“Proceso ha sido estridente, incontrolable, desprovisto de cualquier lealtad política o personal desde que existe. Julio Scherer criticaba despiadadamente a todos los funcionarios, incluso quienes habían sido, y fueron de nuevo, sus amigos más allegados, de grande o desde la juventud. Es el sello de la casa. Proceso editorializa, manipula, tergiversa y distorsiona desde 1976, cuando fue creada, bajo Scherer, y en los últimos años, con Rafael Rodríguez Castañeda. A pesar de estas evidentes características, algunos preferimos seguir escribiendo allí durante mucho tiempo: en mi caso, casi quince años… Pero creo que nadie podía llamarse a engaño sobre lo que era la revista”. El texto fue publicado el 7 de noviembre de 2018 en El Financiero por Jorge Castañeda, un viejo columnista que le conoció las entrañas a Proceso, a sus directores y la forma en la que se maquinaban los golpes mediáticos.
Pues bien, con estas credenciales de presentación, Proceso ha lanzado tres ataques al hilo contra el Movimiento Antorchista sin ocuparse de probar sus acusaciones, como parte de una campaña de desprestigio orquestada desde el Gobierno Federal. Para atacarnos, Proceso manipula datos, tergiversa información e inventa las mentiras más increíbles sobre los grandes beneficios que, dicen ellos, la “antorcha mundial” ha obtenido gracias a la corrupción prohijada durante los gobiernos del PRI o debido a nuestros “negocios ilegales”.
Los ataques de Proceso no nos espantan: siempre hemos vivido bajo fuego. La pesada artillería mediática del Estado nos ha acompañado desde nuestro nacimiento y, a pesar de ella, hemos luchado y crecido. Ahora somos una organización que aglutina a dos millones y medio de mexicanos, unidos como núcleo de acero, y “con una voluntad decidida a combatir, buscar, encontrar y no ceder”, como dijo Tennyson.
Nuestros enemigos siempre han repetido las mismas viejas calumnias sin cambiarles ni una coma, pero nadie, jamás, nos ha probado absolutamente nada. Proceso fallará en el mismo lugar en donde otros, antes que ellos, han dejado embarrada la honra y la dignidad.
Hablemos, pues, de los ataques. El primero apareció en la edición 2,204 de Proceso que se tituló “Los huachicoleros: quiénes, dónde, cómo”. Resulta que la reportera Patricia Dávila “descubrió” el absurdo de que, en Puebla, los huachicoleros más peligrosos son tres líderes antorchistas. ¿Cuáles fueron las pruebas para acusarlos de semejante crimen? No hubo una sola. Ante la ruindad del ataque, hicimos pública nuestra protesta con artículos publicados en medios nacionales, pero Proceso no hizo caso a nuestras aclaraciones. En cambio, volvió a la carga con un segundo ataque venal.
Así, en la edición 2,205 titulada “Los amos de la gasolina”, la revista incluyó al Movimiento Antorchista en un lugar destacado de la exclusiva lista. Con semejante título de portada, muchos imaginaron un listado estilo Forbes que dijera quiénes son los dueños de la gasolina en México, cuántos millonarios mexicanos y extranjeros aparecen ahí, cuántos barriles se venden al día, cuántas ganancias genera, pero… ¡oh, decepción! Nada de eso aparece. ¿Exxon Mobil? ¿Shell? ¿BP? ¿Oxxo Gas? Nada. Ni una coma sobre esos emporios. El reportaje de Mathieu Tourliere es un poquito más humilde y nos dice que, entre 2015 y 2018, se otorgaron 12 mil 214 permisos para operar gasolinerías, y uno esperaría que a nosotros nos hubiera tocado por lo menos la mitad de esa cifra o una tercera parte, porque somos pieza importante, según Proceso, de la exclusiva élite de “los amos de la gasolina”. Pues no. Lamento decepcionarlos. O lamento que Mathieu Tourliere decepcionara a todos aquellos que esperaban encontrar en ese batiburrillo las miles de concesiones que “nos regaló Peña Nieto” por ser “su organización clientelar”.
¿Qué dice el reportero sobre nosotros? Cito textualmente: Antorcha “obtuvo en la administración de Peña Nieto varios permisos para operar gasolinerías”. Tourliere no dice cuántos permisos, solo apunta que fueron varios. Tampoco prueba si el permiso otorgado es ilegal en algún grado, como mañosamente quiere hacerle creer al lector. Y mucho menos demuestra que esos permisos hayan sido producto de un favor político. Sigamos: “En esta investigación periodística (¡Válgame Dios! ¿A esto le llaman “investigación”?) salieron a la luz varios permisos otorgados a integrantes de la agrupación: Anayanzi Córdova, Dánae Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre, Ricardo Esquivel Castañeda, Everardo Lara Covarrubias y Francisca Jiménez Serrano (esposa de Jesús Tolentino, alcalde de Chimalhuacán (¡sic!))”. Vamos por partes: Los permisos, según el reportero, se constriñen a cinco y no aclara si fueron entregados por la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno federal peñista ni en qué fechas. Además, el “investigador” de Proceso comete un error de niños al afirmar que Francisca Jiménez Serrano es esposa del biólogo Jesús Tolentino… ¡Tourliere no sabe de quién está hablando!, pero como la orden es pegar, pues… hace lo que puede. Así que toda la “investigación” de Proceso sobre las gasolineras antorchistas se reduce, en el mejor de los casos, a cinco estaciones de servicio. ¿Y con esa cifra entramos en la exclusiva lista de “los amos de la Gasolina” en México? Para doblarse de risa. Ah, pero Mathieu Tourliere hace mutis cuando hablamos de los verdaderos dueños de la gasolina en México. Sólo por poner un ejemplo, “Femsa opera 335 estaciones de servicio con su marca Oxxo Gas y espera sumar 50 gasolineras cada año a su portafolio; además, la empresa mexicana ya trabaja en un modelo de distribución de combustible a través de su rama de logística” (forbes.com.mx). ¿Y de eso qué dice nuestro “investigador” Tourliere?
