Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) marcharon para exigir justicia por los asesinatos de sus compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez a manos de paramilitares en Amatán, Chiapas.
Lo anterior, este domingo en Tuxtla Gutiérrez, capital estatal, donde cientos de miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente, afiliado a la CNPA-MN, avanzaron por calles principales, llevando a cuestas dos ataúdes y urgiendo que el gobierno federal atienda el caso, pues no confían en las autoridades locales.
De acuerdo con la organización, los dos activistas fueron desaparecidos, torturados y ejecutados por los sujetos armados que, al amparo de caiques y exgobernadores, irrumpieron en Amatán el pasado jueves para desalojar con violencia a los pobladores que habían formado un gobierno autónomo desde noviembre de 2018.
Sus cadáveres fueron hallados el pasado viernes en el basurero municipal: el de Jiménez Pablo, con heridas de bala y el rostro desfigurado por ácido, y el de Gómez Álvarez, dentro de una bolsa negra de plástico.
Culpan a caciques Carpio Mayorca
La CNPA-MN atribuyó la “saña” del doble homicidio al odio de Jesús Carpio Mayorca, alcalde por Morena, y su hermano Wilber, hacia los activistas y los militantes del Consejo Indígena y Popular de Amatán, que se oponían “a su cacicazgo y denunciaron “sus abusos, uso de grupos paramilitares para perpetuarse en el poder, saqueo de las arcas municipales y su ligazón con la delincuencia organizada”.
Acusaron también que los hermanos Carpio Mayorca están apadrinados por el exgobernador Manuel Velasco Coello, del PVEM, y el senador Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena.
Asimismo, organizaciones refirieron que el nuevo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, también de Morena, ha permitido la actuación impune de grupos paramilitares que, al mando de caciques, amenaza la vida de campesinos y periodistas.
Ante esta situación, demandaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dar seguimiento a las denuncias contra los caciques y paramilitares, así como intervenir en la resolución del conflicto social, pues señalaron que tras las elecciones les prometió diálogo y hasta ahora la dependencia a su cargo sólo ha “dado largas” al asunto.
Editado por Luis Alberto Palacios
