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Puebla contra el lavado

Guardia, Chapo, fuerzas armadas y de lo criminógeno a lo criminal

Si alguna falla tiene el manejo gubernamental del tema de la Guardia Nacional, habría que buscarla en tres errores: carece de una política de comunicación social, cayó en la trampa del concepto de militarización y ha desdeñado el avance en las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Sin entender el modelo de creación de un grupo ciudadano en el 2004 que acompañó y le dio base social a la Ley de Seguridad Nacional que habría de ser necesariamente coercitiva, la forma de operar la creación de la Guardia Nacional no tuvo una verdadera estrategia política y de seguridad nacional.

A ello se ha agregado la falta de habilidad para centrar el tema en lo sustancial: el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn ha revelado la profundidad del problema de seguridad en los temas de criminalidad, recursos financieros, armamento sofisticado y sobre todo corrupción política y civil.

El dato oficial de más de 93 mil delincuentes fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ocho años habla del tamaño de la criminalidad. ¿Qué número de delincuentes podrían calcularse si murieron casi 100 mil en ocho años? ¿Esos 100 mil delincuentes muertos podrían ser el 10 por ciento –más, menos– del total del crimen organizado? ¿Son cientos de miles o millones los delincuentes si sacrificaron casi 100 mil sin perder su fuerza operativa?

Y lo más grave que ilustra la necesidad de un nuevo cuerpo de seguridad diseñado de manera directa para combatir a esa realidad criminal: ¿qué sistema político, social, de seguridad y de gobierno ha permitido la existencia de una estructura criminal de bandas, cárteles, federaciones, pandillas y bandidos en solitario sin que se haya sometido a control a los criminales y delincuentes?

La llamada militarización fue una decisión de Estado para incorporar desde diciembre del 2006 a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas civiles de seguridad pública que habían sido rebasadas por la organización, armas y criminalidad de los delincuentes. Esa participación de las fuerzas armadas no implicó el desplazamiento civil de las instituciones políticas, de gobierno y sociales.

A la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador le falta un modelo de debate político y social que reconozca que las estrategias anteriores fueron criminógenas –no resolvieron el problema del crimen y provocaron mayores formas de criminalidad– y que ahora ha llegado la hora de una estrategia integral de seguridad criminal. Los funcionarios del área de seguridad han perdido la batalla conceptual de seguridad y justicia porque no han creado una narrativa sobre los éxitos logrados –95 por ciento de capos detenidos o muertos— ni sobre los desafíos de la nueva criminalidad.

La falla de comunicación del gobierno de López Obrador radica en la centralidad del tema de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad formado con cuadros militares y marinos bajo directrices civiles de seguridad: el presidente de la república, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el fiscal general, todos los gobernadores, todos los alcaldes, los mandos en las dos cámaras son civiles y los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina han demostrado estar sometidos a la lealtad a las instituciones republicanas.

Los temores a la participación de militares y marinos en la GN se centran en abusos denunciados y en procesos judiciales, pero a partir de la contabilidad de que la gran represión social en la historia reciente de 1958 a la fecha fue ordenada y perpetrada por civiles y policías. Es paradójico que se frene a los militares que dieron resultados en la lucha contra los cárteles y no se condene a los policías cuya ineficacia, corrupción e incapacidad llevaron al país a una República de Cárteles.

Los responsables de la estrategia de seguridad se han ahogado en el tema organizacional de la Guardia y no les han dado mayor interés a las tareas sociales, políticas y de políticas criminales. El gran reto de la política de seguridad del gobierno de López Obrador radica en el paso de una estrategia criminógena que no terminó con la delincuencia y sí permitió mayores bandas y delincuentes a una estrategia propiamente de seguridad interior, a partir del hecho de que la seguridad interior no es sólo policiaca sino de recuperación de la tranquilidad social en la república con bienestar asociado al combate a la delincuencia.

La nueva política de seguridad ha perdido la batalla de las percepciones sociales por la falta de una política de comunicación estratégica, por la centralización del tema en el tratamiento incoherente y sin objetivos políticos en las conferencias presidenciales mañaneras y por la ausencia de articulaciones sociales de las metas policiacas con organizaciones sociales. Una revisión de medios escritos podría revelar que la crítica hacia la GN y la estrategia en general ha carecido de respuesta comunicacional.

La batalla por la GN se puede ganar en el Congreso, pero perder en la sociedad civil.

Política para dummies: La política bien entendida es lo que no se ve, pero se siente.

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Chiles en nogada

Sobre Carlos Ramírez

Carlos Ramírez
Periodista desde 1972, Mtro. en Ciencias Políticas (BUAP), autor de la columna “Indicador Político” desde 1990. Director de la Revista Indicador Político. Ha sido profesor universitario y coordinador de diplomados. Cuenta con diversos reconocimientos por su labor y trayectoria periodística y su columna se publica en 24 entidades del país.
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