Cartas a Gracia
Muchas y muchos de las maestras y maestros que suspendieron labores en Michoacán y Oaxaca tararean –tal vez de manera inconsciente- la letra de una canción interpretada por el Trio Los Panchos, ante el rosario de culpas que diferentes actores del que-hacer educativo nacional, prodigan a los titulares de las administraciones de los gobiernos federal y estatal.
“De quién fue la culpa
no quiero saberlo,
no sé si fue tuya
o fue de la suerte;
o fue culpa mía”,
Las y los maestros en Michoacán, lo mismo que los de otras entidades, reclamarían el pago de salarios vencidos, aguinaldo, bonos y prestaciones; demandas a las que califican de históricas y que presuntamente les adeudan desde hace 30 años, o tal vez más. Adeudos reales o inventados. La problemática existe Gracia, aunque tus compañeras y compañeros de la escuela en la que laboras en la Ciudad de México no la sufran; tal cual sucede con los trabajadores de la educación en algunas entidades, particularmente las del centro sur de la República, que se remonta a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992) que originó una doble, y hasta una triple, negociación salarial que se realizarían a nivel central, local y otras originadas por las presiones política que la CNTE ejerciera (“históricamente”) en los Estados donde mantiene presencia significativa. Presiones que no padece la CDMX “gracias” a la pericia y a la negativa mostrada por Cuauhtémoc Cárdenas ante la suscripción del Anmeb, que mantiene a los servicios educativos en el ex Distrito Federal, bajo la responsabilidad de las autoridades federales. Acuerdo que, visto en retrospectiva, causó penuria financiera y empobrecimiento en el resto de los gobiernos de los estados.
Por obra y gracia del Acuerdo de marras, el gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari transfirió a los gobiernos locales entre otras cuestiones la responsabilidad y la titularidad de las relaciones laborales (contrato colectivo), incluidos personal docente y de apoyo y asistencia a la educación; los recursos presupuestales, aunque la federación siempre mantuvo su control pero se desentendió de los conflictos generados por sus ex trabajadores, y de resolver las peticiones salariales; la planta física obsoleta y deteriorada, y por si fuera poco, de la carga financiera derivada de la construcción de nuevas instalaciones y del mantenimiento de los edificios escolares transferidos, cuasi formalmente a madres y padres de familia, quienes literalmente “pagan el agua, el teléfono y la luz” y con lo que les sobra, compran computadoras, pagan el internet y las licencias por el uso. De paso, al tiempo que incumplía con la transferencia de recursos financieros “suficientes” que permitieran que las entidades estuviesen en condiciones para mejorar “la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo”, conviniendo “con aquellos gobiernos estatales que hasta ahora han aportado recursos” un incremento en el destino del gasto educativo local, sin propiciar una modificación del Convenio de Colaboración Fiscal que mejorara las finanzas locales. En tan sólo 27 años, entidades como Michoacán, se hacen cargo de 6 de cada 10 alumnas y alumnos cuando al inicio la proporción correspondía 1 alumna(o) al Estado y 9 alumnas(os) a la Federación.
Sin embargo, la descentralización educativa permitió que se normalizara la doble negociación salarial con el SNTE como actor central. El SNTE, titular oficial de las relaciones laborales colectivas, pacta en la CDMX un incremento salarial al sueldo base, trasladando la negociación de prestaciones a los Estados; obteniendo de esta manera, beneficios que en todos los casos se otorgan por igual, tanto a personal docente de origen federal como al estatal, sin importar filiación sindical. La creciente influencia de la CNTE le lleva a inconformarse con la negociación centralizada y a obtener, a través de las movilizaciones políticas y de las negociaciones directas con la Secretaría de Gobernación, beneficios adicionales como el otorgamiento de plazas para sus agremiados y plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que, aunque pactadas entre CNTE y Federación, eran minutadas formalmente con los gobiernos de las entidades y cargadas al erario local; tal cual sucediera tras la intervención de Héctor Garza González, actual responsable de las finanzas de la SEP federal, quien entregara 5 000 plazas reclamadas por la CNTE con un importe de 780 mdp anuales.
Esta doble o triple negociación salarial, sumadas a la centralización de la nómina magisterial impactan negativamente a las finanzas de algunas entidades, auxiliadas hasta 2017 por el apoyo a cierres (ramo 28) otorgado anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que a partir de 2018, tiene un trato diferenciado para entidades como Veracruz, a quien la administración entrante auxiliara con 3 000 mdp y otras como Michoacán, que tras jaloneos, tomas de vías férreas y oficinas de presidencias municipales obtuviera un adelanto de participaciones federales 2019 por 1 300 millones de pesos para cubrir reclamos, independientemente del origen pactado y de la autoridad federal o local involucrada. ¿De quién fue la culpa?
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