La PGR y el gobierno de Baja California Sur, al investigar las agresiones cometidas contra un periodista, omitieron salvaguardar el libre ejercicio de su libertad de expresión y no se le garantizó un retorno seguro luego de desplazarlo forzadamente.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 91/2018 al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero.
El organismo señaló que el 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar sus vehículos; en los dos primeros sucesos el fuego ocasionó serios daños y, en el tercer evento, los escoltas designados se enfrentaron con armas de fuego contra los agresores, pero un policía perdió la vida.
La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones que hasta la fecha no se han determinado, lo cual trajo como consecuencia que el periodista no tenga certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud.
Gobierno no protegió a periodista
Con motivo del primer atentado, la CNDH solicitó a la Secretaría de Gobierno del estado implementar medidas cautelares a favor del agraviado y su familia, sin embargo, el comunicador denunció que no recibió ninguna medida de protección ni fue contactado para ello.
Después del segundo ataque, el afectado fue incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgándosele medidas urgentes para salvaguardar su seguridad, y después del tercero, lo sacaron del estado, pero el gobierno no ha garantizado su retorno.
Ante esta situación, la CNDH pidió a Mendoza Davis que repare el daño a la víctima, se continúe con la integración de la carpeta de investigación del tercer ataque y se emitan lineamientos en los que establezca la posibilidad de que dicha representación social estatal consulte a la PGR sobre la atracción de las indagatorias de personas afectadas en el ejercicio de su libertad de expresión.
Coadyuvará en la presentación de la queja ante la Contraloría General del Estado y el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Estatal en contra de los servidores públicos involucrados, y capacitará a los agentes del Ministerio Público respecto de la debida diligencia en la integración de indagatorias, así como al personal encargado de atender a periodistas.
Garantizará retorno de víctimas
Además, realizará un diagnóstico de la situación de violencia en que viven los comunicadores de la entidad y un plan de acción para solventar las fallas institucionales a fin de garantizar un entorno seguro al gremio periodístico.
A Gertz Manero le solicitó continuar con la integración de las carpetas de investigación y colaborar con la CNDH en el procedimiento que promueva ante la Visitaduría General de la PGR para que determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir personal que participó en el caso.
Así como capacitar al personal ministerial respecto de la debida diligencia en la integración de las investigaciones; analizar y determinar si ejercerá la facultad de atracción en el presente caso y, emitir lineamientos al respecto.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
