Por Carlos Ramírez (*)
Las audiencias públicas para determinar el destino de la Guardia Nacional fue un ejercicio político aceptable y positivo, pero tuvo una forma de expresar las contradicciones entre los deseos teóricos de legisladores y organizaciones sociales y la realidad brutal del accionar cotidiano de los delincuentes.
La forma en que exaltó el funcionamiento civil de los cuerpos policiacos actuales y el que viene y de acusar de abusos en la participación militar en los cuerpos de seguridad revelan el problema con el que nacerá la GN: la suposición de que los civiles dan mejores resultados en seguridad, cuando en realidad los militares fueron enviados a apoyar trabajos de seguridad pública ante el fracaso y corrupción de los civiles.
El debate que no se dio y que quedó como el factor miedo fue el de la militarización. Sin embargo, los efectivos y mandos militares que fueron enviados a labores de seguridad pública han estado sometidos, a veces de manera arbitraria, a supervisiones, acusaciones y leyes civiles. Por tanto, en los hechos ha habido una participación militar en seguridad pública, pero sin llegar a la militarización como dominio militar arbitrario de las autoridades civiles.
Los casos de quejas sobre presuntos abusos de fuera de militares en actividades de seguridad han sido detectados y enjuiciados por tribunales militares y civiles. El problema ha radicado en que la ineficacia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha querido ocultar con la estridencia de las declaraciones de su presidente Luis Raúl González Pérez. Sin embargo, como nunca antes, en el sexenio anterior la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo contactos y colaboraciones con la CNDH.
Lo que existe en las calles de la república en materia de inseguridad pública es, quiérase o no, una guerra; es decir, un enfrentamiento de vida/muerte entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. Muchos de los legisladores y miembros de la oposición a la GN harían bien en participar como observadores directos en algunos operativos para probar en tiempo y sucesos reales la dinámica de los choques. Los delincuentes atacan sin respetar reglas y las fuerzas de seguridad tienen que responder.
Ello no quiere decir que se justifiquen las respuestas de seguridad. Pero privilegiar los derechos humanos en situaciones de tensión violenta criminal condenaría a las fuerzas de seguridad a mejor no actuar para evitar demandas y denuncias. Los controles de fuerza son necesarios e indispensables, pero a condición de que no aten de manos a las fuerzas de seguridad. El Estado es la única institución que puede ejercer la violencia contra los delincuentes.
Militares, por fracaso civil
El otro punto que apareció a medias en las audiencias legislativas sobre la GN fue el fracaso de las policías civiles: ineficacia, corrupción, complicidad y capacidad de fuerza menor a la de los delincuentes llevaron a la utilización de las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública. El ejemplo más claro, aunque escondido en las comparecencias de gobernadores y alcaldes, fue el incumplimiento del compromiso de 2007 de modernizar y profesionalizar a las policías.
La organización de la GN con efectivos de la Policía Militar fue la evidencia de que las actuales policías no garantizaban las necesidades de eficacia. El objetivo será el de tratar de que los valores y capacidades de la PM puede de alguna manera enriquecer el funcionamiento del cuerpo policiaco civil. La disciplina militar de la PM es muy estricta con la que tienen las policías tradicionales.
Los casos recientes de gobernadores y alcaldes que usaban a sus policías como escoltas de funcionarios, empresarios y amigos ilustran el descuido de esos altos funcionarios respecto a las policías. Y si a ello se agregan los salarios bajos acreditados a ineficacias, entonces las policías civiles eran fácilmente derrotadas o compradas por el crimen organizado.
La creación de la GN con efectivos de la Policía Militar, el mando único en los estados y el entrenamiento militar en rango de disciplina, entrenamiento y valores podría dotar al Estado de un cuerpo de primer orden.
El tono de las audiencias en la Cámara de Diputados privilegio el temor por los derechos humanos. Sin embargo, ni diputados ni organizaciones sociales aportaron elementos para apoyar las acciones de seguridad del nuevo cuerpo, como si de manera obligatoria las acciones policiacas fueran sinónimo de violación de garantías. En este sentido, el nuevo cuerpo deberá de tener reglas claras para evitar que su capacidad operativa contra la delincuencia se vea minado a priori por los derechos humanos.
La realidad de la violencia criminal tendrá que someterse a prueba cotidiana con el deseo social y político de mantener la tranquilidad en las calles. La crisis entre realidad y deseos definirá los resultados de la GN.
Barandilla
· La revelación del gobernador jalisciense y la procuradora capitalina en el sentido de que los ex gobernantes Aristóteles Sandoval y Miguel Mancera amañaron las cifras de inseguridad manipulando los expedientes ha arrojado sospechas sobre todas las cifras manejadas en el sexenio anterior sobre homicidios violentos. Es decir, que el número de muertos fue mayor.
· Aunque el número de muertos diarios no baja de las tendencias anteriores, sí llama la atención que las plazas calientes parecen haberse enfriado. Es decir, que las bandas criminales ya no atacan a la población civil, aunque siguen los ajustes entre las bandas por el control de territorios.
· Focos rojos en Ciudad de México por violencia asociada a bandas organizadas. Des posible que no sean de cárteles del narco, pero sí de bandas criminales que luchan por territorios. Pero lo más grave es el crimen al menudeo en zonas abiertas difíciles de cubrir: restaurantes, calles, microbuses.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
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