quienes les siguen vendiendo plazas a cambio de asistencia a eventos políticos, “favores” personales o pingues sumas de efectivo, despojándolas(os) de su tiempo, recursos y atentando en contra de su dignidad. Cierto que los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación deben quedar a salvo de las decisiones que adopten los gobernantes, pero a ustedes se les debe dotar de un sistema de “admisión y promoción”, al margen de quienes en la esfera gubernamental y en la sindical tienen la sartén por el mango y se otorgan las plazas y las incidencias al 50 por ciento, sin respetar los derechos de todas y todos los maestros en servicio y por ingresar al mismo.
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