El entuerto de Trump
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde se fueron moviendo sus posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.
La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro, el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero decía que eso era inaceptable.
Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control –en este espacio se reportó el miércoles que así había sido– del Instituto Nacional de Migración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.
El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lopezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación de Estados Unidos, James McCament.
La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadounidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.
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La 4T al abordaje de la Corte
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que el rumor es una infamia adelantada. Florestán
La primera decisión de políticas públicas del presidente Ernesto Zedillo a los cinco días de su gobierno, el 5 de diciembre de 1994, fue presentar una iniciativa al Senado para desaparecer aquella Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 26 ministros y reducirlos a 11 como estaba establecido en el texto original del artículo 94 de la Constitución de 1917, lo que se llegó a calificar de un golpe de Estado técnico.
La reforma se aprobó el 31 de diciembre, entró en vigor el 1 de enero de 1995 y, conforme a ella, Zedillo envió 18 propuestas al Senado que eligió a los 11 ministros de aquella primera alineación de la nueva época de la SCJN con nuevas y mayores facultades, e inició otra cuando hasta entonces había estado en manos del presidente de la República en turno que con su mayoría en el Senado designaba a los ministros y hasta a su presidente.
Hoy, a 24 años de distancia, no hay duda que la SCJN es un Poder independiente que no depende del Ejecutivo y así se ha sostenido a través de gobiernos priistas, panistas y ahora con la 4T de Andrés Manuel López Obrador.
En algún momento se habló de crear un Tribunal Constitucional, que ya lo es, como una instancia superior para hacerse del control del Poder Judicial, lo que por ahora parece desechado y cuando el Senado ya aprobó los dos primeros ministros del Presidente. Pero el abordaje a la Corte se pretende vía el incremento de ministros, obvio, todos identificados con la 4T.
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¿Hasta dónde llegó la corrupción en el Poder Judicial?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que nos comentan que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que hay que “limpiar” al Poder Judicial de actos de corrupción, es porque conoce de algunas irregularidades. Nos dicen que en el Poder Ejecutivo se sabe de un esquema de extorsión al que un magistrado federal, Jorge Arturo Camero, ha querido someter a una escuela privada. El presunto caso de extorsión, nos comentan, ha llegado hasta el Departamento de Educación de Estados Unidos, al cual está incorporado el colegio. Sin embargo, fuentes del propio Poder Judicial nos dicen que el magistrado tiene en el más alto nivel de la justicia un protector. Aseguran que quien ha velado por años a Camero es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El caso, explican, podría convertirse en un verdadero escándalo, por lo que el Poder Judicial tendría que adelantarse a investigar el tema, y en caso de confirmarse irregularidades o delitos, actuar de inmediato, sin importar hasta dónde haya llegado la corrupción.
La nueva agenda de seguridad de AMLO
El gabinete de seguridad presidencial definió el calendario de la instalación de las mesas estatales para el combate a la delincuencia, que ha sido mapeado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo. Nos recuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia hoy dicha instalación en Jalisco, acompañado del gobernador Enrique Alfaro. El mandatario estará el 22 de abril en Veracruz; el 3 de mayo en Tamaulipas, y el 17 de mayo en Hidalgo. El objetivo, nos comentan, es lograr una coordinación entre las autoridades federales y estatales para reducir los niveles de inseguridad y levantar datos de la situación local. Ya se verán los resultados de las mesas de trabajo que se han instalado en Nuevo León y Baja California.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que Felipe Calderón fue reconocido por Barack Obama, ex jefe de la Casa Blanca, y Pedro Sánchez, presidente de España, por su trabajo en el combate al cambio climático e incluso el estadunidense pidió un aplauso para su colega, quien también recibió un reconocimiento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que encabeza la mexicana Gloria Guevara, durante el foro en Sevilla.
El organismo se quedó con las ganas de premiar al colombiano Iván Duque por las mejores prácticas turísticas en América Latina debido a que no asistió ni mandó representante.
QUE el que se colgó otra medallita a la vista del gobierno federal fue Martí Batres porque le funcionó la estrategia de votar la propuestas de la CRE en la sesión del miércoles a sabiendas de que iban a ser rechazadas, pues se trataba de permitir que el Presidente hiciera los nombramientos y desactivar a la oposición, que esperaba tener un amparo el jueves y así obligar a rehacer las ternas.
Eso implicó que el líder cameral sorteara la metralla opositora en el pleno del Senado, lo que le valió el aplauso de sus compañeros de bancada en la reunión del grupo parlamentario de ayer por la mañana.
QUE Ricardo Ruiz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México, ya no ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación por temor a que “tergiversen sus palabras” y para solucionar el tema se le ocurrió preparar “conferencias semanales o mañaneras” que, apuntó en tono de broma, “serán a las 5:30 para ganarle la agenda al Presidente”. Ni aguanta nada ni se le da la originalidad.
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