Finalmente, Proceso se lanza contra nosotros en la edición 2,206 en un texto del mismo reportero que se titula “Ríos de dinero de Sedesol a organizaciones civiles”. Una vez más, encabeza la lista el Movimiento Antorchista. Según Tourliere, nuestra organización “pactó” con el exsecretario de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, un total de 374 millones de pesos a ejercer en el año 2017. Cito: “Con Miranda Nava Antorcha Campesina pactó 100 millones de pesos del Inaes, 174 millones del PET y 100 millones de Opciones Productivas”. Y ahora pregunto: suponiendo que sean reales esas cifras, ¿hay algún ilícito en que se hayan “pactado” esos recursos, es decir, en que se haya acordado su aplicación entre una autoridad y un grupo de ciudadanos? ¿No sabe Tourliere que la Constitución en México otorga el derecho de petición a los ciudadanos? ¿Sabe que en esas cifras que le filtraron sus amigos en el gobierno se incluyeron tendenciosamente los recursos que reciben municipios donde gobierna Antorcha, algunos más poblados que varias entidades del país, y que reciben y aplican de acuerdo a las normas que rigen esos programas? ¿En dónde está la ilegalidad que Tourliere quiere que veamos? Yo, sinceramente, no la veo; pero si alguien la ve, le ruego me lo haga saber. En efecto, desde hace 45 años, los antorchistas nos hemos dedicado a gestionar recursos para colonias y pueblos humildes ante los gobiernos, pero de ahí no se desprende que el dinero se le entregue a los líderes bajo ninguna forma. Eso es, precisamente, lo que Tourliere no puede probar por más que manipule su información. Cito de nuevo: “Documentos internos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol, elaborados durante la gestión de Miranda Nava, muestran cómo desde esa área se repartieron por debajo de la mesa decenas de millones de pesos a organizaciones sociales”. Pero, líneas adelante, dice: “La Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol fungía como enlace en las negociaciones con los líderes de las organizaciones, pero no participaba en la entrega de los recursos”. A qué Tourliere debemos creer: ¿al que dice que desde esa área se repartió el dinero o al que dice que esa área no participó en la entrega del dinero? Porque la contradicción entre ambos “Tourlieres” es evidente. Así las “investigaciones” de Proceso. Vuelvo a preguntar al eximio investigador: ¿Cuántos “ríos de dinero” se destinarán a los programas clientelares del gobierno federal morenista? Los datos que se han publicado hablan de cientos de miles de millones. La opinión pública espera el reportaje de Proceso que denuncie esa compra-venta de voluntades.
¿Y cómo se explica que ahora Proceso se ocupe, un día sí y otro también, de nosotros? Se trata de un golpe mediático ordenado desde la Presidencia de la República en su lucha por quitarse enemigos políticos. Para nadie es un secreto que el mayor accionista y, por tanto, influyente en la línea editorial de la revista es Julio Scherer Ibarra, un abogado que “desde la fundación de Morena, ha estado en el primer círculo del ahora presidente del país” (elsoldetijuana.com.mx, enero de 2019). La periodista Claudia Guerrero Martínez afirmó, en febrero de 2018, que una de las estrategias “de AMLO es reclutar a hijos de dueños de comunicación, para aprovechar su fuerza mediática, como es el caso de Julio Scherer Ibarra […] Lo interesante es que estos medios de comunicación […] fueron económicamente beneficiados por el PRI”. Por las mismas fechas, Julio Scherer Ibarra fue nombrado coordinador electoral de AMLO en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz. Actualmente, Scherer Ibarra es Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Por si fuera poco, Jenaro Villamil, reportero estrella de Proceso durante muchos años, acaba de ser nombrado presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a pesar de que no se tituló y de que es requisito indispensable para el cargo. Pero Villamil no iba solo en su búsqueda por vivir del erario… David Alexir Ledesma, quien acaba de renunciar a los 44 mil pesos que ganaba como subdirector de la Coordinación de Comunicación del Conacyt tras el escándalo de que no ha terminado ninguna de las dos carreras que inició, presentó como credenciales para ese cargo su trabajo como “director general del portal de noticias” de… ¡adivine quién!, ¡pues del de Jenaro Villamil!, y dijo además que también le “hacía los discursos a Dolores Padierna”, la esposa de René Bejarano, el famosísimo “señor de las ligas” y non plus ultra de la corrupción en México, que también ya está muy acomodadito en el gobierno lopezobradorista. Así que resulta que los amos de la corrupción en México ¡nos acusan de corruptos a nosotros! ¡Qué bonitos!
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