Sí falló la estrategia
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que ya no hay partes de guerra del combate contra el huachicol. El desabasto resultó más importante en la vida cotidiana de los mexicanos que la cruzada contra los delincuentes, y requirió que el gobierno reorientara su estrategia –no su discurso– para resolver el suministro. El desbasto ya provocó una tragedia cercana a los 100 muertos, y ésta, más la urgencia por evitar mayor escasez de gasolina, provocó una compra apresurada de pipas y el reclutamiento militar de conductores dentro de una variación del Plan DN-III, diseñado para apoyar a la población en situación de desastres, para distribuir hidrocarburos. De hechos insólitos se construye la cuarta transformación.
No sabemos ya qué es más importante que lo anterior, por la velocidad con la que cambian los temas y el énfasis de la conversación. Lo que sí se puede hacer es una primera evaluación sobre la estrategia de la guerra contra los huachicoleros, emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre. Lo último que supimos sobre los logros de esa cruzada es del 8 de enero, cuando se informó que se había frenado el robo de hidrocarburos y se habían ahorrado 2 mil 500 millones de pesos. Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en tres semanas, son enormes.
Lo que estamos observando ahora es que los costos están resultando más grandes que los beneficios. Pero que no se mal interprete. La lucha contra el huachicol debe apoyarse incondicionalmente. Si por corrupción o para evitar desabasto, si porque el delito no se originaba sólo en la delincuencia organizada y los gobiernos, sino también en las comunidades enteras que entraron al negocio ilícito como una forma de vida y subsistencia, la realidad es que anteriores gobiernos no lo hicieron a fondo. El problema radica en la estrategia. Si se hace algo bueno que resulta más perjudicial en su implementación, no es para dejar de hacerlo, sino para corregirlo.
Para que funcione se requiere alinear todos los esfuerzos dentro de un plan estratégico. Si no existe este alineamiento, por mejor pensada que esté la estrategia, habrá tropiezos, estancamientos e, incluso, retrocesos. Es lo que está sucediendo: la estrategia de la cruzada contra el huachicoleo fracasó en esta primera etapa. Pese a alinear a todo el gobierno, el recurso humano es lo que no le funcionó. A la lucha militar y policial, cuyos resultados divulgados la semana pasada fueron positivos, la logística que debieron desarrollar la Secretaría de Energía y Pemex ha sido un desastre. El desconocimiento de sus titulares y la ligereza con la que inicialmente se refirieron al desabasto, permite conjeturar que incurrieron en dos errores que llevan al fracaso de una estrategia: la ausencia de escenarios para saber los pros y contras de cada medida, y la falta de un plan de contingencia.
Los resultados derivados del desabasto se expresan de manera distinta. La forma más dramática fue el viernes pasado en Tlahuelilpan, donde cientos de pobladores de la zona buscaron abastecerse de gasolina que se fugaba de una toma clandestina en un ducto, tras 10 días de desabasto. López Obrador responsabiliza a gobiernos corruptos del pasado de esa tragedia, lo que si bien puede alegarse como parte del origen del problema, no tiene nada que ver con la realidad objetiva de que Pemex no abasteció combustible en la zona. Esto, de ninguna manera, hace responsable de la tragedia al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pero muestra las deficiencias de una estrategia mal diseñada y peor instrumentada.
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Tlahuelilpan no puede quedar impune
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que ayer, en este espacio, argumentaba que López Obrador heredó una crisis del Estado de derecho que explica, en buena medida, la corrupción, inseguridad y crecimiento económico mediocre. En este país, la triste realidad es que la ley es indicativa, no obligatoria. Los que deciden violarla, que son muchos y de todas las clases sociales, tienen una bajísima probabilidad de que los castiguen. En el desenlace final de la tragedia de Tlahuelilpan, el Presidente tiene la gran oportunidad de demostrar que va en serio con su promesa de cambiar este país para bien.
90 muertos y decenas de heridos y desaparecidos no pueden quedar impunes. Tlahuelilpan 2019 no puede acabar como la Guardería ABC de Hermosillo en 2009. Después de aquel funesto incendio, en una manifestación en la capital sonorense, una manta decía: “Marcador Niños: 46, Culpables Detenidos: 0, Total Impunidad”. Conforme pasaron los días, el marcador creció a 49 niños fallecidos, entre once meses y cinco años de edad. Súmese 76 heridos. Lo que nunca cambió fue la total impunidad. De los 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles responsables de los hechos, ni uno solo fue procesado judicialmente. Nadie pisó la cárcel. Todos exonerados. Una vergüenza nacional.
Hace una década: niños quemados y asfixiados por culpa de la corrupción, negligencia gubernamental y avaricia económica. Diez años después, exactamente lo mismo. ¿Quiénes fueron los responsables de semejante tragedia?
