La Guardia Nacional es una “apuesta riesgosa” para la democracia y las instituciones civiles, pues permite a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública, desarrollo inmobiliario, construcción de obra pública y adquisición de bienes con opacidad.
Así lo aseveró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien sostuvo que, si bien México necesita mayor y mejor seguridad, esta no puede garantizarse a cualquier costo, sino respetando la Constitución, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al presentar su Informe Anual de Actividades 2018 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, advirtió que si se concede poder económico, político y sobre el uso de la fuerza al Ejército y la Marina “existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”.
En cambio, señaló que, 33 Fiscalías autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes, permitirán que la investigación de casos complejos, como el de los 43 normalistas desparecidos en Iguala, tome un curso institucional y la sociedad tenga la certeza de que se llegará a la verdad con base en elementos científicos, sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales.
Pide a legisladores evitar polarización
Por lo anterior, convocó a senadores y diputados para que contribuyan a generar un entorno de respeto al derecho a disentir y a evitar discursos de odio que polaricen a la sociedad mexicana, ya que nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores.
Ante la violencia en el país, el Ombudsperson nacional afirmó que las autoridades deben asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, mediante el cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático, se recuperen la paz, seguridad y armonía en las relaciones sociales.
Semar y Sedena, entre las más denunciadas
Al remarcar que el año pasado las vulneraciones a los derechos humanos generalmente reflejaron una tendencia al aumento, indicó que entre las dependencias más señaladas por agravios a la ciudadanía se encuentran las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México (Semar).
De acuerdo con el informe, las autoridades más señaladas como presuntas responsables de violación a derechos humanos fueron las siguientes: IMSS, 2,532 casos; Issste, 1,215; SEP, 746; INM, 587; Sedena, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; Sedesol, 311; Semar, 284; Infonavit, 212, y mientras la Sedena pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la Semar aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.
Detalló que durante 2018 un total de 377,579 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77,404 personas agraviadas.
Las violaciones a DH de mayor impacto
Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron los siguientes: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180 por cieto, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.
Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y Sedena, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, Semar y Semarnat, 4 cada uno.
Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias fueron negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14.
Asimismo, hubo agravios a la prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno.
Editado por Luis Alberto Palacios
