La Unión Europea pidió a México procurar justicia por los asesinatos del periodista José Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, y los activistas Sinar Corzo Esquinca, Santiago Gómez Álvarez, Noé Jiménez Pablo, en Chiapas, y Gustavo Cruz Mendoza, en Oaxaca.
Lo anterior, este jueves a través de un comunicado conjunto, donde señalaron que la muerte de periodistas y defensores de derechos humanos demuestra el grado de violencia que sufren estos sectores en el país.
Manifestaron también preocupación por la falta de resultados en las investigaciones para esclarecer los casos de agresiones contra periodistas y activistas durante los últimos años.
Por lo anterior, llamaron a las autoridades mexicanas a realizar investigaciones expeditas y transparentes, a fin de identificar y juzgar a los responsables de dichos homicidios.
Asimismo, les pidieron generar condiciones que no haya “zonas de silencio”, donde no puedan trabajar los periodistas y activistas de derechos humanos.
Los casos de ejecuciones
Apenas el pasado lunes, las Organizaciones Sociales Anticapitalistas de Oaxaca reportaron el asesinato de Cruz Mendoza por parte de un grupo de paramilitares en la localidad de Cerro Caliente, municpio de Santiago Jocotepec.
El 20 de enero, el cadáver de Murúa Manríquez fue encontrado, con heridas de bala, en Santa Rosalía, cabecera municipal de Mulegé, ubicada en Baja California Sur, por lo que es el primer homicidio de un comunicador en 2019.
Un día antes fueron hallados los cadáveres, con signos de tortura, de Jiménez Pablo y Gómez Álvarez en el basurero de Amatán, Chiapas, tras el ataque de un grupo paramilitar a este municipio ocurrido el jueves 17 de enero, con el fin de desalojar al Consejo Indígena y Popular instalado desde el 30 de noviembre de 2018.
En cuanto a Sinar Corzo, fue ejecutado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas, por lo que la CNDH exigió al gobierno y la Fiscalía de dicho estado investigar el crimen tomando en cuenta la labor del fallecido.
Editado por Luis Alberto Palacios
