La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Policía municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia de Chiapas, no protegieron a 14 docentes que fueron humillados en 2016 por rechazar un paro magisterial.
En la recomendación 09/2019, se detalla que el 31 de mayo de dicho año, seis personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas –dos mujeres y cuatro varones—,fueron interceptadas en “los arbolitos”, cuando se dirigían a las oficinas de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez.
Además, ocho personas –dos mujeres y seis hombres—, que laboraban en el Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, fueron detenidas en una oficina alterna al plantel, para luego ser llevadas a inmediaciones de la Central de Abastos de Comitán de Domínguez.
Ya reunidos los dos grupos, los obligaron a caminar descalzos por las calles del municipio, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente, lo que fue difundido por medios de comunicación y por lo cual la CNDH inició de oficio expediente de queja.
Policías no auxiliaron a víctimas
No obstante, solo hubo “monitoreos” de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron medidas cautelares para garantizar los derechos humanos de las víctimas ni se les brindó auxilio, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad.
Además, el Colegio de Bachilleres omitió investigar la participación de su personal en los hechos, pese a señalamientos de haber retenido a las víctimas, a quienes no garantizó un trabajo digno, ya que continúan laborando con sus agresores, lo cual impide que realicen sus funciones con respeto a su dignidad.
Por ello, la CNDH recomienda al gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas que repare integralmente el daño a las víctimas, incluyendo atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; coadyuvar con la denuncia ante las autoridades competentes contra el personal involucrado.
Debe capacitar en derechos humanos y estrategias para el control de multitudes al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría General de Gobierno, incluyendo la Subsecretaría de Gobierno Región XV, Meseta Comiteca Tojolabal y la Delegación de Gobierno en Comitán de Domínguez.
FGE debe integrar investigación
También, difundir un protocolo de actuación policial estatal, en coordinación con las autoridades municipales de Comitán de Domínguez, para el control de multitudes, y realizar acciones para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Registro Estatal de Víctimas operen debidamente.
Al fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se recomienda integrar la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en agravio de seis víctimas, colaborar con la CNDH en la queja que formule ante su Visitaduría, y capacitar al personal en derechos humanos y procuración de justicia.
Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Colegio de Bachilleres estatal, deberá garantizar que las ocho víctimas realicen sus actividades laborales con seguridad y respeto, evitando su revictimización, y colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Comisaria General de la institución.
Al alcalde de Comitán de Domínguez, Emmanuel Cordero Sánchez, le pide colaborar en la queja que se formule ante la Contraloría Interna Municipal contra los efectivos involucrados y capacitar al personal policial en derechos humanos y técnicas para el control de multitudes, a fin de garantizar prevenir hechos similares.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