En el caso de la Guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, investigó las posibles violaciones graves a los derechos humanos por el incendio. En su proyecto de sentencia, responsabilizó a Daniel Karam, entonces director del IMSS; a su antecesor y entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar; a la excoordinadora de Guarderías, Carla Rochín; y a otros funcionarios federales, estatales y municipales de menor jerarquía.
Por primera vez en la historia, un ministro del máximo tribunal del país propuso responsabilizar de violaciones graves a los derechos humanos a funcionarios de primer nivel. A Juan Molinar, por ejemplo, le atribuyó “el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación”. No obstante, el proyecto de Zaldívar fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte. Una lamentable votación, producto de la presión política del entonces presidente Calderón, de la comunidad médica del sector público, de abogados conservadores, acostumbrados a una Corte más legalista que interpretativa, y del propio Poder Judicial, al que le disgustaba la idea de abrir la puerta a una interpretación amplia de la responsabilidad de los funcionarios públicos.
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Soldados, los menos culpables, si es que les cabe culpa alguna
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que hay días que el ser duele. Florestán
Todos los saldos de la tragedia del viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, son graves. El primero, por supuesto, la muerte de casi un centenar de personas, que serán más por la gravedad de los 52 heridos, cuando ya veo el desarrollo de una tangente que busca desviar la atención del desastre, apuntando a los soldados que llegaron al lugar de la fuga antes de la explosión, cuando no se les puede endosar ni el conflicto ni la tragedia, soldados que en otros casos han sido asesinados por la base social de los jefes del robo de combustible y que cuando los han detenido tardan más en llegar a un juzgado que en estar de regreso en sus comunidades, en su actividad que, digan lo que digan, es delictiva: robar es un delito, robar combustible aunque sea como forma de vida también lo es.
Los soldados que llegaron al lugar de la fuga no eran más de 25, la muchedumbre por cientos con tambos los rebasaba por mucho, los insultaron y retaron a partirse la madre.
¿Qué alternativa tenían ante aquella multitud? Solo contenerlos a tiros o hacerse a un lado para evitarlo. No estaban en condiciones de más. Su decisión fue la más sensata, evitar una matanza en la que ellos hubieran sido los asesinos y el pueblo bueno la víctima, y de todos modos hubieran saqueado la fuga y explotado el ducto.
Sí, quedan muchas preguntas: el tiempo que corrió entre que pidieron refuerzos y éstos llegaron y en qué número, y el que transcurrió desde que en el tercer piso de Pemex registraron la fuga y cerraron el ducto que tampoco se sabe cuándo lo normalizaron, pues lo habían cancelado en diciembre.
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Anaya quiere volver al PAN por sus fueros
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que muy activo anda el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en el partido, después de la trágica muerte del coordinador parlamentario azul en el Senado, Rafael Moreno Valle. Por lo pronto, nos dicen, mete presión al dirigente nacional Marko Cortés para que Gustavo Madero se haga del liderazgo en la Cámara de Senadores. En la estrategia del ex chico maravilla, nos cuentan, está su retorno a la Comisión Nacional panista; algunas conversaciones con periodistas, y la elaboración de análisis sobre impacto mediático. Desde el partido, nos dicen, su retorno significaría en los hechos un fuerte golpe a la incipiente presidencia de don Marko, quien con muchos trabajos ha tratado de marcar distancia del anayismo. ¿Aguantará la nueva dirigencia azul la embestida de don Ricardo?
AMLO no acudirá a sitios de riesgo
Después de un análisis serio de riesgos, el equipo de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el jefe del Ejecutivo no debe recorrer los poblados de estados del centro del país que se distinguen por la ordeña ilícita de combustibles, el famoso huachicoleo. Nos adelantan que el mandatario recorrerá entre hoy y el jueves plazas públicas en cabeceras municipales de Hidalgo y Estado de México para presentar un programa de bienestar para 80 municipios afectados por el robo de hidrocarburos. Sin embargo, nos aseguran, la logística de AMLO ha determinado que el Presidente no debe caminar por las comunidades donde el robo de combustible es una constante.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la elección de Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla no solo representa un revés para la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien cabildeó primero a favor de Jesús Ramírez Almeida y después de Gerardo Islas Maldonado, sino también el regreso en grande del ex mandatario Mario Marín Torres.
En la Comisión de Gobernación del Congreso fue el diputado local y dirigente del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, quien inclinó la balanza a favor del gallo del Góber Precioso.
QUE quienes ayer visitaron Palacio Nacional, pero no fueron recibidos por el Presidente sino por el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, fueron América del Valle y algunos representantes de Atenco, quienes protestan porque nada más no ven que se detengan las obras en el NAIM de Texcoco.
Por cierto, hablando de la nueva terminal, el arquitecto Fernando Romero, yerno del empresario Carlos Slim y coautor del diseño, subió a su cuenta de Instagram una foto de las obras, con un mensaje en español e inglés, en el que plantea que es el aeropuerto en construcción más grande del mundo, después del de Turquía, y que será el primero con la certificación LEED Platino.
¿Qué sabrá?
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