De un mes a cuatro años de cárcel sería la pena para quienes abandonen a personas de la tercera edad que sean incapaces de cuidar de sí mismas en Puebla, sanción que ya se aplica para quienes dejan solos a bebés y personas enfermas.
Adicionalmente, se les privará de la patria potestad o de la tutela, en el caso de que ejerza alguno de estos cargos, según la reforma que planteó Sergio Moreno Valle al código penal.
Esta iniciativa presentada en el Congreso promueve modificar el artículo 346 para castigar el abandono de ancianos, ya que actualmente no cuenta como un delito.
La propuesta señala: “al que abandone a un niño o persona adulta incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de un mes a cuatro años de prisión y se le privará de la patria potestad o de la tutela, si ejerciere uno de esos cargos”.
Lo anterior –indica la iniciativa- tomando en cuenta que el Censo de Población 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla vivían 630 mil 469 adultos mayores, de los cuales 276 mil 756 eran hombres y 353 mil 713 mujeres con edades de 60 años y más.
En tanto, el DIF estatal ha estimado que en el estado 1 de cada 10 adultos mayores es abandonado por sus familiares o se encuentra solo, lo que indica que más de 60 mil ancianos se encuentran en esta situación.
Víctimas de agresiones
Aunado a ello, el documento señala que el maltrato y la violencia contra los adultos mayores es un problema grave, no sólo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales, que traen como consecuencia daños irreversibles y, por lo tanto, violación a sus derechos humanos.
“Esta situación de violencia que enfrenta parte de la población de personas mayores genera entre ellos miedo para pedir ayuda o en su caso para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos”, se agrega en la iniciativa presentada por el panista Moreno Valle, que actualmente analizan las comisiones de Procuración de Justicia y de Derechos Humanos para su eventual aprobación.
Por otro lado, la también panista Carolina Bauregard Martínez promovió otra iniciativa que busca modificar La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades de educación básica y media superior “notifiquen a las autoridades (DIF, SEP y Sedesol) los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar” de alumnas (os) que estén relacionados a embarazos no deseados, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que no dejen sus estudios.
En tanto, el diputado del partido Compromiso Por Puebla (CPP), Manuel Pozos Cruz, planteó que las actividades “no cotidianas” que rebasen o puedan rebasar los límites máximos establecidos de ruido, requieran permiso obligatorio de las autoridades municipales, sin embargo, no se dan ejemplos de las acciones para las que ameritaría pedir autorización.
Únicamente, se agrega que en la construcción de obras o instalaciones, así como en la operación de giros comerciales, industriales o de servicios fijos o móviles que generen emisiones de ruido, vibraciones, olores, energía térmica y lumínica, “se deberán llevar a cabo acciones que permitan tomar medidas preventivas y correctivas para evitar todo tipo de contaminación o efecto nocivo al medio ambiente y equilibrio ecológico”.
